Facturas presuntamente falsas, pagos por $2.399 millones bajo investigación, una licitación con un único oferente y obras que no se terminaron dentro del plazo pactado. El contrato de la PTAP Angelinos acumula nueve años de controversias y ya dejó una condena en primera instancia.
Publicado por: Unidad Investigativa
Facturas presuntamente falsas, pagos por $2.399 millones bajo investigación, una licitación con un único oferente y obras que no se terminaron dentro del plazo pactado es el balance que deja el contrato original de la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) Angelinos.
Luego de un largo proceso que duró nueve años, Ludwig Stünkel García, exgerente del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga (amb), fue declarado culpable, en primera instancia, por el delito de interés indebido en la celebración de contratos.
Esto debido a las irregularidades en el contrato suscrito con el Consorcio Suratá 2015, por $41.613 millones, para la construcción de la PTAP Angelinos y otras obras complementarias, como la planta de lodos de Bosconia.
12.489 millones es el valor del anticipo entregado al Consorcio Suratá 2015, equivalente al 30 % del valor del contrato.
Cabe recordar que el proyecto se diseñó para garantizar el tratamiento y el suministro de agua potable a la zona norte de Bucaramanga y Girón, a través de la regulación del agua del río Tona y el Embalse de Bucaramanga.
No obstante, este no es el único capítulo judicial pendiente por este contrato. En un proceso paralelo, la justicia investiga al empresario español Aurelio Ignacio López Mier, representante legal del Consorcio Suratá 2015, por las supuestas irregularidades en el manejo del anticipo de $12.489 millones.
En este caso, la Fiscalía advierte que hubo una aparente apropiación indebida de $2.399 millones, a partir del presunto uso de ‘facturas falsas’, supuestos gastos por fuera del plan contractual y desembolsos sin justificación o soportes válidos.
A estas controversias judiciales se suma el incumplimiento de los plazos de entrega. El contrato suscrito en 2015 debía ejecutarse en 14 meses y terminó sin que se completara el alcance previsto.
¿Sabía usted que la Planta de Angelinos es clave en la estrategia de regulación del río Tona y el Embalse de Bucaramanga?
Esto llevó a que la interventoría solicitara en su momento la caducidad del contrato y a que se iniciara un largo proceso de reclamaciones que incluyó un tribunal de arbitramento.
El amb tuvo que contratar de nuevo gran parte de la obra e invertir más de $51 mil millones para que el proyecto, que para entonces solo tenía un avance del 30 %, pudiera ser terminado y entregado en 2021.
Primera condenado por el contrato original de la Planta Angelinos
La decisión del Juzgado Cuarto Penal de Bucaramanga contra Stünkel García puso nuevamente bajo la lupa el proceso de selección que terminó con la adjudicación del contrato al Consorcio Suratá 2015, único oferente de la convocatoria pública.
La condena en primera instancia fue por el delito de interés indebido en la celebración de contratos, lo que acarrea cinco años y cuatro meses de prisión, una multa de $116 millones y una inhabilidad de seis años y medio para ejercer cargos públicos.
No obstante, el exgerente fue absuelto de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos, peculado por apropiación a favor de terceros y falsedad en documento privado.
Además, Liliana Bohórquez Rueda, representante legal de Construvias de Colombia, uno de los integrantes del Consorcio Suratá 2015, fue absuelta de los delitos de peculado por apropiación y falsedad en documento privado.
Construvias, también conocida como Construvicol, es la misma empresa que tuvo a su cargo el peaje La Punta de la Mesa de los Santos durante casi 20 años. Sus dueños, la familia Bohórquez Rueda, también son propietarios de la empresa de aseo Rediba.
Cabe destacar que el contrato 017 de 2015 para construir la PTAP Angelinos no fue firmado por Stünkel, sino por Leonardo Luna Escalante, quien para ese entonces era el primer suplente del gerente general del amb.
Luna Escalante es recordado por su relación con el caso conocido como Manantial de Amor, por el que fue condenado en un fallo de segunda instancia junto al exalcalde Luis Francisco Bohórquez Pedraza. Este último era el mandatario local de Bucaramanga en el momento en el que se contrató la PTAP Angelinos.
Las denuncias penales que están surtiendo su trámite en la justicia fueron interpuestas por la Gerencia General del Acueducto, luego de la salida de Stünkel García de la entidad.
El Acueducto Metropolitano fue reconocido como víctima del proceso por el caso del contrato de la PTAP Angelinos.
