Desde tiempos inmemoriales, la filosofía política ha tenido como objetivo fundacional plantear soluciones estructurales de cara al abuso y la concentración de los poderes públicos. En el ‘Leviatán’, el filósofo inglés, Thomas Hobbes, nos advertía que nada podía romperse más fácilmente que la palabra de un animal político. El mandatario de los colombianos lo ha comprobado con legendaria suficiencia al cincelar en piedra que no convocaría a una Asamblea Constituyente para borrar luego con el codo izquierdo esta promesa electoral, fraguada para ser elegido y promover ahora su convocatoria.
‘El espíritu de las leyes’ del filósofo, político e historiador francés, el Barón de Montesquieu, alcanza la cima intelectual de la Ciencia Política con la propuesta de frenos y contrapesos constitucionales y legales, diseñados para defender la separación de poderes y las libertades individuales y colectivas. Esencia misma de la democracia, asediada por el despotismo estatal, pobremente ilustrado. Montesquieu concebía que “todo hombre que tiene poder siente la inclinación a abusar de él (…). Para que no se pueda abusar”, añadía, “es preciso, por la disposición de las cosas, que el poder frene al poder”.
Al evaluar desde esta perspectiva los casi cuatro años de absoluto desgobierno de la presente administración, nos encontramos con excelsos ejemplos de frenos y contrapesos de las Altas Cortes, los Tribunales Administrativos y los Jueces frente a la carga del Poder Ejecutivo contra la institucionalidad. Van en total, según la Corporación Excelencia de la Justicia, 244 fallos judiciales proferidos en defensa del Estado de Derecho. Veamos algunos de ellos para que podamos dimensionar su aporte a la defensa del establecimiento.
El Consejo de Estado suspendió el decreto de traslado anticipado de ahorros pensionales privados a Colpensiones.
La Corte Constitucional derogó el decreto que declaraba la emergencia económica y suspendió transitoriamente el pago del impuesto al patrimonio.
El Consejo Nacional Electoral ratificó la sanción contra la campaña Petro presidente 2022 por violar los topes electorales, impuso multas billonarias a sus representantes legales y compulsó copias a la Fiscalía General, que acusó oficialmente al gerente, Ricardo Roa, actual presidente de Ecopetrol.
