“Hay que esperar». «Hay que darles tiempo”. Las dos frases se han instalado ante cada acción u omisión del gobierno que merece una reacción ciudadana; muchos recomiendan paciencia. La prudencia tiene sus virtudes. Convertida en anestesia, también atrae peligros. ¿Cuánto tiempo necesita un equipo de gobierno para recordar los límites de su autoridad?
El gobierno actual parece especialmente interesado en los organigramas ajenos. Carolina Soto declinó la presidencia de la Cámara Colombiana de la Infraestructura después del rechazo público de la vocera del gobierno a su designación. Bruce Mac Master dejó la ANDI denunciando presiones sobre su autonomía y la prensa denunció un veto gubernamental a su interlocución. Ahora Carlos de Hart retiró su candidatura a la ANDI porque faltaron conversaciones sobre el mandato del presidente ejecutivo y garantías de independencia de la asociación; falta esclarecer si las garantías que echa de menos remiten a presiones que persisten después de la salida provocada de Mac Master.
En Asocajas, las versiones sobre presiones para forzar la salida de Adriana Guillén siguen dejando zozobra que demanda aclaración. Cierran el desfile los rifirrafes del ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, con José Félix Lafaurie de Fedegan, quien fue conminado a abandonar una reunión. Se puede discrepar de las ideas de Lafaurie, pero, para representarlos, el respaldo que necesita es el de sus agremiados, conforme a sus reglas; la simpatía ministerial sobra como requisito. Vigilar la gestión de recursos públicos es una función, claro; escoger interlocutores a gusto del poder es otra cosa.
La Constitución garantiza el derecho de asociación; el gobierno debe protegerlo y la Corte Constitucional ha dicho que la injerencia del Estado sobre las asociaciones debe ser razonable y proporcionada. Hay excepciones legales a la autonomía de entidades privadas: las cámaras de comercio, que ejercen funciones públicas, tienen representantes gubernamentales (lo cual no pasa en la ANDI). También caben controles estatales para las asociaciones que administran recursos públicos, pero esas competencias no autorizan preferencias o antipatías personales.
Los particulares podemos hacer todo lo que no nos esté prohibido; los funcionarios solo aquello para lo cual tienen competencia. Opera en dos sentidos: no les pedimos hacer más de lo que pueden, ni se lo permitimos, porque ahí está el riesgo. Esa frontera creada por las competencias públicas, tan frecuentemente borrada hoy en las democracias del mundo, hay que marcarla sin demora. Los proyectos y las realizaciones requieren espera paciente; a los desmanes no hay que darles más tiempo. El poder necesita límites desde el primer día, sobre todo si se trata de acciones que debilitan el diálogo libre e independiente entre la sociedad y el poder. Para exigir la vigencia del Estado de derecho se requiere reacción inmediata.
