Publicado por: Editorial
La declaratoria de calamidad pública para el sector de Paso Malo, en el norte de Bucaramanga, constituye una medida tan necesaria como urgente, dado el alto riesgo que evidentemente corren cientos de personas. Sin embargo, su valor real dependerá exclusivamente de las acciones que de ella se desprendan, pues no basta con formalizar el reconocimiento de una emergencia que, en realidad, la comunidad soporta desde hace años, sino que la administración municipal debe asumir decisiones proporcionales al riesgo que enfrentan.
Está claro que el deslizamiento que afecta a Paso Malo y a Villas de San Ignacio sigue activo, ya que los informes técnicos lo confirman sin ambigüedades. La situación que se vive hoy indica que el terreno se agita continuamente y ya no existen instrumentos operativos para medir ese movimiento en profundidad, porque el propio desplazamiento del suelo deformó los equipos hasta averiarlos. Esta circunstancia confirma la situación y la agrava, pues el desconocimiento que ahora se tiene sobre la velocidad y el alcance del fenómeno dificulta cualquier plan de mitigación.
La ausencia de recursos para la obra integral no exime a las autoridades de adoptar medidas inmediatas de protección como monitoreo permanente, obras tempranas de drenaje, evaluación estructural de las viviendas y, si es necesario, reubicación temporal o definitiva de las familias afectadas.
La evidencia material del deterioro es contundente, tanto que decenas de viviendas han sido desocupadas en pocas semanas, los marcos de puertas y ventanas se deforman, las placas se separan de las columnas y las fisuras atraviesan las estructuras de lado a lado. En ese contexto, resulta inadmisible que la respuesta oficial se limite a recomendaciones y a la caracterización de familias. La comunidad ha asumido, con sus propios medios, la tarea de tapar grietas con escombros y tierra, y de regar la vía para contener el polvo, pero esos esfuerzos, aunque son dignos de reconocimiento, de nada sirven frente a la magnitud del fenómeno que los amenaza.
La filtración de agua lluvia por las grietas del pavimento hacia las casas de la parte baja del terreno constituye un factor adicional de riesgo, pues cada aguacero incrementa la presión sobre una ladera que ya se encuentra en movimiento, lo que deja muy en claro que, si se quiere evitar una posible tragedia, la acción oficial debe incluir obras de drenaje, protección de la base de la ladera, pero, sobre todo, una evaluación rigurosa de las condiciones de habitabilidad de cada vivienda.
La posibilidad de trasladar a las familias que residen en el área de posible derrumbe cada día se hace más prioritaria, ya que, si los informes técnicos indican que algunas viviendas están en riesgo de colapso, la administración tiene el deber de evaluar esa alternativa con seriedad y celeridad, pues la vida de las personas prima sobre cualquier otra consideración. La declaratoria de calamidad pública es útil en tanto permite contratar directamente y activar un plan de acción, pero son facultades que deben usarse con la misma urgencia que exige la situación.
El informe técnico también advierte que el movimiento del terreno avanza hacia las primeras filas de casas de la Etapa VII. Esto significa que el riesgo se expande y las familias que aún permanecen en el sector, entre ellas adultos mayores y personas con discapacidad, viven en condiciones que comprometen su seguridad. La solución definitiva tiene un costo elevado y no ha sido priorizada, sin embargo, la ausencia de recursos para la obra integral no exime a las autoridades de adoptar medidas inmediatas de protección como monitoreo permanente, obras tempranas de drenaje, evaluación estructural de las viviendas y, si es necesario, reubicación temporal o definitiva de las familias afectadas.
El gran número de familias afectadas hace tiempo reclaman con firmeza que se priorice el riesgo del lugar, se atienda su situación y se pongan a salvo, por la vía más idónea, sus vidas. La declaratoria de calamidad pública es un primer paso, pero solo será efectiva si se materializa en decisiones técnicas, con soporte científico y que respondan efectivamente a la magnitud del peligro que existe.
