Publicado por: Editorial
La denuncia publicada por Vanguardia recientemente sobre el desorden en las operaciones de carga y descarga en Bucaramanga exige un análisis más allá de la indebida conducta de quienes efectúan esas operaciones sobre las vías vehiculares. Las autoridades reportan 268 sanciones impuestas en lo que va de 2026, con concentración en sectores como La Concordia y Cabecera, mientras los residentes de distintas zonas siguen reportando congestión, obstrucción de andenes, bloqueo de accesos y ruido en horarios no permitidos. Esa distancia entre la sanción y la queja cotidiana revela no solo la falta de control, sino un problema de fondo que no se resuelve solo con operativos.
De lo que la gente se queja tiene que ver con que, a pesar de que la norma vigente prohíbe las labores de carga y descarga sobre corredores primarios y establece horarios precisos para las vías permitidas, estas restricciones son burladas constantemente, con consecuencias casi macondianas, como que un solo vehículo estacionado en una calzada del Centro disminuye la capacidad de una vía y puede convertir tres cuadras en un recorrido de hasta diez a quince minutos, y lo mismo ocurre en zonas que no son tan comerciales, en donde los camiones ocupan carriles, invaden zonas de ingreso a edificaciones y generan ruido desde antes de las seis de la mañana.
Es cierto, como lo dice el director encargado de Tránsito, que ninguna autoridad puede situar un funcionario permanente en cada esquina, y también es cierto que, según sus propias cifras, los controles han aumentado respecto del año anterior, pero aquí es donde las autoridades y la sociedad toda deben entender que el cumplimiento de las normas no depende solo de la vigilancia, sino, sobre todo, de la disposición de los ciudadanos a respetar reglas que existen para proteger el interés común. Cuando esa disposición falta, cualquier esfuerzo institucional resulta poco.
El desorden en la carga y descarga es una manifestación más de una carencia que tenemos hace muchos años y que hoy se ha vuelto transversal a toda la vida urbana de Bucaramanga y es la deficiente y muchas veces inexistente educación sobre cultura ciudadana en los colegios y en los hogares. Esa ausencia formativa explica que los motociclistas arremetan contra los peatones, usen los puentes peatonales, circulen en contravía, incluso por la autopista y las paralelas; explica también que la basura se acumule por kilos en aceras y parques, y que comerciantes y propietarios ocupen los andenes con talleres, vitrinas, cadenas, materos y bolardos.
La ironía de todo esto es que la falta de educación y cultura ciudadana hace que los mismos ciudadanos sufran y ocasionen a diario toda clase de atropellos, en muchos casos porque no disponen de la información necesaria y, en otros, porque, aunque la tienen, deciden desconocerla sin que les importe el daño que causan. Ambas situaciones conducen al mismo resultado y es el de que vivimos en una ciudad donde el espacio público se disputa como territorio privado y donde las normas se perciben como obstáculos ajenos, lo que, obviamente, deteriora la calidad de vida y multiplica las tensiones cotidianas.
