Publicado por: Editorial
El recrudecimiento de la violencia por parte de grupos armados ilegales en varias zonas del país en las últimas semanas demanda una respuesta del Estado que vaya más allá de reaccionar donde ocurren los atentados. En este sentido, a los santandereanos nos preocupa que en Barrancabermeja y el Magdalena Medio, la violencia ha aumentado en los últimos años, con amenazas y actos cruentos contra el comercio y la población civil, en hechos que para los residentes de esta región pudieron evitarse con una presencia institucional preventiva y sostenida.
La Constitución Nacional establece con claridad que las fuerzas del orden tienen el deber de garantizar la seguridad y proteger la integridad, la vida y los derechos de la población en todo el territorio nacional, un mandato que debe cumplirse con firmeza, dentro de los marcos de las normas nacionales e internacionales, y con una presencia institucional que llegue hasta las zonas donde los grupos armados han venido consolidando su accionar, lo que ha sido el resultado de décadas bajo el ataque permanente de toda clase de actores, desde las guerrillas hasta los carteles de la droga.
Hoy ese fenómeno se ha convertido en una misma dinámica en la que se confunden esos bandos con la delincuencia organizada, los grupos paramilitares y otros, en una confluencia de violencias e intereses que dificulta la respuesta estatal y exige una estrategia integral que considere estas nuevas realidades desde nuevas perspectivas.
En lo que toca a Santander, es de máxima importancia que la posición del Estado atienda la contención del avance que desde hace varios años hacen estos grupos en regiones claves para el departamento, donde se requiere presencia permanente de la fuerza pública, inteligencia oportuna, coordinación entre autoridades y una respuesta judicial efectiva, de manera que las situaciones no solo puedan combatirse sino, sobre todo, anticiparse y evitarse para que las condiciones de seguridad permitan el desarrollo de la vida cotidiana sin el temor constante a represalias o ataques.
Los últimos hechos de violencia en el país muestran una situación que preocupa a una ciudadanía que espera que las instituciones actúen con determinación y que los responsables de los ataques contra civiles respondan ante la justicia. La seguridad debe cumplirse en cada región del país, con especial atención en aquellas donde la violencia ha venido avanzando de manera preocupante.
Las autoridades locales y regionales también tienen un papel indelegable en esta tarea, pues deben hacer que la coordinación entre la fuerza pública, los gobiernos territoriales y las instancias judiciales funcionen con eficacia y sin dilaciones, una tarea que esperamos que se cumpla estrictamente en Barrancabermeja y el Magdalena Medio, donde la población ha sufrido durante demasiado tiempo las consecuencias de una violencia que periódicamente regresa y obliga a revisar las estrategias existentes y a corregir, en lugar de repetir, lo que no ha funcionado.
El país no puede permitir que la violencia nuevamente se vuelva parte del paisaje, porque así es como olvidamos que cada ataque contra civiles es una afrenta a la Constitución y a la dignidad de las personas, por lo que la respuesta del Estado debe ser oportuna, proporcional, firme y sostenida en el tiempo, de manera que se recupere el control territorial, se garantice que ese control se mantenga y que las comunidades puedan vivir y progresar sin miedo.
La protección de las zonas donde la violencia ha escalado, tanto en el país, durante las últimas semanas, como en los últimos años ha sucedido con el Magdalena Medio santandereano, requieren una atención prioritaria y una estrategia clara que combine seguridad, justicia y presencia institucional. Frente a esto, el Estado tiene los instrumentos para actuar y la obligación de hacerlo, puesto que lo que está en juego es la credibilidad de las instituciones, pero, sobre todo, la tranquilidad y la vida de miles de colombianos.
