La creación de la nueva Empresa Santandereana de Licores ha suscitado batallas legales por el registro de marcas. Una de las pujas más importantes es por la marca Comunera, que hoy ampara los productos Ron Revolución Comunera y Aguardiente Comunero. Así fue como logró salir al mercado.
A menos de un mes del lanzamiento del aguardiente Comunero y el ron Revolución Comunera, los primeros productos de la Empresa Santandereana de Licores, vale la pena revisar el largo camino de pleitos, demandas y retos a nivel legal y comercial para su consolidación.
El sueño de que Santander recupere su empresa licorera ha sido una de las principales apuestas del gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, quien consiguió el apoyo de la Asamblea Departamental para constituir la empresa en 2024.
No obstante, la iniciativa se ha encontrado con varios tropiezos y una constante batalla legal para registrar sus marcas ante la Superintendencia de Industria y Comercio, SIC. Más de 100 intentos han sido radicados por parte del departamento o la empresa pública para conseguir el registro de marcas que les permita llegar al mercado de licores.
En ese camino, la empresa pública tuvo un giro en su estrategia y compró la marca ‘Comunera’ a una empresa de abogados que a la postre conformaría la Unión Temporal para la distribución de dichos licores en los próximos dos años. A través de esta denominación es que la licorera pública pudo salir al mercado con los productos mencionados.
En este camino, una de las batallas más recurrentes es la que ha existido entre la Empresa Santandereana de Licores (pública) y la Empresa Licorera de Santander (ELS SAS BIC), esta última de los socios Danny Villamizar y Alcibíades Blanco, quienes constituyeron la compañía en 2020 y lograron el registro de marcas insignias como Aguardiente Superior y Ron Búcaro.
Además de esta guerra de marcas, el desarrollo de la empresa pública también tiene grandes retos como lograr un espacio en un mercado dominado por dos gigantes en el caso del aguardiente y la decisión de la Corte Constitucional que elimina la facultad de los gobernadores para restringir la entrada de aguardientes y licores de otros departamentos.
En entrevista con Vanguardia, el gerente de la Empresa Santandereana de Licores, Edgar Augusto Pedraza, confirmó que en el arranque de ventas han superado los $5.000 millones con los productos mencionados.
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El proyecto originalmente contempla $7.607 millones para su primera fase. De esos recursos, Pedraza explicó que se han utilizado cerca de $4.000 millones. Asimismo, el funcionario señaló que hay un monto cercano a los $2.000 millones para la compra de un lote, cuya adquisición aún no se adelanta.
Los ingresos por estampillas en la venta de licores son esenciales para la consolidación del presupuesto departamental. Sirven para financiar sectores como salud, educación y deporte.
Comunera, la nueva ‘joya’ de la licorera pública
La salida al mercado de los productos de la Empresa Santandereana de Licores se vio truncada por los problemas de registro de marca que ha enfrentado con otras compañías, principalmente con la Empresa Licorera de Santander S.A.S. BIC, que pertenece a Blanco y Villamizar, hijo del exsenador Alirio Villamizar.
Ante los múltiples intentos fallidos por recuperar las marcas Superior y Ron Búcaro, la Empresa Santandereana de Licores decidió comprar la marca ‘Comunera’, que ya tenía registro desde hace una década. Esa marca funciona como ‘sombrilla’ para que sus diferentes productos (Aguardiente Comunero y Ron Revolución Comunera) puedan salir al mercado. De acuerdo con Pedraza, cada mes que tardaba en salir al mercado tenía un costo de oportunidad cercano a los $1.000 millones.
La historia detrás de la familia de licores Comunera tiene un largo recorrido antes de llegar a manos de la empresa pública.
Todo comienza en 2014, cuando el empresario Juan Sebastián Galvis Adarme registró ante la SIC la marca ‘Comunera’, con el fin de vender cerveza artesanal. Luego de algunos ajustes, la SIC aprobó esta marca bajo la Resolución 25149 de 2015. Esa decisión cobijaba la marca hasta el 22 de mayo de 2025.