¿Por qué lo condenaron al exgerente del Acueducto, Ludwig Stünkel?
Según el fallo, la intervención del exgerente en distintas etapas de la convocatoria habría sido clave para el proceso. La jueza consideró que las condiciones establecidas en el pliego redujeron las posibilidades de participación y favorecieron la adjudicación al Consorcio Suratá 2015, único proponente en el proceso.
Entre los requisitos cuestionados se encuentra la exigencia de acreditar, durante tres años consecutivos, determinados niveles de facturación relacionados con la construcción de obras de infraestructura de tratamiento de agua. Dicha exigencia fue objetada por varias partes, incluidos profesionales del Acueducto; pese a ello, se mantuvo.
En su momento, el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga afirmó que el presunto manejo irregular del anticipo afectó su patrimonio y puso en riesgo la ejecución de su plan de expansión.
Otra de las condiciones señaladas en el fallo es la de las especificaciones de maquinaria. En lugar de establecer capacidades, potencias y rendimientos, se exigieron parámetros relacionados con determinadas marcas.
Aunque la jueza reconoció que Stünkel García no necesariamente redactó cada una de las condiciones cuestionadas, concluyó que tuvo “una intervención funcional directa, sucesiva y relevante” en el tránsito del proyecto hasta la firma del contrato.
Observaciones no se tuvieron en cuenta para el pliego de la PTAP Angelinos
El fallo reconstruyó la participación de Stünkel García desde mayo de 2015, cuando solicitó a la Secretaría General del amb iniciar las gestiones para adelantar la invitación pública de las plantas Los Angelinos y Bosconia.
En esa comunicación se señalaron el objeto, el plazo, el valor estimado y la forma de pago. También se relacionaron documentos anexos, como el pliego de condiciones, 238 planos y las especificaciones técnicas.
El documento recibió cerca de 280 comentarios de personas interesadas y funcionarios del amb, que apuntaban a modificar algunas condiciones para mejorar la pluralidad de oferentes.
En las audiencias dieron su versión varios funcionarios del Acueducto Metropolitano, quienes certificaron las observaciones que hizo un equipo de profesionales al proyecto de pliego de condiciones.
Los profesionales que revisaron el proyecto hicieron comentarios relacionados con “la limitación temporal de la experiencia, la exigencia de experiencia excesivamente específica en determinadas obras, las condiciones de facturación, los equipos requeridos y los perfiles del personal”, los cuales consideraron “innecesariamente estrictos” porque podían disminuir el universo de posibles oferentes.
El 22 de mayo de 2015, Stünkel remitió a la Secretaría General las respuestas a las observaciones presentadas al proyecto de pliego y muchas de las recomendaciones no fueron acogidas.
Los técnicos del amb reconocieron en el proceso que sus observaciones no eran vinculantes y que el gerente tenía autonomía para decidir sobre el pliego. No obstante, el juzgado consideró que las condiciones finalmente establecidas restringieron la competencia y favorecieron que solo llegara una única propuesta.
La Fiscalía investiga el manejo del anticipo de la PTAP Angelinos
El caso que llevó a la condena de Stünkel García es solo la punta del iceberg de este proceso. En un expediente distinto, la Fiscalía investiga al español Aurelio Ignacio López Mier, representante legal del Consorcio Suratá 2015, por el presunto manejo irregular del anticipo del 30 %.
El ente acusador advierte que el giro de $12.489 millones fue autorizado en octubre de 2015 y se hizo efectivo un mes después, a nombre del Consorcio Suratá 2015, integrado por Construvicol (25%) y Acciona Agua S.A.U. (75%), filial de la firma española.
De acuerdo con la Fiscalía, la presunta apropiación de recursos públicos ascendió a $2.399 millones. La investigación se concentra en pagos que, según el ente acusador, estaban por fuera del plan de inversión aprobado.
También se advierte que al parecer se habrían realizado algunos desembolsos sin identificación clara del beneficiario y retiros de efectivo cuyo destino no pudo establecerse.
Por este motivo, el empresario español es acusado de los delitos de peculado por apropiación y falsedad en documento privado. López Mier no aceptó los cargos.
Con el anticipo se reportó una factura con Cordesacol por $413 millones. Se trata de una empresa que para entonces se dedicaba a actividades de manualidades con madres cabeza de hogar.
Las facturas cuestionadas en medio del juicio por la Planta Angelinos
En la reconstrucción del caso, la Fiscalía dijo que, con el dinero del anticipo, se habrían solicitado pagos de facturas presuntamente falsas o de inversiones que distaban del objeto de las obras.
