Publicado por: Editorial
El recurrente debate sobre las ciclorrutas en Bucaramanga entró en nueva fase de discusión, lo que, en lugar de llamar a la impaciencia o al cansancio, debe convocar a un diálogo serio y responsable de todas las partes, pues lo que hoy tenemos es que los ciclistas y defensores de la movilidad sostenible han acudido a instancias judiciales para suspender las intervenciones que adelanta la Alcaldía, al tiempo que el Municipio sostiene que lo que hace es una reingeniería de la red construida, una diferencia que debe resolverse con información pública, argumentos técnicos y disposición real al entendimiento.
Es necesario que quienes promueven la bicicleta esta vez sí puedan contar con espacios pluralistas y respetuosos dentro del Ejecutivo, en los que sus experiencias y sugerencias sean atendidas con respeto, en el sentido de que se acredite su conocimiento sobre las condiciones de seguridad, los recorridos habituales y las necesidades concretas de quienes se movilizan en bicicleta. A su vez, el Municipio no debe recaer en el error de no atender una voz como la de los biciusuarios, entre otras cosas porque la legitimidad de las políticas públicas se fortalece por medio de la participación ciudadana.
Al mismo tiempo, los defensores de la movilidad sostenible deben reconocer que el modelo que se intentó imponer cuando se puso en marcha el proyecto de las ciclorrutas en la meseta fracasó por causas que ya son conocidas, aunque esto no invalida la idea de una ciudad con infraestructura ciclista digna y segura, sino que significa que el replanteamiento debe hacerse con mucho más tino, pues en asuntos tan sensibles como este es necesaria la buena intención de todas las partes, pero también se requiere considerar objetivamente estudios técnicos, conceptos urbanísticos, normas de tránsito y análisis del comportamiento de conductores, peatones y biciusuarios.
Esto significa claramente que las decisiones sobre la red para conductores de bicicleta no pueden tomarse con ligereza, ni con prejuicios, ni, mucho menos, con lecturas parciales de las normas, puesto que de allí es que llegamos a situaciones como la actual, en la que el Municipio afirma que las modificaciones se sustentan en estudios técnicos y en decisiones judiciales, pero los colectivos sostienen que la sentencia judicial no ordenó la demolición ni el retiro de la infraestructura, una discrepancia que debe aclararse, así como debe explicarse el destino de los recursos invertidos y el impacto de levantar separadores y talar árboles.
Los errores de varios años que nos trajeron a este momento son, al mismo tiempo, la oportunidad de ampliar el espacio de participación ciudadana y planificar las ciclorrutas desde perspectivas más actualizadas y con visión de futuro, todo lo cual podría deshacer el nudo que ha mantenido estancado el proyecto de movilidad sostenible en Bucaramanga. La ciudad necesita una red de ciclorrutas que funcione, que sea segura y que encaje con el conjunto del sistema de movilidad, para lo que el Ejecutivo debe abrir canales institucionales donde los biciusuarios sean interlocutores permanentes y su voz sea tenida en cuenta.
A nadie conviene que la situación actual siga teniendo la lógica imposible de un diálogo de sordos entre la Administración y los colectivos, sino que debe capitalizarse el momento para corregir realmente el rumbo errático que se ha seguido hasta ahora.
