Una nueva polémica alrededor de la extinta guerrilla de las Farc y el proceso que llevan ante la Jurisdicción Especial para la Paz se dio en la tarde de este lunes, cuando el exintegrante del entonces Secretariado de las Farc, Rodrigo Granda, aseguró que él y sus compañeros no aceptarán el crimen de esclavitud como política de secuestro.
Además de reiterar la posición de los exmiembros de la guerrilla sobre ese delito que pidió reconocer la JEP, Granda soltó otra afirmación que, desde ya, ha sido criticada por asociaciones de víctimas y políticos: “Si alguna de las personas que estaban en retención decía que se sentía aburrida y que quería participar en x o y trabajo se le permitía, pero no era que fuera una obligación”, dijo el exlíder de las Farc, quien ha sido conocido durante las últimas décadas como el “canciller” de dicho grupo.
Las declaraciones se dieron durante una rueda de prensa en la Universidad Externado, en Bogotá, en el marco de un evento conmemorativo sobre los cinco años de la firma del Acuerdo de Paz.
Durante ese mismo evento se pronunció el también exintegrante del Secretariado de las Farc y presidente del partido Comunes, Rodrigo Londoño. Aseguró que ha faltado voluntad política para implementar el “Acuerdo Final de Paz” y que, desde su perspectiva, se necesita un cambio de poder en el país que permita implementarlo al 100 %.
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“Necesitamos un Congreso que mayoritariamente acompañe el proceso de reconciliación y de paz de Colombia y un presidente que cumpla también con ese compromiso, y lo tenemos que escoger entre los colombianos. Tenemos que acertar (...), que lleguen al poder otros que sí lo hagan cumplir”, aseveró Londoño.
En todo caso, con esas declaraciones empezaría un camino desconocido para la JEP en el que los exintegrantes del secretariado deberán demostrar que no cometieron el delito y la Jurisdicción, por su parte, deberá mostrar sus pruebas para comprobar lo contrario.
Pese a ello, se conoció que la JEP pidió recomendaciones a expertos y conocedores del tema para establecer si debe mantener la imputación del delito, pues este no había sido impuesto en un principio y fue incluido por un concepto de la Procuraduría General de la Nación que así lo pedía.
De hecho, fuentes de la JEP dijeron que había incertidumbre sobre este paso pues, además de que deberían llevar a juicio a los exFarc si no reconocían el delito, los excombatientes ya habían aceptado otro delito muy similar en esa imputación de cargos inicial.
Según dicha afirmación, los exintegrantes del Secretariado se declararon culpables de trato cruel, inhumano y degradante.
En caso de que la JEP se retracte, y elimine ese cargo de la imputación, seguiría en pie la audiencia de reconocimiento y, posteriormente, la sentencia.
