Algunos colombianos celebran los golpes contundentes de la Fuerza Pública contra la criminalidad, pues demuestran que la voluntad política permite al Estado actuar con la firmeza prometida. Una captura oportuna y competente representa una victoria para la seguridad colectiva. Sin embargo, para que esta sea definitiva, el procedimiento debe superar con éxito tanto la fase operativa en la calle como la jurídica ante los tribunales. El sacrificado esfuerzo de soldados y policías corre hoy el riesgo de naufragar en los estrados por el afán del espectáculo digital, olvidando que las capturas deben ser silenciosas y los juicios públicos.
Para que el castigo penal sea sostenible en el tiempo, la condena debe sustentarse en el respeto total de las garantías fundamentales. Cuando el presidente de la República interviene directamente en los operativos para increpar, interrogar o exponer mediáticamente a personas bajo custodia, transforma la seguridad en un show de telerrealidad y cruza una línea roja institucional. La presunción de inocencia y el debido proceso no son “beneficios para criminales”, sino garantías civiles y políticas que son las reglas de juego del Estado de derecho. Al calificar públicamente de “bandidos” a los detenidos para ganar clics, popularidad y percepción de seguridad, se degrada la dignidad humana y el Ejecutivo usurpa las funciones de la Fiscalía y de los jueces, convirtiéndose en el primer infractor de la ley.
Estas arbitrariedades también lesionan derechos colectivos de la ciudadanía. La seguridad pública y la tranquilidad no se garantizan arrestando personas para el circo. Al reducir la justicia a propaganda digital, se defrauda la confianza de la sociedad y se deja a las comunidades desamparadas frente a un crimen que aprende a salir impune. El impacto más grave de este exceso comunicativo es, paradójicamente, la impunidad, pues al actuar como fiscal y juez en videos oficiales, el mandatario le regala munición jurídica de alto calibre a las defensas judiciales.
La Constitución de 1991 decretó que no puede existir un “Orden” legítimo que aplaste la “Libertad”, ni una “Libertad” verdadera en medio del caos. Cuando el gobernante quiebra las garantías procesales del capturado, rompe ese equilibrio exacto, atropella derechos fundamentales y degrada la Constitución.
El exceso mediático del Gobierno en las capturas busca deslegitimar a la justicia al culpar a los jueces de las liberaciones que el mismo Ejecutivo provoca. Debido al linchamiento digital y a la falta de defensa en estos “shows”, los jueces se ven constitucionalmente obligados a declarar ilegales los procedimientos. Esto libera a los delincuentes por errores de forma, alimenta la “puerta giratoria” y expone al Estado a millonarias indemnizaciones pagadas por los contribuyentes. La verdadera seguridad requiere condenas firmes bajo el imperio de la ley, no reproducciones en video. Sí, ahora van por la justicia.
