Los transportadores de carga del país han manifestado estar inconformes con el Gobierno Nacional y hablan de incumplimientos al acuerdo alcanzado en septiembre de 2024. La Defensoría del Pueblo hizo varias observaciones.
El sector del transporte de carga del país sigue inconforme con el Gobierno Nacional por el cumplimiento del acuerdo alcanzado en septiembre de 2024. La Defensoría del Pueblo también hace seguimiento al tema e hizo varias observaciones.
Por estos días, el Ministerio de Transporte publicó el borrador de un decreto para el beneficio del sector del transporte de carga. Hasta el próximo 10 de abril se podrán hacer comentarios a esta iniciativa.
La medida pretende mejorar tres puntos claves de la discusión: facilitar la habilitación de pequeños transportadores; garantizar el pago mínimo al transportador efectivo, conforme a los costos calculados por el Sicetac; y una política y programa de reposición, también conocido como uno a uno. Puede interesarle: Los cambios en el Sicetac y la forma de calcular los fletes que piden los camioneros
Siguen las quejas
El alza de los combustibles en los últimos meses ha sido una de las razones de descontento por parte de los transportadores.
Uno de los puntos del acuerdo advertía que se realizarían mesas técnicas para una eventual revisión de la fórmula que se usa para fijar los precios de los combustibles. De hecho, los camioneros pidieron que se estudiará la fórmula “Colombia”.
Cabe recordar que el ajuste más reciente en los precios de los combustibles se dio el pasado 22 de marzo, cuando se realizó un ajuste de $75 en el galón de Acpm para ciudades como Bogotá y de $74 para el caso de Bucaramanga, según información de la Creg.
“Siempre nos salen con una excusa: ‘que es el ingreso a los mayoristas, que este hay que recalcular el tema de los grandes mayoristas, de los poliductos’, y nos han salido siempre con una excusa distinta buscando incrementarnos en el precio cuando se pactó que no se iban a hacer (aumentos del Acpm)”, dijo Alexander Rubio Páez, presidente de la Federación de Volquetas de Colombia, Fedevolco, a Vanguardia.
Para el vocero del gremio, hay un problema con la implementación del Sistema de Información de Costos Eficientes para el Transporte Automotor de Carga, Sicetac, para los vehículos livianos de carga.
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El Sicetac es la herramienta en línea que permite calcular los costos de la operación de transporte, de acuerdo a las características propias de cada viaje para movilizar carga en el país. De acuerdo con el líder transportador, algunos de los generadores de carga estarían pagando con los costos de los vehículos pesados, punto que perjudica a los otros automotores.
“Quienes más se están viendo perjudicados en la implementación son los de vehículos turbo y livianos porque no les están pagando las tarifas como debería ser. Muchos generadores de carga manifiestan que como no tienen un Sicetac definido, les están pagando basándose en el Sicetac de carga de los pesados”, dijo Rubio Páez.
Además, el líder del sector transporte mencionó que por varios días ese sistema no tuvo presente los aumentos en el precio del Acpm.
Otro de los aspectos que mencionó el líder de los volqueteros es que persisten problemas, en algunos casos, con el pago de obligaciones de algunos contratistas de obras públicas. De acuerdo con Rubio Páez, con el cambio de titular en la Superintendencia de Transporte quedaron sin respuesta ante esa situación.
El llamado de la Defensoría del Pueblo
En un oficio de 15 páginas, la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, advirtió sobre varios problemas que persisten con el sector del transporte.
En la misiva dirigida a la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, se menciona la necesidad de que otras entidades se unan para el cumplimiento de los acuerdos con los transportadores. Lea también: Minhacienda confirmó que el Gobierno presentará una nueva reforma tributaria
“Es necesario que el esfuerzo por cumplir los acuerdos no sólo provenga del Ministerio de Transporte, sino que integre una actuación más amplia del gobierno. Esto porque los pactos incluyen compromisos frente a los cuales diferentes entidades tienen competencias, por ejemplo, las carteras de Hacienda y Crédito Público, Trabajo y Seguridad Social, Minas y Energía y la Superintendencia de Transporte”, señaló Marín Ortiz.
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Una de las conclusiones más importantes del Ministerio Público es que se debe definir el concepto de “problemas estructurales” del sector transporte para que se atiendan prontamente.
“Es recomendable que se defina de manera participativa cuáles son los factores estructurales y los tiempos en los que se atenderán teniendo en cuenta que, por definición, los factores estructurales no son de resolución inmediata, aunque deba ser acelerada”, dijo la defensora.
