Publicado por: Editorial
Hace mucho tiempo Bucaramanga debió encargarse de una especie de tragedia silenciosa que se vive en nuestras calles, como lo es la accidentalidad y la muerte de motociclistas que en los primeros nueve meses del año aumentó 60 % respecto del mismo periodo del año anterior, lo que, además del factor luctuoso para las familias de las víctimas y la sociedad entera, nos muestra un creciente panorama de caos, de falta de educación, pero, sobre todo, de ausencia de autoridad, todo lo cual nos lleva a una realidad pasmosa, pero que, lamentablemente, la gente empieza a considerar como normal.
Desde hace ya varios años los motociclistas, sus pasajeros y los peatones han sido víctimas frecuentes de acciones imprudentes en las vías, como lo demuestra el hecho de que las cifras de mortalidad en este sector de la población no han dejado de crecer, aunque cada año se prometen medidas, se anuncian campañas y se realizan operativos, pero los resultados siguen siendo insuficientes. La persistencia del problema revela que no se ha actuado con la firmeza necesaria ni se han implementado las estrategias correctas.
Resulta inadmisible pensar que estas muertes son simplemente la consecuencia lógica de los peligros que entraña manejar una motocicleta, pues, aunque este es un vehículo que ofrece menor protección que un automóvil, atribuir las muertes exclusivamente a esa condición sería desconocer la responsabilidad humana que está presente en la mayoría de los siniestros. Las autoridades han identificado causas claras en los accidentes, como el irrespeto a las señales de pare, la omisión de los semáforos en rojo, el exceso de velocidad y la falta de distancia de seguridad.
Pero no es solo cuestión de autoridad: la sociedad en su conjunto debe reaccionar, ya que se requiere una presión social organizada que demande a las autoridades acciones efectivas para contener la accidentalidad, controles permanentes, sanciones reales, sin arreglos que llevan a la impunidad. La infraestructura vial también es causa frecuente de accidentes, por lo que debe revisarse para identificar puntos críticos y corregirlos, pero, sobre todo, debe haber una voluntad política que no siga doblegándose ante el caos y la conducta desafiante de muchos motociclistas.
No se trata de estigmatizar a los motociclistas, sino precisamente de protegerlos, a veces de sí mismos, entre otras cosas porque su comportamiento en las vías afecta a todos, a peatones, ciclistas y conductores de automóviles, que tienen derecho a transitar sin temor a ser arrollados o estrellados por quien decide ignorar las normas.
Los motociclistas, por su parte, deben recibir educación vial y asumir un compromiso real con su propia seguridad y la de los demás, y no es simplemente proteger la integridad física, sino la vida misma.
Las autoridades locales deben, entonces, enfrentar el problema con estrategias integrales que combinen vigilancia, sanción, educación y mejoramiento de la infraestructura.
