Publicado por: Editorial
En lo que tiene que ver con los derechos y las aspiraciones, especialmente de los residentes cercanos, la recuperación del Parque de Mejoras Públicas constituye hoy una obligación jurídica y moral para la Alcaldía de Bucaramanga, pues no puede entenderse que no sea así, a pesar de existir un fallo judicial que ordenó precisamente eso y de que, si se hubieran cumplido desde el primer momento los requisitos, el procedimiento y los términos fijados por el juez, antes de finalizar el año la ciudad ya contaría de nuevo con el predio. Pero, aunque cueste trabajo entenderlo, la administración prácticamente no ha comenzado el trámite.
Resulta insólito, por no decir que también indignante, que, cuatro meses después de la orden judicial, la Alcaldía aún no haya radicado los documentos necesarios para cumplir el fallo a su favor. Durante la audiencia de verificación de esta semana quedó en evidencia que el Municipio no ha presentado ante el Concejo el proyecto de acuerdo para reorganizar la Sociedad de Mejoras Públicas como entidad pública, ni ha enviado a la Cámara de Comercio y a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos los documentos que soportan la sentencia, algo que difícilmente puede tener una justificación seria.
El juez fue claro al conceder 15 días para adelantar esos trámites y comenzar a dar cierre a dos décadas durante las cuales una sociedad privada impidió el uso del predio como bien público. Sin embargo, el apoderado del Municipio presentó un cronograma de seis meses que apenas comenzaría ahora, con la instalación de una mesa técnica que, según reconoció, aún espera el visto bueno de la Oficina Jurídica. Este cronograma contradice el término fijado por el Tribunal y muestra cómo, muchas veces, la burocracia sabotea los derechos y las aspiraciones ciudadanas.
Ante esto, el abogado de la comunidad representada en la Junta de Acción Comunal solicitó al juez fijar términos improrrogables y dejar constancia para abrir un incidente de desacato en caso de incumplimiento, lo cual constituye una solicitud razonable, pues la ley prevé sanciones de hasta 50 salarios mínimos, conmutables en arresto, para los funcionarios responsables de ejecutar las órdenes judiciales, consecuencia que sería simplemente el resultado de la desidia administrativa que es lo que parece que estamos viendo en este caso.
Lo que mueve a la indignación general es que el Parque de Mejoras Públicas es uno de los espacios con mayor vegetación al interior de la meseta y representa un punto de importancia capital para el medio ambiente de la ciudad, cuyo abandono pondría en riesgo la riqueza y diversidad natural que alberga. Los vecinos del sector han esperado años para volver a gozar de este parque y disponer de él libremente, como corresponde a un espacio público, pero esa aspiración legítima seguirá postergándose por la forma paquidérmica como suele moverse el aparato oficial.
La situación es más grave aún, pues la Sociedad de Mejoras Públicas sostiene que no entregará el predio mientras el Consejo de Estado les resuelve una tutela y, entre tanto, la Alcaldía debe demostrar cuanto antes al juzgado que comenzó los trámites para cumplir la sentencia, lo cual debe ocurrir sin falta para que el municipio demuestre con hechos, no con simples intenciones o excusas, su voluntad de acatar el fallo que, repetimos, le es favorable.
Sin más dilaciones, la Alcaldía debe proceder con diligencia, seriedad y celeridad para que su acción sea consecuente con el hecho de que la recuperación del Parque de Mejoras Públicas es una vieja aspiración de los vecinos que, además, produce un beneficio ambiental a toda la ciudad. La administración debe actuar también con la transparencia que la situación demanda, en defensa del espacio público y por la recuperación efectiva de este parque. No hacerlo significaría perder el control sobre un predio que, en justicia, ya podría estar recibiendo.
