Publicado por: Editorial
La noche del 31 de octubre se ha convertido en los últimos años en un escenario de alteración del orden público que la ciudad no puede seguir tolerando. Es una jornada insólita en la que grupos de motociclistas se toman calles, andenes y parques con conductas violentas que doblegan la voluntad ciudadana y ponen en riesgo la vida de las personas, todo porque lo que comenzó como una práctica abusiva aislada se convirtió en una especie de masiva y funesta tradición debido a la pasividad de las autoridades, que permitió que el fenómeno creciera hasta niveles de alto peligro.
La responsabilidad de contener estos hechos recae en las autoridades administrativas, de tránsito y de policía, que deben ejercer plenamente sus funciones operativas, preventivas y coercitivas, por lo que se espera que medidas como la disposición de 800 agentes de policía y 15 puestos de control en la ciudad, que se han planeado para mañana, logren impedir la comisión de delitos, proteger a la ciudadanía y llevar ante la justicia a quienes infrinjan la ley, de manera que estas conductas violentas tengan consecuencias reales, porque la autoridad se hizo valer sin ambigüedades ni dilaciones.
Lo que la ciudadanía espera es que mañana desde el atardecer vuelva a tener tranquilidad, especialmente para que los niños y jóvenes puedan recorrer las calles durante la noche, pero también que haya seguridad plena para todas las personas. La ciudadanía tiene derecho a disfrutar de una noche sin temor, y el Estado tiene la obligación de garantizarlo. Ojalá estas nuevas medidas de aumento de pie de fuerza en las calles y puestos de control en puntos estratégicos sean el punto de partida de una política sostenida de recuperación del espacio público en la celebración de la ‘noche de las brujas’.
Para esto, es necesario que la acción de los agentes de tránsito, la policía y el sistema de justicia opere con eficiencia y eficacia hasta contener y castigar los actos de violencia que suelen ocurrir por centenas en esta fecha, pues la experiencia de años pasados demuestra que se requiere una determinación ejemplar para que la noche del 31 de octubre vuelva a ser un espacio de fantasía infantil y reunión familiar, y no un territorio de caos e intimidación que ha llegado a tal nivel que con arrogancia los motociclistas bautizaron como ‘Las caravanas del terror’.
La comunidad también debe denunciar los excesos, colaborar con las autoridades y rechazar públicamente estas conductas, pues si permite que la violencia se instale como costumbre, está contribuyendo a instalar una tradición trágica y desde todo punto de vista repudiable. Lo ocurrido en años anteriores no debe servir de excusa, sino de lección para actuar con la firmeza que el caso exige.
La ciudad merece, como la tuvo siempre, una celebración pacífica, y las instituciones tienen los medios para garantizarla. Este año, la autoridad debe ejercerse con respeto por los derechos ciudadanos y con la energía suficiente para disuadir a quienes pretenden imponer el desorden, pero también el sistema de justicia debe acompañar con celeridad en los procesos que se deriven de las conductas delictivas, pues solo así se romperá el ciclo de impunidad que ha permitido que esta práctica se arraigue.
La de mañana, entonces, es una oportunidad para demostrar que la autoridad puede y debe hacerse valer, entre otras cosas, porque se deben proteger miembros tan sensibles de la sociedad como los niños y jóvenes, quienes, al igual que sus familias, tienen la prerrogativa de celebrar en paz esta noche de encuentro y sana diversión. Lo cierto es que la determinación que se muestre mañana sentará las bases para que los próximos años los violentos no tengan posibilidad de acción y no haya, entonces, motivos de preocupación para nadie.
Año tras año, las caravanas de motociclistas toman el control de las calles ante la pasividad institucional. Hacer prevalecer la autoridad y restablecer el orden depende exclusivamente de los alcaldes del área metropolitana de Bucaramanga. ¿Estarán a la altura del reto?
