Soy economista. De derecho sé lo que exige la gestión pública, nada más. Sin embargo, este mes le gané una pelea a una entidad de tránsito.
Hace cuatro años, a un familiar le impusieron un comparendo en el Banco Magdalena, al que nunca ha ido. Ni siquiera se trataba de una fotomulta, como creímos al principio; fue un comparendo presencial, impuesto por un agente de tránsito.
El celular registrado, el correo y la dirección, todo era falso. Aun así, el papel se convirtió en sanción, después en mandamiento de pago y luego en cobro coactivo, cuyos intereses ya superaban el 60 % del valor de la multa.
Lo que siguió es conocido por cualquier ciudadano que haya intentado defenderse del Estado. Radicamos un derecho de petición en diciembre y no hubo respuesta. Siguieron cuatro radicados más ante el SIMIT, y cada uno se “remitía por competencia” a la autoridad local, que tampoco respondía. Fueron meses de silencio mientras la deuda crecía.
Como no tenía tiempo para estudiar derecho, decidí dar la pelea con IA. Con la asistencia de un agente leí el expediente, contrasté el comparendo con los registros oficiales de licencia y matrícula, identifiqué las normas que exigen la firma del infractor y la notificación en debida forma, calculé los términos de prescripción y redacté mi primera acción de tutela.
El juez amparó el derecho de petición y ordenó responder en 48 horas. La autoridad respondió dentro del plazo, aunque de una manera que en la práctica judicial se denomina cumplimiento aparente –lo aprendí con IA–, donde la entidad o autoridad simula acatar una orden judicial, pero en el fondo no satisface la obligación real.
Entonces vino el incidente de desacato. En octubre enviamos un memorial de urgimiento y, a los pocos días, el despacho requirió formalmente a la entidad para que demostrara el cumplimiento. La dejaron vencer y entonces pedimos la sanción.
Cuarenta y ocho horas después llegó la respuesta. La misma autoridad que en julio defendía la legalidad del comparendo reconoce ahora que en el expediente no aparece la firma del presunto infractor ni la de un testigo, y que no hay soportes de que la notificación se hubiera hecho en debida forma. También anuncia el descargue del registro de multas y el levantamiento de las medidas.
¡Ganamos! Y varios aprendizajes se pueden derivar de dicha experiencia. Lo primero es que la IA reduce la información asimétrica entre ciudadano y burocracia. Lo segundo es que el sistema está diseñado para que el ciudadano pierda las peleas por agotamiento. Lo tercero es que la tutela sigue siendo el mecanismo más democrático que tenemos, pero su eficacia depende de la persistencia. Hoy, por primera vez, gracias a la IA, persistir cuesta menos.
