La administración municipal de Bucaramanga solicitó al Concejo autorización para comprometer este año más de medio billón de pesos de los recursos que recibirá en el futuro, lo que en la práctica es otro crédito que no se contrata con un banco, sino con el erario mismo. Algunos proyectos por financiar tienen como propósito la continuidad de servicios como el PAE, la vigilancia, el transporte o el aseo escolar y programas como bilingüismo. Otros buscan avanzar en contrataciones de obra en 2026, pero ejecutar el año entrante. Eso no tendría problema si en realidad se inician los procesos, se dispone al menos de un 15 % de los recursos este año y se culminan las obras en 2027. Sin embargo, resulta de interés que para mantenimiento vial y rehabilitación de espacio público se toman 50 mil millones del 2028, de los que debería disponer el próximo alcalde.
Entre todo esto, hay un artículo que llama poderosamente la atención: una vigencia extraordinaria hasta 2041 por $86.200 millones para pagar operación de una planta de tratamiento de lixiviados de El Carrasco que fue ampliada con recursos del municipio por $15.000 millones en 2023.
Esto tiene un antecedente. En 2014, el municipio contrató el Módulo 1 y determinó pagar el mantenimiento, también con vigencias futuras hasta 2034. En 2017, aplicando una nueva resolución de la CRA, empezó a aparecer un cobro en nuestra factura y hasta hoy los usuarios también pagamos por el tratamiento de lixiviados. Ahora nos están pidiendo que de nuestros impuestos futuros (SGP de libre destinación) se pague bastante más, pero si eso está en tarifa, no tiene sentido el doble cobro. Si cumpliendo la regulación no alcanzara el valor recaudado, procede presentar un estudio particular y pedir ajuste. Continuar el doble cobro e incrementar sustancialmente el aporte del municipio no solo es irregular, sino injusto.
La justificación de los autores es que se quiere ayudar a los usuarios, lo cual es falso porque en nada nos ayuda incumplir la regulación y enfrentar sanciones por ello. Además, tanto los impuestos como las tarifas son nuestros recursos y, si bien los municipios pueden aportar bienes de capital en servicios públicos que no se cobran en tarifa, no pasa lo mismo con el costo de operación. El camino correcto para no impactar las tarifas está en los subsidios y para eso es el fondo de solidaridad.
Además, no sabemos hasta cuándo opere El Carrasco. Hay vigente una orden de cierre y una exigencia incumplida de reducir la cantidad de desechos que allí se entierran. La prioridad de inversión del municipio debería ser cumplir esa exigencia. ¿Si en 2027 dejara de funcionar El Carrasco, entonces $86.231.839.296 para qué?
