Dicen que el amor no tiene precio. Pero las denuncias que rodean a Gustavo Petro nos obligan a hacer cuentas. ¿Cuánto dinero público terminó relacionado con su entorno sentimental? Entre contratos y presuntos favores sexuales, aparecen cifras millonarias y demasiadas preguntas sin respuesta.
Comencemos por Verónica Alcocer. Petro reconoció que llevaban años separados, pero ella continuó ejerciendo actividades como primera dama. La Silla Vacía documentó, desde enero de 2024, más de $1.000 millones en contratos de su equipo cercano. A esto se suman $112,5 millones en cinco viajes internacionales realizados entre 2022 y 2023.
Según El Colombiano, en febrero de 2026 apareció otra cifra: cerca de $1.500 millones en contrataciones relacionadas con su fotógrafo y maquillador. Se reportaron honorarios mensuales de $25 millones para uno y $10 millones para el otro. Estos valores pueden coincidir parcialmente con los anteriores y no deben sumarse sin verificar los contratos.
¿Por qué se mantuvieron los apoyos institucionales de Alcocer si ya no eran esposos?
Mientras seguimos sacando la cuenta completa de Alcocer, apareció el escándalo de los llamados «sexocontratos». Deicy Jiménez denunció haber recibido contratos estatales a cambio de encuentros íntimos con Petro. Las publicaciones identifican contrataciones con el Congreso, Superintendencia de Vigilancia y Ministerio del Interior, por más de $100 millones. La Fiscalía investiga estos hechos, Petro los niega.
Pero la denuncia podría tener una dimensión mucho mayor.
Se habla de 48 mujeres presuntamente instrumentalizadas mediante contratos de prestación de servicios. No se ha demostrado que todas fueran parejas de Petro ni se conocen los valores individuales.
Hagamos un ejercicio para dimensionar lo que está en discusión: si 48 personas hubieran recibido honorarios de $8 millones mensuales durante dos años, estaríamos hablando de $9.216 millones. Si fueran tres años, serían $13.824 millones.
¡Casi catorce mil millones de pesos!
Son escenarios hipotéticos, no cifras comprobadas ni evidencia de contratos indebidos. Pero muestran por qué necesitamos conocer los nombres, valores, plazos y obligaciones de las contrataciones denunciadas.
¿Quién las autorizó? ¿Qué servicios prestaron? ¿Quién supervisó su cumplimiento?
No se trata de contar los romances de Petro. Se trata de determinar si existieron beneficios personales financiados injustificadamente con nuestros impuestos.
Petro puede enamorarse, desenamorarse y cambiar de pareja cuantas veces quiera. Lo que no puede es convertir sus asuntos íntimos en asuntos del presupuesto nacional. Porque una cosa es que Cupido dispare sus flechas y otra muy distinta que las facture con contratos. Y si se comprueba que hubo contratos para pagar favores íntimos, los colombianos habremos terminado financiando historias de amor en la que no recibimos ni un beso, pero sí nos llegó la cuenta. El amor es ciego pero los entes de control no, necesitas acciones inmediatas.
