El Estado no tiene la capacidad para resolver todos los problemas de los ciudadanos. Los presupuestos son insuficientes, los tiempos de respuesta demasiado largos y la capacidad de ejecución limitada. A esto se suma una dificultad que he señalado en otras oportunidades: la falta de articulación entre instituciones públicas hace que muchas necesidades terminen trasladándose de una entidad a otra, sin que nadie logre convertir las competencias individuales en soluciones para la comunidad.
Los asentamientos humanos ubicados en los bordes urbanos carecen, en muchos casos, de la infraestructura necesaria para garantizar condiciones dignas de vida. La razón es sencilla: se desarrollaron en lugares donde la ciudad todavía no tenía capacidad para prestar los servicios o donde existen restricciones para su ocupación. Sin embargo, las familias ya están allí y sus necesidades no desaparecen por encontrarse fuera de la planificación urbana.
Garantizarles acceso al agua potable y al saneamiento básico exige superar enormes dificultades. Es necesario verificar las condiciones del suelo, la disponibilidad del agua, la existencia de alcantarillado, las restricciones ambientales y de riesgo y la viabilidad de los procesos de legalización. Esto implica adelantar gestiones ante el Acueducto Metropolitano, EMPAS, Planeación Municipal, Catastro y otras entidades, además de resolver asuntos prediales y lograr acuerdos entre los habitantes.
Y es aquí donde se agrava el problema para la comunidad: cartas mal redactadas, derechos de petición trasladados por competencia, reuniones aplazadas, proyectos que no aparecen en los planes de inversión, estudios que nunca llegan y procesos de titulación inconclusos. Las comunidades terminan atrapadas entre trámites, responsabilidades dispersas y una capacidad de gestión que muchas veces no tienen.
Aquí es donde el sector privado puede hacer un aporte significativo.
Como en cualquier proyecto, debemos comenzar por un diagnóstico que permita establecer cuáles asentamientos tienen soluciones técnica y jurídicamente viables. Después, identificar los actores y sus responsabilidades, construir un plan de trabajo y acompañar su ejecución hasta obtener resultados. No se trata de reemplazar al Estado ni de asumir sus obligaciones, sino de ayudar a que las instituciones cumplan sus responsabilidades de manera articulada y eficiente.
Debemos reconocer que no todos los asentamientos pueden legalizarse y que algunas familias necesitarán soluciones de reubicación. Precisamente por eso es indispensable actuar con rigor, concentrando los esfuerzos donde existan alternativas viables y evitando generar expectativas que no puedan cumplirse.
Estoy convencido de que podemos contribuir mucho más al desarrollo de nuestras ciudades si ponemos nuestras capacidades al servicio de quienes más las necesitan. No siempre se requieren grandes inversiones. En ocasiones, el aporte más valioso consiste en organizar las soluciones y lograr que las cosas sucedan.
Esta es una invitación al sector privado para que, con conocimiento, compromiso y capacidad de ejecución, hagamos nuestro aporte a la ciudad que todos soñamos.
