Publicado por: Editorial
Los resultados más recientes de las pruebas de Estado han confirmado una tendencia que desde 2020, año lectivo virtual por los confinamientos del COVID-19, se ha insinuado y es que en Bucaramanga no solamente decae la calidad en la educación pública, sino que, consecuentemente, la distancia entre el nivel de los colegios públicos y privados se amplía. La presencia casi exclusiva de instituciones privadas en los primeros lugares de la clasificación regional confirma que el acceso a una formación de excelencia depende, en gran medida, de la capacidad económica de las familias, algo que debe corregirse con una respuesta institucional urgente.
La brecha educativa no es una circunstancia fortuita, sino que responde a condiciones estructurales que se han acumulado durante años, según lo cual, mientras unos planteles disponen de infraestructura moderna, conectividad suficiente, laboratorios equipados y programas bilingües, por ejemplo, numerosos establecimientos oficiales enfrentan restricciones presupuestales, instalaciones precarias y carencia hasta de maestros y, obviamente, no se puede exigir el mismo rendimiento cuando las condiciones de partida son tan desiguales.
A las autoridades municipales, y en particular las responsables del sector educativo, les cabe de lleno la obligación de corregir esta injusticia, dejando claro que no se trata de señalar a los colegios privados ni de desconocer el esfuerzo que hacen, que es muy meritorio, sino de garantizar que la educación pública recupere el liderazgo que nunca debió perder. Cada niño y cada joven de Bucaramanga, sin importar el barrio donde viva o los ingresos de su familia, debe tener la posibilidad real de recibir una formación que le abra las puertas de la educación superior y del mundo laboral.
La evidencia muestra que los colegios públicos pueden alcanzar resultados sobresalientes cuando cuentan con respaldo presupuestal, excelencia docente y trabajo articulado de la comunidad educativa, entre otras cosas. Existen experiencias locales que lo demuestran, incluso en la última medición de las Pruebas Saber 11, que deberían servir como referencia para replicar sus aprendizajes en otras instituciones. El problema no es tanto la falta de capacidades de docentes y estudiantes, sino la falta de condiciones adecuadas para desarrollar su potencial.
Frente a la situación actual, que puso al descubierto el último examen de Estado, es necesario exigir que la educación vuelva a ser una prioridad en la agenda municipal, con inversión sostenida en infraestructura, conectividad, equipos, bibliotecas y laboratorios, así como capacitación docente, acompañamiento pedagógico y programas de preparación académica, y para esto se requieren decisiones concretas, recursos y compromisos verificables.
Pero, más allá de los resultados que se han dado en las pruebas nacionales, debemos entender que mejorar la calidad de la educación pública nos lleva a mejorar la calidad de vida de muchas familias y también nos sirve para ampliar las oportunidades de niños y jóvenes que hoy ven limitado su futuro por las condiciones en las que estudian. Una educación pública fortalecida permite que más estudiantes accedan a la universidad, obtengan becas y luego se desempeñen con éxito en el mercado laboral, además de que también contribuye a reducir desigualdades sociales y a construir una sociedad más justa y competitiva.
