Publicado por: Editorial
La condena en primera instancia contra quien fuera gerente del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga, Ludwig Stünkel García, por el delito de interés indebido en la celebración de contratos, constituye un hecho que, además de la órbita judicial, compromete la tranquilidad de la ciudadanía, pues el fallo, que se refiere a la contratación de las plantas Los Angelinos y Bosconia, obras de infraestructura esenciales para el suministro de agua en el área metropolitana, evidencia que los mecanismos de control y la probidad en la gestión de un servicio público esencial fueron vulnerados. La denuncia fue presentada por la Unidad Investigativa de Vanguardia.
Hablamos de una empresa que tiene impacto directo sobre la salud de alrededor de un millón de personas en Bucaramanga, Floridablanca y Girón, lo que impone una responsabilidad que no admite zonas grises. El agua que sale de las plantas de tratamiento hacia los hogares es el insumo básico para la vida y determinante directo de la salud pública; por ello, la idoneidad científica y técnica en el manejo de los procesos hídricos debe estar acompañada siempre por una transparencia administrativa incuestionable que garantice que las decisiones técnicas y financieras se toman pensando en el interés general y no en beneficios particulares. Cabe recordar que estas actuaciones corresponden a directivos que en años anteriores manejaron el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga y no a su actual gerencia ni a sus directivos.
Lo que no se puede tolerar es que, como lo señala la justicia, se permitan escenarios donde las reglas se adaptan para favorecer intereses privados, como, según el fallo en primera instancia contra el exgerente del Acueducto, pudo ocurrir con un contrato destinado a la construcción de infraestructura crítica para la seguridad hídrica de la región. Por este caso y cualquier otro de similar origen, la ciudadanía tiene derecho a exigir que las investigaciones judiciales lleguen hasta las últimas consecuencias y que la confianza en la empresa se restituya plena y prontamente.
En el fondo de todo, el caso deja al descubierto la inadmisible práctica en la gestión pública de manipular los procedimientos según la conveniencia del administrador de turno. Aunque el fallo absolvió al exgerente de otros delitos como peculado y falsedad, y aunque se haya reconocido que la obra física terminó ejecutándose en su mayoría, el delito de interés indebido en la celebración de contratos es suficiente para encender las alarmas, pues la sola posibilidad de que la adjudicación de una obra tan sensible haya sido direccionada introduce una duda razonable sobre la calidad de los procesos en general.
Por tal motivo, se requieren controles internos que funcionen con independencia, veedurías ciudadanas con acceso real a la información y una dirección que entienda que la transparencia no es un obstáculo para la gestión, sino su condición más trascendental, al punto de que se trata de darle la seguridad a los ciudadanos de que su salud no depende simplemente de la buena voluntad de unos pocos, sino que está respaldada por una entidad sólida y confiable.
Finalmente, la condena debe ser entendida como una advertencia severa sobre el hecho cierto y contundente de que el agua y la salud pública son bienes jurídicos de una jerarquía tal que cualquier negligencia o desviación en su administración tiene consecuencias que van más allá de lo meramente administrativo.