Para ejemplificar, hay dos casos puntuales. El primero tiene que ver con el pago de una factura por $413 millones (la número 0201, fechada el 1 de diciembre de 2015) a Cordesacol.
Para cuestionar la operación, la Fiscalía presentó testimonios de personas vinculadas a esa corporación. Una de ellas fue Gloria Marina García, revisora fiscal de esa entidad, quien manifestó que Cordesacol se dedica a actividades de manualidades dirigidas a madres cabeza de hogar.
Agregó que desconocía cualquier vínculo con el Consorcio Suratá 2015 y, de forma particular, con el objeto del contrato: la construcción de una planta de tratamiento de agua potable.
También fue entrevistado Eric Alexander Benavides, quien figuraba como supuesto representante legal de Cordesacol en 2017.
En este caso, hay un documento fechado el 9 de junio de 2017, supuestamente firmado por Benavides, en el que aceptaba la designación para dirigir esta corporación. No obstante, esta persona insiste en que nunca había viajado a Bucaramanga y que no tenía relación con esta empresa.
A partir de estos elementos, el ente acusador también cuestionó la autenticidad del acta de una asamblea extraordinaria de Cordesacol, en la que supuestamente se habría formalizado su nombramiento. De allí provendrían los señalamientos contra López Mier de presunta falsedad en documento privado.
‘Se perdieron los soportes’
La otra factura clave para el caso es la 0173, expedida el 3 de noviembre de 2015 a nombre de Colmagro de Colombia, dos días antes de que el consorcio recibiera el desembolso del anticipo. En este caso, la factura ascendía a $563 millones, de los cuales se habrían pagado $449 millones.
La planta de Angelinos fue terminada en 2021 gracias a un segundo contrato. Tiene una capacidad instalada de 600 litros por segundo.
Durante la audiencia, la fiscal del caso dejó claro que había algunas inconsistencias y que no se encontró un contrato de obra civil que respaldara la operación.
De forma particular, cuando el ente acusador quiso revisar la contabilidad de la compañía, sus representantes presentaron una “denuncia por pérdida de información”. Precisamente, los datos de ese contrato están entre los documentos que no aparecen.
En medio de esta situación, la interventoría habría rechazado la factura y solicitado el reintegro de los recursos.
Otros pagos que no tendrían soportes válidos
Estas facturas no son los únicos movimientos que generan sospecha. La Fiscalía presentó una relación de desembolsos que, según un informe de interventoría del 25 de enero de 2016, no contaban con soportes válidos.
Entre ellos se encuentran $506 millones en pagos cuyo beneficiario no habría sido identificado, así como retiros de efectivo sobre los cuales no se habría podido establecer el destinatario ni el uso del dinero.
A pesar de que en la audiencia la Fiscalía habló de una presunta apropiación de $2.399 millones, tanto la defensa como la Procuraduría solicitaron aclaraciones sobre la cuantía y la participación atribuida al procesado.
La Planta de Angelinos es clave para el aprovechamiento del caudal almacenado en el Embalse de Bucaramanga y para garantizar el suministro en el norte de la ciudad y en Girón.
Estos mismos hechos relacionados con el anticipo fueron investigados en el proceso alterno que llevó a la condena contra Stünkel García. Sin embargo, el exgerente del amb fue absuelto de tres de los cuatro delitos imputados porque, para la jueza, no se presentaron pruebas de que hubiera tenido injerencia en la presentación de las facturas cuestionadas o en los desembolsos que no tenían soportes.
Lo mismo ocurrió con Liliana Bohórquez Rueda, quien, si bien era la representante legal de Construvías, el socio minoritario del Consorcio Suratá 2015, “esa posición societaria no permite concluir que hubiese elaborado, ordenado elaborar o presentado personalmente cada documento utilizado” por el contratista.
Retrasos y líos jurídicos
La construcción de la PTAP Angelinos tuvo un desarrollo marcado por retrasos, pleitos jurídicos y dudas sobre los procesos contractuales.
La iniciativa incluía tres objetivos: construir la PTAP, construir la planta de tratamiento de lodos de Bosconia y poner en marcha el sistema asociado al proyecto de regulación del río Tona y el Embalse de Bucaramanga.
El proyecto tenía un plazo de ejecución de 14 meses y fue adjudicado al único proponente, el Consorcio Suratá 2015, por $41.613 millones.
