El panorama político y jurídico del exjefe guerrillero Seuxis Hernández Olarte, más conocido como Jesús Santrich tendría tres escenarios que, probablemente, le beneficiarían.
“Jesús Santrich” tendría tres escenarios que, a la larga, y según los analistas consultados por EL COLOMBIANO, le beneficiarían para ejercer su cargo como congresista de la República y como ciudadano tras dejar las armas.
El primero de ellos tiene que ver con el asunto de su extradición a EE. UU. que lo reclama por presuntamente conspirar para enviar 10 toneladas de cocaína a ese país.
Para decidir si “Santrich” debería ser enviado o no, la Justicia Especial para la Paz, JEP, solicitó las pruebas de lo que se le acusa, y la respuesta de esa nación fue que ese tipo de acciones no las realiza por que así está consignado en los tratados de extradición firmados entre países (entre ellos Colombia), pero además, “no es necesario proporcionar evidencia complementaria aquí porque la solicitud de extradición proporciona toda la información necesaria”.
Ante esta respuesta, y sin pruebas claras de lo que se le acusa, la JEP tiene la competencia, luego de evaluar si Santrich cometió el presunto delito antes o después del 1 de diciembre de 2016, de decidir si niega la garantía de no extradición, y sería la Corte Suprema de Justicia la que tendría el aval de si el exjefe guerrillero va o no a una prisión estadounidense.
El expresidente de la Corte Constitucional, José Gregorio Hernández, aseveró que ante la negativa de EE. UU., la primera tarea de la JEP es definir la fecha en la que se presentaron los hechos. “Si fue después de la firma del Acuerdo va a la justicia ordinaria, y si fue antes, va a la JEP. Si fue antes, no habría lugar a la extradición; si fue después, cabría esa figura e iría al Presidente de la República para que, previo concepto de la Corte Suprema de Justicia, defina si hay o no lugar a la extradición”, agregó.
Sin las evidencias de EE. UU., la carga de la prueba para determinar fecha y si hay indicios de responsabilidad en la comisión del delito, se centrará en documentos entregados por la Fiscalía, “por que ellos (la JEP) han establecido que toman lo elementos que les envío el ente investigador y sobre eso determinan, porque de EE. UU. no llegó nada”, explica el abogado penalista de la Universidad del Rosario, Francisco Bernate.
Se enredaría su situación
Sin embargo, el tema jurídico del integrante de Farc podría enredarse —aún más— tras la captura ayer del fiscal de apoyo de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP, Carlos Julián Bermeo, del exsenador Luis Alberto Gil, de Ana Cristina Solarte Burbano, Luis Orlando Villamizar Gamboa, y Yamit Prieto Acero.
Fueron capturados en dos hoteles en el Norte de Bogotá “en momento en que recibían 500 mil dólares a cambio de oferta para incidir en trámite de Extradición de Zeuxis Hernández (sic)”, precisó la Fiscalía a través de Twitter, además, presentó unos videos en los que al parecer se ve a los capturados recibiendo el dinero. Según los investigadores, los implicados habrían solicitado inicialmente dos millones de dólares para el trámite.
Ante las acusaciones del ente investigador, Giovanny Álvarez Santoyo, director de la UIA, expresó en un comunicado que ni la unidad que dirige ni Bermeo “tienen injerencia sobre las decisiones que al respecto se lleguen a tomar por los magistrados que tienen conocimiento de ese caso”.
La captura de Bermeo en un momento clave para la extradición de Santrich, genera suspicacia según el analista del conflicto armado, Juan Carlos Ortega, quien considera que hay varios interrogantes sobre el hecho: ¿quién iba a pagar el dinero? ¿Por qué un parapolítico estaría interesado en la extradición de Santrich?
“De comprobarse de dónde sale el dinero, y si este proviene de Farc o del mismo Santrich, sería un hecho grave que implicaría soborno, y en este caso sería un delito que se cometió después de la firma del Acuerdo. Esto podría enredar su proceso jurídico en Colombia”, dice Ortega.
Enrique Santiago, asesor jurídico de Farc, calificó las capturas de la Fiscalía como un burdo montaje “para crear opinión negativa contra posible denegación de extradición. Nadie gasta un peso en sobornar a un fiscal de la JEP cuando esta Fiscalía no tiene competencia en extradición”.
No perdió su curul
El tercer escenario es más benévolo con Jesús Santrich y tiene que ver con la curul adquirida en la Cámara de Representantes y pactada en el Acuerdo de paz en La Habana.
La sala Séptima Especial de Decisión del Consejo de Estado decidió ayer que al militante del ahora partido Farc no puede despojársele de su investidura por no haber asistido a su posesión, y más aún cuando tenía un motivo de causa mayor: se encontraba preso y acusado de intentar enviar cocaína a EE. UU.
“La Sala concluye que la imposibilidad de tomar posesión del cargo no es imputable al comportamiento del demandado, es decir, no es posible predicar una fuerza mayor culposa, tal como lo alegó la Fiscalía al interior del trámite de la acción de tutela interpuesta por el señor Hernández Solarte (Jesús Santrich)”.
Con la decisión, el Consejo de Estado resolvió la demanda interpuesta por la mesa directiva de la Cámara de Representantes en contra del exjefe guerrillero, y dejó en claro que no tomará una decisión de fondo hasta que no se aclare la situación penal de Santrich.
Benedicto González, representante a la Cámara por el partido Farc, expresó que poco a poco se va aclarando el panorama de Santrich y no entiende por qué su compañero sigue preso si en el auto de la JEP en el que solicitó pruebas “deja abierta la posibilidad de que en término de los 20 días se le pueda otorgar la libertad. Consideramos que el estado de prisión de él es ilegal”.
Con la decisión, el Consejo de Estado resolvió la demanda interpuesta por la mesa directiva de la Cámara de Representantes en contra del exjefe guerrillero, y dejó en claro que no tomará una decisión de fondo hasta que no se aclare la situación penal de Santrich.