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En 2025, Galvis renovó ese registro de marca. Su apoderado fue el abogado Danny Villamizar Meneses, uno de los socios de la Empresa de Licores de Santander, ELS SAS BIC.
En marzo de 2025, la Gobernación de Santander solicitó la nulidad de la marca ‘Comunera’ que seguía en poder de Galvis Adarme. Este es un mecanismo habitual al que se acude para quedarse, a la postre, con una marca.
Sin embargo, el gerente Pedraza explica que encontraron oposición en ese camino por cuenta de la empresa de Villamizar y Blanco.
“Las mismas personas que se habían apoderado de las marcas tradicionales nos bloquearon nuestras intenciones de registro, aduciendo que había un cruce con una marca ‘Comunera’ en clase 32 (agua y cervezas)”, afirmó el gerente Pedraza.
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De acuerdo con el funcionario, nunca pudieron acceder al dueño de la marca ‘Comunera’, dado que uno de sus apoderados era Villamizar. Fue así como la compañía pública tuvo que cambiar de estrategia: comprar la marca Comunera que había registrado Galvis Adarme hace más de 10 años. No obstante, esa compra no fue directa. Una firma de abogados fue el eslabón para que ‘Comunera’ llegara al dominio de la empresa pública.
“Nunca pudimos acceder directamente a ellos porque estaban de por medio quienes nos estaban llevando ante la SIC. Hasta que un buen día se apareció una empresa Centauros que consiguió al verdadero dueño de la marca. Le compró la marca y nos dijo: ‘Aquí la tengo, se la pongo a disposición’. Efectivamente, nosotros la adquirimos”, confirmó el gerente Pedraza a Vanguardia.
Fue así como el 23 de septiembre de 2025, la empresa Centauros Consultoría SAS llegó a un acuerdo con Galvis Adarme para transferir la marca Comunera.
El proceso solo fue aprobado hasta el 25 de septiembre de 2025. Previamente, la SIC había señalado que existía un proceso vigente por solicitud de cancelación de marca. Si bien es una advertencia usual, lo particular es que dicha solicitud de cancelación de marca la había radicado la Gobernación.
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En menos de un mes, el 14 de octubre de 2025, la licorera pública solicitó la transferencia de signos distintivos a Centauros.
El 20 de octubre de 2025, la SIC negó esa posibilidad porque se necesitaba que la licorera, solicitante de la transferencia, manifestara su voluntad de continuar con el trámite. Para ello, la Gobernación desistió de la solicitud de cancelar el registro de marca “Comunera” que había radicado. El documento fue firmado por el abogado Alexander Robledo y aprobado por el gerente de la licorera.
Finalmente, la transacción se aprobó el 22 de octubre de 2025, quedando la marca Comunera a nombre de la Empresa Santandereana de Licores, ESL E.I.C.E.
Pese a que la licorera se creó con dinero público, no se conoce públicamente el valor de esa transferencia. El gerente Pedraza confirmó a este medio que la empresa pública sí habría pagado a Centauros por quedarse con la marca. Si bien Pedraza no confirmó el valor exacto de la operación, señaló a Vanguardia que esa transacción no habría superado los $500 millones.
“Por razones de confidencialidad institucional y comercial, las partes acuerdan que el valor y las condiciones económicas de la operación no serán incorporadas en este documento, limitándose su alcance a efectos registrales”, señala el documento que se radicó ante la SIC.
Lo que se desconocía ante la opinión pública es que la Empresa Licorera de Santander S.A.S. BIC, de Villamizar y Blanco, asegura que había alcanzado un acuerdo con Galvis Adarme para comprar la marca antes de que se le vendiera a Centauros Consultoría. Sin embargo, el acuerdo nunca se registró ante la SIC.
“A principios del año pasado (2025) estábamos buscando una marca para desarrollar una cerveza y en la investigación de marcas establecimos que ya existía una marca de cervezas llamada ‘Comunera’ y que, en su momento, fue desarrollada en el área metropolitana de Bucaramanga. Nos comunicamos con el dueño de la marca e hicimos un acuerdo para la adquisición de la misma, pagamos dicho acuerdo, pero dejamos en suspenso la cesión”, sostuvieron desde la Empresa Licorera de Santander S.A.S. BIC.