No obstante, desde el comienzo surgieron algunas dudas. Además de los cuestionamientos al anticipo por $12.489 millones, se presentaron retrasos en la ejecución del proyecto, que llevaron a que la interventoría sugiriera la caducidad del contrato.
Así ha quedado consignado en los informes de gestión del amb, que señalan que el plazo contractual venció el 28 de noviembre de 2016 sin que se hubiera completado el alcance previsto. Informes preliminares apuntaban a un avance de solo el 20 % de las obras, pero tanto el interventor de obra como el amb confirmaron en la audiencia que se alcanzó una ejecución cercana al 30 %.
En el fallo condenatorio contra Stünkel García se advierte que se reportaron reintegros efectuados por el contratista por un total de $8.731.146.927,26.
Esto llevó a que el 25 de enero de 2017 el Acueducto y el contratista suscribieran un acta en la que dejaron consignadas sus diferencias frente a las cantidades ejecutadas y el cumplimiento de las obligaciones contractuales.
Posteriormente, el Consorcio Suratá 2015 acudió a un tribunal de arbitramento, pero las partes no llegaron a un acuerdo.
Finalmente, luego de una auditoría de la Contraloría de Bucaramanga y de los requerimientos del amb, se logró la devolución de parte del anticipo.
El Acueducto denunció lo ocurrido ante la justicia
De forma paralela, el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga radicó, el 10 de abril de 2017, la denuncia penal contra el Consorcio Suratá 2015. El proceso fue liderado por la gerente de ese entonces, Laura Isabel Rodríguez.
Según indicó el amb en su momento, el consorcio “no sólo efectuó indebidos manejos de los dineros entregados en calidad de anticipo”, sino que “adicionalmente, al término del mismo, retuvo y se apropió de los recursos pendientes de amortizar, manteniéndolos en su poder por casi un período de cuatro meses”.
Dicha acción habría traído, además, impactos negativos en las finanzas del amb, pues, mientras la obra seguía suspendida y atrasada, debió responder “por el pago de intereses por concepto del crédito otorgado” por una entidad financiera para la ejecución del Contrato 017 de 2015.
Además, la empresa tuvo que invertir en obras alternas para proteger lo poco que quedó construido y, al mismo tiempo, adelantar un proceso para verificar el estado de las obras, identificar los trabajos pendientes y estructurar la nueva licitación para terminar la PTAP Angelinos y las obras complementarias.
Un nuevo contrato para completar las plantas
El amb abrió una nueva etapa contractual en 2019 para finalizar las obras. El contrato 003 fue adjudicado al Consorcio Metro, con un valor inicial de $42.391 millones. Posteriormente, tuvo una adición de $8.617 millones, para un valor final de $51.008 millones.
El objeto era completar la construcción de la PTAP Angelinos y la planta de tratamiento de lodos de Bosconia. El contrato comenzó el 4 de junio de 2019, con un plazo inicial de 21 meses y una fecha de terminación prevista para el 9 de mayo de 2021.
Según el informe de gestión del AMB de 2021, el contrato terminó el 30 de junio de ese año y la obra fue puesta en funcionamiento, una vez concluyeron otras obras complementarias como las tuberías de aducción y conducción.
De esta manera, la terminación de las obras de la PTAP Angelinos tuvo que pasar por una segunda contratación, después de los retrasos y las controversias que rodearon el contrato inicial.
Mientras tanto, los procesos judiciales causados por esa primera adjudicación siguen su propio curso y la ciudad está pendiente de que la Justicia determine las responsabilidades individuales por los hechos investigados.
Esto dijo el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga sobre la investigación
Al ser consultados sobre este caso, el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga indicó que ha actuado “con respeto frente a las decisiones de las autoridades judiciales y a la autonomía de la administración de justicia”.
Por este motivo, más allá de la decisión judicial contra el exgerente Ludwig Stünkel García, recordaron que “las actuaciones relacionadas con este caso continúan en curso, por lo que la empresa mantendrá la prudencia en el manejo de la información”, respetando el desarrollo de las instancias y actuaciones pendientes.
“En nuestra condición de víctimas, hemos tenido plena disposición de colaboración con la administración de justicia. Desde el primer momento, atendimos los requerimientos de las autoridades y suministramos la información solicitada, así como los elementos que conforman el acervo probatorio aportado por la empresa al proceso”.
La empresa agregó que seguirá participando activamente en el proceso, “atendiendo los requerimientos de las autoridades competentes y aportando la información y los elementos necesarios para contribuir al esclarecimiento de los hechos y a la defensa de los intereses de la empresa, en el marco de la ley”.
