El Estado colombiano gasta más de lo que recibe. La situación fiscal ha dejado de ser una advertencia para convertirse en una urgencia que no admite más prórrogas y exige medidas para evitar una crisis de mayores proporciones. Al margen de las posiciones ideológicas o los alineamientos frente al Gobierno Nacional, el reordenamiento tributario y la optimización del Estado son inaplazables; sin embargo, ese consenso exige límites claros: proteger el aparato productivo, evitar que aumente la pobreza y garantizar un Estado eficiente, con presencia en el territorio. Romper ese equilibrio no solo deteriora la economía, también alimenta la inconformidad social, cuyas consecuencias el país ya conoce.
Aunque el debate sobre la deuda pública y el gasto se ha centrado en las finanzas nacionales, poco se ha hablado de las consecuencias para municipios y departamentos como Santander, que esperaban mayores recursos para financiar la infraestructura vial y los proyectos estratégicos que tanto necesita la región. La disminución de partidas para las regiones en el Presupuesto General de la Nación de 2027 y el limitado margen de maniobra fiscal que dejaría la aprobación de la reforma tributaria nacional plantean un escenario complejo para los gobiernos regionales. Si no hay recursos desde Bogotá, cada ente territorial tendrá que financiarse y generar sus propios ingresos, sin depender de reformas a los estatutos tributarios municipales para incrementar impuestos como el de industria y comercio o las tarifas del impuesto predial, medidas que las administraciones suelen utilizar para mejorar sus ingresos.
De nada sirve que el Gobierno Nacional se apriete el cinturón y busque aumentar el recaudo con impuestos si los municipios y departamentos no hacen lo propio, con un manejo responsable de sus finanzas, evitando endeudarse sin planeación, incurrir en gastos innecesarios o malversar recursos. No es una posición fácil para alcaldes y gobernadores que, al finalizar sus periodos, enfrentarán menores ingresos, dificultades para ejecutar las obras prometidas y restricciones en la contratación, en vísperas de elecciones regionales.
Los entes territoriales, sus agremiaciones y los liderazgos regionales deben asumir una posición activa ante decisiones que los impactan. Colombia no puede seguir gestionando su futuro fiscal como islas independientes. Se necesita articular un sistema integrado de tributación y financiación territorial que permita una reforma tributaria acorde con las responsabilidades y competencias nacionales y subnacionales, generando ingresos propios tanto para el Gobierno Nacional como para los gobiernos locales, de manera coordinada, sin imponer cargas desproporcionadas a los contribuyentes, quienes, al final, terminan pagando el costo de las decisiones del Estado.
No se trata de trasladar el déficit de un nivel de gobierno a otro, sino de avanzar hacia una verdadera descentralización fiscal, y esta es la oportunidad para lograrlo.
