Una acción de tutela, en contra de la Gobernación de Santander, fue admitida por una jueza en Bucaramanga, en busca de que se concluya a cabalidad y se entregue de manera efectiva el tan esperado puente El Congreso, en el municipio de Santander. Se alertan afectaciones en más de una decena de comunidades.
En vista de las dilaciones e incumplimientos por parte de las autoridades, y ante las afectaciones sufridas desde hace cerca de tres años por la falta de dicha vía, la comunidad del municipio de San Andrés, Santander, acudió ante la justicia con el fin de que se garantice la pronta y tan esperada terminación del puente El Congreso.
Desde 2024 las comunidades afectadas en dicha área del departamento esperan la culminación y entrega de este paso elevado, que se ubica sobre la vía que conduce a la laguna de Ortices. Múltiples llamados públicos y hasta protestas fueron realizadas en los últimos meses por parte de los pobladores, sin que hasta la fecha se haya terminado este proyecto de infraestructura vial. Lea también: Videos muestran el crítico estado de la vía Curos–Málaga por las lluvias en Santander
Leonardo Silva Parada, líder cívico y representante de las comunidades afectadas en el marco del proceso jurídico que se emprendió, indicó a Vanguardia que por medio de una tutela se busca que la justicia requiera a la Gobernación de Santander con el fin de que entregue informes sobre las obras adelantadas y de que se garantice la culminación de este paso elevado en San Andrés.
Desde la administración departamental se indicó que en las últimas horas se realizaron requerimientos al contratista y se informó qué tareas se adelantan actualmente. Las autoridades dejaron en claro que los trabajos de este proyecto se mantienen en marcha y que dicha estructura elevada sería entregada a finales de 2026.
“Este proyecto ha tenido tres adiciones”
El Juzgado 20 Penal de Bucaramanga admitió, el pasado 9 de noviembre, esta acción de tutela en contra de la Gobernación de Santander, y fijó un plazo de 24 horas para que el Departamento se pronuncie acerca de las intervenciones de infraestructura vial que se adelantan en el sector de El Congreso. Es importante dejar en claro que este proyecto se puso en marcha por parte de la anterior administración.
“Hace tres años el gobierno de Mauricio Aguilar hizo un proyecto por más de $9.000 millones para la construcción del puente; dejó firmado el contrato y a la fecha no se ha construido. La Gobernación de Santander le hizo una adición de $5.000 millones, van $14.000 millones invertidos, y ahora la gobernación vuelve a manifestar que necesita realizar unas obras en las zapatas del puente, unos mejoramientos para que no se caiga y que espera adicionar otros cerca de $5.000 millones. Va a terminar costando cerca de $20.000 millones esta estructura”, manifestó Leonardo Silva Parada, accionante de esta tutela.
En la acción que se impulsa ante la justicia también se solicitaron medidas provisionales para que las autoridades garanticen un paso seguro temporal para la comunidad, diferente a la tirolesa que en estos momentos se utiliza. No obstante, la juez del caso consideró que tal solicitud ya estaba incluida en el fundamento central de la tutela.
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“Esta vía comunica alrededor de 10 veredas, que producen alimentos de pancoger. Hablamos de comunidades con cientos de niños que necesitan este camino para ir a estudiar, así como los cultivadores de cacao y café. Ante la falta del puente, a todas estas comunidades les toca dar una vuelta de casi tres horas por otro corredor. Esto nos llevó a presentar la tutela, que aceptó el juzgado 20 y accionó a la gobernación, personería, Defensoría del Pueblo y al contratista”, agregó este líder cívico.
Comunidad alerta riesgos contra su “integridad”
Se calcula que más de 2.000 familias están afectadas de forma directa por la falta de este paso elevado, que resultó derribado en medio de una avalancha en 2023. Veredas como El Caracol, La Ramada, Pablo VI, El Ciral y el corregimiento de La Laguna de Ortices están afectadas desde entonces.
Yovani Castellanos Celis, uno de los ciudadanos que conoce de cerca esta situación, resaltó que “no son solo estas dos mil familias, muchas más personas necesitan el puente. Además es un sitio reconocido por el turismo en La Laguna de Ortices”.
Las comunidades afectadas también alertan sobre los riesgos que corren a diario, debido al uso de un rudimentario andarivel que se utiliza para sortear la actual situación y poder atravesar las aguas del río El Congreso.
La Veeduría Integral Pública Sanandreseña lanzó un “llamado urgente a la opinión pública, a los organismos de control, a la Defensoría del Pueblo y al Ministerio Público frente a la grave situación que atraviesan las comunidades. Después de más de tres años de la emergencia de abril de 2023, nuestras comunidades continúan dependiendo de una tarabita artesanal para cruzar el río, exponiendo diariamente su integridad y seguridad. Exigimos respuestas claras, cumplimiento contractual, garantías de movilidad provisional y una solución definitiva”.
¿Qué dice la Gobernación de Santander?
Jésica Mendoza, secretaria de Infraestructura de Santander, informó este miércoles que “se le informó al juez que se está ejecutando la obra del puente vehicular, que permitirá garantizar un acceso seguro a la comunidad. Hacemos seguimiento constante al contratista, el cual tiene un cronograma de ejecución hasta el próximo 15 de diciembre para hacer entrega de las obras civiles”.
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Desde la administración seccional se argumentó que la reciente adición de $5.000 millones fue necesaria para evitar que el proyecto quedara inconcluso. Según lo explicado, actualmente se adelanta el ensamblaje de una gran estructura que integrará este paso elevado y que se instalará próximamente.
“Estamos muy pendientes de que haya continuidad. El contratista tiene el compromiso de hacer el transporte de la grúa de lanzamiento para el ‘izaje’ del puente modular. Hicimos contacto esta mañana con el contratista y nos confirmó que hoy (miércoles) inicia el traslado de esta grúa”, agregó la funcionaria.
