sábado 18 de enero de 2020 - 12:00 AM

En marzo estarían líneas base para desarrollar pilotos de fracking

En Santander, las áreas de los yacimientos no convencionales es el valle medio del Magdalena que tiene entre 4.000 y 7.000 barriles de petróleo, según Ecopetrol.
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La reglamentación que definiría las líneas base con las que se desarrollarían los Proyectos Piloto Integrales de Investigación (Ppii) de yacimientos no convencionales podría estar lista antes de finalizar el primer trimestre del año. El Ministerio de Minas y Energía y la mesa ambiental del Comité del Paro, gremios y expertos de la industria apuestan a que dicha regulación salga adelante antes de marzo, al mismo tiempo que se adelantan las socializaciones con varios sectores del país.

El decreto, que actualmente está para comentarios y el cual fue publicado el pasado 26 de diciembre por el Ministerio de Minas y Energía, tiene como tiempo límite el próximo 20 de enero para que la ciudadanía opine sobre el tema.

No obstante, si bien a partir de ese momento se tendrán que revisar e incluir esas opiniones para emitir una reglamentación sólida, lo cierto es que ese proceso podría tardarse entre uno y dos meses.

“Ellos deberán resolver y atender los comentarios. Una vez pase eso se podría expedir la regulación. Ese periodo tardaría entre uno o dos meses. La idea es que se dé una fortaleza legal para que se creen las líneas base sólidas”, explicó Julio César Vera, gerente general en Valjer Energy y experto en hidrocarburos. El empresario anticipó que, al ser un tema tan polémico, se podrían presentar demandas ante el contencioso administrativo.

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Germán Espinosa, presidente de Campetrol, por su parte, aseguró que este decreto le da orden a la transparencia, a la participación ciudadana y al aspecto ambiental.

“Con toda la socialización que se está haciendo se recibirán los comentarios, se integrará eso, y se hará la resolución del documento respectivo (...) Antes del primer trimestre podría salir, teniendo en cuenta que el Ministerio ya tiene amplio conocimiento del tema”, dijo.

Aunque por ahora la regulación final entrará en estudio, desde el documento preliminar se establecen algunas condiciones para la creación de un Centro de Transparencia; la conformación de Mesas Territoriales de Diálogo y Seguimiento, y un Plan de Monitoreo Ambiental Participativo. Es de resaltar que, según la Cartera, toda la exploración estará sujeta a la expedición de una licencia ambiental.

“Lo fundamental ahora es continuar con las siguientes etapas para la implementación de los proyectos pilotos de investigación, que nos van a permitir obtener información ambiental, social y operacional, probar la técnica en Colombia, y de esta manera tomar decisiones responsables con el país”, añadió Francisco José Lloreda, presidente de la ACP.

De surtirse el trámite programado, los gremios estiman que en el segundo semestre las empresas podrán empezar a solicitar las licencias ambientales y hacer el trabajo de campo. Se estima que en esta primera fase se harían cuatro pilotos iniciales, en los cuales se tendrían que invertir hasta US$600 millones anuales y US$5.000 millones cuando se esté en la etapa de exploración.

Para los ambientalistas, no se cumplen las condiciones para la realización de los pilotos.

Es importante destacar que la exploración está sujeta a la expedición de la licencia ambiental.

Beneficios económicos

De acuerdo con el Marco Fiscal de Mediano Plazo, publicado el año pasado por el Ministerio de Hacienda, se estima que, en un horizonte de 30 años, los yacimientos no convencionales le aporten $324 billones al país. La razón sería debido a que con esta tecnología las reservas sumarían 23,7 años más, pues se incorporarían hasta 7.500 millones barriles de petróleo. Si bien estos cálculos son optimistas, gremios también han asegurado que se aumentaría la inversión extranjera, el monto de las regalías en las regiones y la autosuficiencia energética.

dato
7.500 millones de barriles es el potencial de yacimientos no convencionales. El recaudo fiscal será de $323,7 billones y el tributario de $231,2 billones.
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