De acuerdo con dicha empresa privada, Galvis Adarme les habría informado que se estaban “comunicando presuntamente desde la Gobernación” con el deseo de adquirir la marca ‘Comunera’. “Después de analizarlo le decimos (a Galvis Adarme) que estamos de acuerdo y se firma con el titular de la marca y ELS SAS BIC un acuerdo de terminación y autorización de venta de la marca que hoy guarda confidencialidad”, respondieron a Vanguardia desde la Empresa Licorera de Santander S.A.S. BIC.
La disputa parece lejos de terminar. En enero de este año, dicha empresa privada solicitó la cancelación de la marca ‘Comunera’, alegando el “no uso” de la misma. Ese proceso está en manos de la SIC.
Por su parte, el gerente Pedraza explicó que se contemplan nuevas acciones contra los socios Villamizar y Blanco por esta larga puja de marcas.
“Estamos por emprender acciones legales contra estas personas. Ya hemos hecho algunas denuncias en la SIC y demás, pero estamos por emprender acciones legales porque evidentemente hubo un perjuicio por esa guerra comercial”, dijo el gerente de la empresa pública de licores.
Como parte de esos pleitos aún está pendiente que se resuelva el futuro de la tradicional marca Aguardiente Superior, que fue demandada por la Gobernación.
Sin ‘Comunera’ no hubiéramos podido tener ni aguardiente Comunero ni ron Revolución Comunera porque nos lo habían negado en primera instancia. Entonces, teniendo esa marca ‘sombrilla’ nosotros pudimos desarrollar nuestra propia familia de marcas y salir adelante con este propósito
¿Qué es Centauros Consultoría SAS?
Centauros Consultoría SAS fue el eslabón para que la Empresa Santandereana de Licores se quede con la marca Comunera. En ambos trámites no se reveló el valor de transacción que se publica ante la SIC.
Vanguardia contactó a Gustavo Adolfo Ardila Pineda, representante legal de Centauros Consultoría, quien señaló que dichos montos no pueden ser revelados dada su vocación privada.
“Nosotros vimos que había un conflicto. Como abogado, donde hay un conflicto, desde luego puede encontrar una posible solución a un negocio. Entonces, dijimos que ellos están en contienda, vamos a intentar, efectivamente, poder obtener alguna victoria en ese presunto negocio que, en ese momento, se estaba realizando”, señaló el representante legal de Centauros.
Asimismo, Ardila afirmó que el negocio no fue tan oneroso como se puede llegar a creer.
Originalmente, Centauros Consultoría no nació con ese nombre. De acuerdo con el reporte de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, dicha empresa surgió como Inducannabiss y se constituyó en 2020 con un patrimonio de $10 millones. En principio, esa compañía estaba relacionada con el cultivo de plantas medicinales, aromáticas, frutales y demás plantas agrícolas de interés, con fines médicos, científicos, terapéuticos y comerciales.
Sin embargo, en abril de 2024 hubo un cambio radical en el objetivo de esa compañía, tras una asamblea extraordinaria.
Producto del encuentro, los socios David Antonio Murcia Gutiérrez y Doris Gutiérrez Benavides aprobaron varias cosas. Una de ellas fue vender todas sus acciones al entonces representante legal de Inducannabiss, José Luis García Monsalve.
El segundo aspecto clave fue el cambio de nombre a Centauros Consultoría SAS. Además, se daba el visto bueno a cambiar el objeto de la empresa, que pasaría a estar ligado a la figura de consultoría jurídica. Como punto final, el representante legal designado fue Ardila Pineda.
En mayo de 2024, dicha empresa adelantó sus trámites de renovación ante la Cámara de Comercio con el nuevo nombre, dirección, teléfonos y demás datos.
En respuesta a Vanguardia, Ardila señala que, como parte del desarrollo de actividades por parte de un grupo de abogados, decidieron adquirir dicha marca y buscar su expansión.
