sábado 12 de febrero de 2022 - 12:50 PM

Por primera vez en Colombia, imputan a una persona por el delito de deforestación

Implementando de lleno por primera vez la ley 211 de 2021, la Fiscalía General de la Nación imputó cargos a cinco personas por el delito de deforestación de al menos 80 hectáreas en la región amazónica.

Este grupo, considerado por la Policía como el 'El Cartel de la Deforestación', era liderado por Marco Aurelio Quiroga Tovar, quien habría arrasado con 83 hectáreas de bosque en el predio Bellavista, ubicado en el Parque Nacional Natural (PNN) Serranía Los Picachos, entre San Vicente del Caguán (Caquetá) y La Uribe (Meta).

Según la investigación, ocho de las hectáreas afectadas por Quiroga y su grupo fueron deforestadas durante los primeros días de 2022, acabando con la vegetación en esta área de especial protección para ampliar la frontera agrícola y preparar el terreno para la cría de ganado.

Además del cargo de deforestación, la Fiscalía imputó al procesado los delitos de ilícito aprovechamiento de los recursos naturales, invasión de área de especial importancia ecológica, e incendio.

Los otros procesados fueron Lisandro Suárez Atehortúa, quien habría acabado con 235 hectáreas de bosque en un terreno conocido como Nápoles, localizado en el Parque Nacional Natural Tinigua, en inmediaciones de La Macarena y La Uribe (Meta); Audelo Granado Tovar, presunto responsable de la destrucción de 61 hectáreas para la cría de ganado, en el predio El Recreo, en el PNN Tinigua.

También Duivier Rodríguez Hernández, señalado de deforestar 59 hectáreas en el predio El Paraíso, en la Serranía Los Picachos. Para el segundo ciclo de vacunación de 2021, esta hombre reportó la tenencia de 268 cabezas de ganado en ese bien y William Parada Gutiérrez, supuesto auspiciador de la deforestación de 52 hectáreas de bosque en el predio La Cabaña, ubicado en Tinigua.

La Fiscalía imputó los delitos de ilícito aprovechamiento de los recursos naturales, invasión de área de especial importancia ecológica, e incendio.

Los jueces de control de garantías que conocieron estos cinco casos accedieron a imponer distintas medidas de protección en favor de los áreas afectadas, como: prohibición a los procesados para ingresar a los Parques Nacionales Naturales en los que deforestaron, orden de retirar el ganado en tres meses, y cancelación de los Registros Sanitarios Pecuarios.

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