lunes 30 de agosto de 2021 - 12:00 AM

Por acceder a su derecho al aborto, mujeres, adolescentes y niñas son criminalizadas en Colombia

Así lo revela el informe La Criminalización del aborto en Colombia, cuya investigación destaca que alrededor de 400 casos son llevados ante la justicia penal anualmente y que son las mujeres, adolescentes y niñas en situación de vulnerabilidad quienes están en mayor riesgo de ser criminalizadas.
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De esta manera, un 12.5% de los casos de aborto perseguidos por la justicia colombiana corresponden a mujeres entre los 14 y 17 años; y un 24% de los casos que derivan en condena, corresponden a mujeres menores de edad.

Los hallazgos de este informe, realizado por La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres en alianza con la profesora adscrita a la Universidad de Los Andes, Isabel Cristina Jaramillo Sierra, Doctora en leyes de Harvard, y su equipo de investigación, resultan cruciales para entender la pertinencia y necesidad de eliminar el delito de aborto del Código Penal como lo demanda ante la Corte Constitucional el movimiento Causa Justa.

Cabe resaltar que los cinco departamentos en Colombia en los que se producen mayores condenas por aborto son Caldas (el 18.48 % de los hechos que dan inicio a un caso terminan en condenas); Boyacá (13.94 %); Santander (10.61 %); Tolima (8.48 %); y Norte de Santander (6.67 %). Bogotá es una de las ciudades en la que, la mayoría de casos de criminalización contra las mujeres que deciden practicarse un aborto derivan en condena (13.33 %).

Asimismo, el informe evidencia que las mujeres que deciden abortar tienen mayor probabilidad de sufrir procesos de persecución por parte de la justicia, que de recibir su respaldo cuando son víctimas de delitos asociados a violencias basadas en género. Es así como las condenas contra las Mujeres que deciden abortar representan un 7,6 % de los casos, mientras que para los delitos de violencia intrafamiliar y acceso carnal violento las condenas representan un 1.14% y 3.38% respectivamente de los casos.

De hecho, el sistema de información de la Fiscalía General de la Nación constató que el «29,11 % de las mujeres indiciadas por aborto (910 mujeres) han sido vinculadas en calidad de víctimas de algún delito», y que “42 % de estas mujeres presentó un historial de victimización previa” por delitos de «violencia intrafamiliar (12 %), lesiones personales (10 %), delitos sexuales (8 %), entre otros.

Al respecto, Ana Cristina González Vélez, cofundadora de La Mesa por la Vida y del Grupo Médico por el derecho a Decidir y pionera del Movimiento Causa Justa, señala que “el sistema colombiano opera tendenciosamente para condenar a las mujeres que deciden abortar y, en cambio, exonera a los hombres que ejercen violencia contra las muje­res, en el caso de la justicia”.

El informe señala también que el personal de salud antes que atender y brindar los servicios de salud de IVE, prioriza reportar estos casos como delito, vulnerando la salud y el bienestar de la paciente, así como su derecho a la privacidad protegido por el secreto médico. Frente a este tema, la profesora Isabel Cristina Jaramillo apunta que “sabemos que el personal de salud, con mucha frecuencia, pone en conocimiento de las autoridades la llegada de mujeres con complicaciones en sus abortos; lo hacen incluso antes de que algún médico evalúe la situación y determine si el aborto fue inducido o no [...] esta vulneración de normas éticas básicas por parte del personal de salud aumenta la desconfianza que las mujeres sienten hacia el sistema de salud y los médicos en general, lo cual se convierte en un verdadero obstáculo para el acceso al procedimiento”.

Jaramillo le contó a Vanguardia que “mientras el delito siga existiendo en el código penal va a seguir siendo una situación excepcional la posibilidad de interrumpir los embarazo. En la situación en la que estamos hoy en día los médicos son los que pueden tomar la decisión de si una mujer incurre en la causal salud o malformación fetal y son también los que verifican la prueba sobre la violación. Eso podría sonar razonable y adecuado salvo porque los médicos parecen más interesados en salvaguardar su propia integridad y reputación que proteger los derechos de las mujeres entonces lo que estamos viendo es que se presume, ya los cálculos no pueden ser exactos porque todo caso estamos hablando de un delito, que los abortos legales apenas son entre el 1 y el 9% del total de los que se hacen en el país”.

Asimismo, la experta señala que los médicos se han convertido en los principales “verdugos” de las mujeres, ya que “son los que están llevando las mujeres a situaciones extremas. Lo que muestra este informe es que el personal médico y el personal de los centros de salud, no solamente los médicos, se dedican a poner el conocimiento de las autoridades la ocurrencia de abortos. Entonces, en lugar de ser los aliados y los protectores de los derechos de las mujeres se han convertido un poco en enemigos y guardianes irracionales que no les permiten a las mujeres ejercer sus derechos”.

Jaramillo indicó que las mujeres que se practican abortos en la actualidad, ya sea porque están inscritas en alguna de las causales o porque, de manera natural el embarazo no puede llegar a término, son las mujeres que terminan denunciadas en la policía para que sea criminalizadas por el delito de aborto.

“El 30% de los embarazos terminan en aborto espontáneo durante el primer trimestre y muchas veces esas mujeres también terminan en un proceso ante la fiscalía. Y esas denuncias ni siquiera pasan por corroborar los hechos, sino que simplemente por la mujer sangrante que llega al centro médico es acusada por el celador, la enfermera, cualquiera que considere llamar a la policía”, señala Jaramillo.

En la actualidad existe, además de la iniciativa de eliminar el delito de aborto del código penal, la iniciativa de limitar al aborto por semanas y causales, pero ¿cuál sería la situación ideal para las mujeres y para la garantía de sus derechos?

Al respecto, Jaramillo explicó que “la situación ideal es sacar el delito del Código Penal, pero acompañar esa estrategia de otra serie de actuaciones que nos lleven verdaderamente a valorar las decisiones de las mujeres, a darles las mejores herramientas para decidir, darle los médicos mejores herramientas también para decidir porque lo cierto es que aún si el delito no está en el código, los médicos van a seguir siendo los que prestan el servicio de interrupción del embarazo, los que le dan seguimiento y los que toman decisiones sobre la salud de las mujeres”.

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