La venta de la marca ‘Comunera’ no fue el único vínculo entre Centauros con la empresa pública de licores. En mayo de este año, la Empresa Santandereana de Licores adelantó un proceso contractual por $15.666 millones para la distribución de sus productos.
El documento especifica que ese monto no implica que el dinero sea pagado por la empresa pública. En respuesta a este medio, el gerente Pedraza explicó que ese valor será el monto agotable que la distribuidora compraría en licores a la compañía pública. En otras palabras, el dinero lo pondrán los privados para comprar y distribuir ese licor en el departamento.
Vanguardia revisó ese proceso y encontró varias coincidencias y cambios en los documentos por parte de la firma Centauros Consultoría mientras se adelantaba el proceso.
Esta empresa es uno de los integrantes de la Unión Temporal que se quedó con el contrato para distribuir los productos de la Empresa Santandereana de Licores. Aunque su participación es solo del 10 %, hay un punto clave con la fecha de ese acuerdo.
El 8 de mayo de este año, Centauros radicó ante la Cámara de Comercio de Bucaramanga una solicitud para ampliar su actividad como comerciante a 4711. De acuerdo con la Dian, esta actividad económica representa el “comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas o tabaco”.
En marzo, dicha empresa solo tenía reportadas dos actividades económicas: actividades jurídicas (6910) y otras actividades profesionales (7490).
La oferta de la Unión Temporal Distrilisan se envió el 21 de mayo a las 2:30 p. m., según consta el acta de cierre, como la única oferta para quedarse con la comercialización y la distribución de dichas marcas para las vigencias 2026 y 2027. Una semana después fue adjudicado a esa unión temporal.
Sobre este punto, el gerente Pedraza explicó que se enviaron invitaciones a al menos a 11 empresas de renombre que están en el mercado de la distribución de bebidas, alimentos y licores. Sin embargo, la única que se presentó fue la Unión Temporal Distrilisan.
Aguardiente en Santander, un mercado concentrado
El consumo de aguardiente en Santander tiene una alta concentración entre dos grandes del mercado: el Antioqueño y el Amarillo de Manzanares (Caldas), departamentos que, a nivel nacional, lideran las cifras de ventas.
Vanguardia conoció las cifras de asignación de estampillas durante este año, en las que se evidencia el dominio de estos dos productos en el mercado de Santander. Dichas cifras demuestran la capacidad de registro de estampillas y, por ende, las expectativas de venta de los productos.
Tan solo para dimensionar el dominio de Antioquia y Caldas en el mercado de aguardiente en Santander, vale la pena revisar las cifras de asignación de estampillas para las botellas de 750 mililitros sin azúcar, una presentación habitual en el consumo de la región.
En lo corrido de 2026, se han reportado 177.804 códigos para el Aguardiente Antioqueño de dicha presentación. Mientras que en el caso del Aguardiente Amarillo de Manzanares se reportaron 196.944 asignaciones.
En contraste, en el caso de Aguardiente Comunero, con esas mismas características, se reportan 11.520 estampillas solicitadas. Si bien estas cifras no representan ventas directas, sí permiten seguir la ‘temperatura’ del comercio de licores en el departamento.
Según explicó Pedraza, el objetivo de la licorera pública es conseguir una participación del 20 % en el mercado que dominan los productos de Antioquia y Caldas en el departamento.
Gobernador de Santander ve oportunidad de expansión
Actualmente, los productos de la Empresa Santandereana de Licores se producen en Boyacá. Ante la falta de una planta propia, el gobernador Juvenal Díaz Mateus contempla una segunda etapa para el proyecto en el que exista una producción de alcoholes en la Hoya del Río Suárez.
“Es un proyecto que queremos organizar. Estamos trabajando para que unos trapiches, en vez de producir panela, empiecen a producir alcohol. Tendría que apoyarlos la Gobernación”, señaló el mandatario departamental, quien añadió que la intención sería que estos alcoholes luego sean purificados y sirvan de insumo para los aguardientes y rones de la licorera pública.
Frente a las bondades del proyecto, el mandatario señaló que la compra de dichos alcoholes generaría mayor estabilidad en el precio de los alcoholes.
