En teoría, el traslado por protección parece sencillo: si una persona se encuentra en riesgo y no acepta la mediación policial, las autoridades pueden conducirla a un lugar adecuado para protegerla. Eso que suena fácil tiene hoy al municipio de Bucaramanga en serios aprietos.
La normativa no permite que el traslado por protección se haga a las instalaciones donde funciona la Policía, de tal manera que la entidad territorial que quiera establecerlo debe disponer de las instalaciones, dotarlas y garantizar la seguridad interna y externa del lugar donde va a funcionar el Centro de Traslado por Protección (CTP).
El proyecto es necesario, nadie lo discute. Lo que se cuestiona es la forma tan ligera en que suelen abordarse en el Concejo de Bucaramanga este tipo de iniciativas. La verdad, eso no sorprende a nadie. En junio del año pasado, cuando le otorgaron facultades al alcalde para que adquiriera dos predios para el funcionamiento del CTP, advertimos sobre la improvisación con que se adelantó el debate. No fuimos los únicos.
Las dudas surgieron desde el momento en que se radicó el proyecto de acuerdo. Ni los ponentes ni los funcionarios de la Alcaldía fueron capaces de disiparlas. Tampoco es que se hubieran esforzado mucho. A doce de los diecinueve concejales, incluso, les tuvo sin cuidado la oportuna recomendación de la delegada de la Personería Municipal de suspender el debate y revisar mejor las cosas. Terminaron aprobándolo.
Año y medio después, el municipio compró los predios y adjudicó el contrato para adecuarlos y poner en funcionamiento el CTP, pero el contratista no ha podido iniciar actividades. Se les olvidó tramitar la licencia para cambiarles el uso del suelo. Están envainados. Sin licencia no se puede hacer nada.
El trámite toma 45 días hábiles desde la radicación en debida forma de la solicitud. El término puede prorrogarse. Ese es el plazo con que cuenta el curador para revisar el proyecto, formular objeciones y expedir la licencia de construcción en la modalidad de adecuación. Los que saben del tema ven muy ajustados los tiempos, en especial porque el contrato que adjudicaron debe ejecutarse, a más tardar, el 31 de diciembre.
El concejal Diego Lozada se las cantó en medio del debate del proyecto que autorizó la compra de los predios: es como si estuviéramos comprándole tiquetes a alguien para viajar a los Estados Unidos sin preguntarle si tiene visa. Debieron hacerle caso.
El tiempo, que es implacable y siempre pone las cosas en el lugar que les corresponde, hizo su tarea y la va a seguir haciendo. Debería pasarles factura a los concejales que suelen aprobar los proyectos de acuerdo porque sí. Los ejemplos abundan… A ver si aprenden.