“Le daría una tranquilidad absoluta a todos los productores de panela, porque el precio se estabilizará, porque no sería solo producir panela. Es una segunda fase que nosotros tenemos para la Empresa Santandereana de Licores”, afirmó Díaz Mateus.
500.000 botellas es la expectativa de venta que trazó el gobernador Juvenal Díaz Mateus hasta diciembre de 2027.
Decisión contraria
Otro reto que cambió los planes de la licorera pública fue la Sentencia 032 de 2025 de la Corte Constitucional, en la que se tumba la facultad de los departamentos para excluir o limitar la comercialización de aguardiente en su territorio.
Esa decisión implicó un cambio para la naciente licorera pública, pues en la concepción inicial del proyecto se resaltaba que la Empresa Santandereana de Licores “se beneficiará de un marco regulatorio que otorga a los departamentos el control exclusivo y directo sobre la producción y comercialización de licores”.
Con la decisión de la Corte Constitucional quedaba anulada la posibilidad de cerrar a futuro el mercado a otros competidores. Sin embargo, ese camino para Santander no era del todo viable, pues los grandes dominadores del mercado ya tenían acceso a la distribución de sus productos en el departamento.
Golpe colateral en la disputa por los licores en Santander
El choque entre la Gobernación y la Empresa Licorera de Santander, ELS SAS BIC, tiene una arista poco conocida.
En 2024, cuando la citada empresa privada intentó introducir algunos productos al mercado de Santander, vio frenadas, inicialmente, esas posibilidades. En un oficio, el entonces director técnico de Ingresos de la Secretaría de Hacienda, Nelson López Rodríguez, negó esa petición y solicitó algunos documentos adicionales.
Esa situación desencadenó en un lío legal. Según conoció este medio, la citada empresa solicitó abrir una investigación contra el ahora senador Nelson López, por la presunta comisión del delito de prevaricato por acción.
El abogado Alfonso Gómez Alba, apoderado de la citada compañía en este pleito, explicó que el proceso se encuentra en fase de indagación. Dado el fuero de López como senador, los demandantes esperan que la Fiscalía remita los hallazgos a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia para que se evalúe si considera o no la apertura de investigación contra el congresista.
En ese sentido hay al menos tres caminos. El primero sería archivar por encontrar que no existen motivos. El segundo, ampliar las actividades de investigación previa. Y el tercer escenario sería abrir una investigación y vincular al senador mediante llamado a indagatoria.
Consultado por Vanguardia, el senador López dijo que su actuación en el momento obedeció al cumplimiento de sus funciones. Asimismo, señaló que no ha sido notificado sobre este proceso en su contra.
Contraloría de Santander hará seguimiento de la empresa pública
A dos años de la constitución de la Empresa Santandereana de Licores, Vanguardia consultó vía derecho de petición a la Contraloría General de Santander para conocer los informes de auditorías a la entidad. Sin embargo, dicha entidad expresó que en lo corrido del año no se había adelantado ningún informe como el mencionado.
No obstante, señalaron que esta entidad se encuentra en el Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial 2026, por lo que la actuación de control fiscal sería desarrollada conforme al cronograma de la entidad.
¿Cuál es la postura de la Empresa Licorera de Santander, ELS SAS BIC?
Consultados por este medio, desde la Empresa Licorera de Santander, ELS SAS BIC, respondieron que su intención con el registro de marcas históricas como Aguardiente Superior y Ron Búcaro era que estas “permanecieran indefinidamente sin desarrollo comercial y procurar que fueran empresarios santandereanos quienes asumieran el reto de devolverlas al mercado”.
“No pretendemos desconocer la existencia de la Empresa Santandereana de Licores ni las competencias que corresponden al Departamento de Santander. Tampoco pretendemos desconocer el papel que cumplen las empresas públicas en la generación de recursos destinados a financiar sectores como la salud y la educación. Lo que solicitamos es que se reconozca también el derecho de los empresarios privados a participar en el mercado cuando cumplen los requisitos legales, sanitarios, tributarios y comerciales establecidos por el ordenamiento jurídico”, señalaron desde dicha compañía privada.
