El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, se refirió a la huelga en la ESSA convocada por el sindicato Sintraelecol.

Publicado por: Redacción Economía
La huelga convocada por el sindicato Sintraelecol en la Electrificadora de Santander, ESSA, ha generado diferentes reacciones en el plano local y nacional.
Usuarios y gremios de Santander han mostrado su preocupación por las repercusiones que esta manifestación podría generar para la prestación del servicio de energía en el departamento.
Luego de que arrancara la huelga, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma Egea, se pronunció frente al conflicto laboral entre el sindicato y la compañía.
Uno de los mensajes más relevantes de Palma, quien ha seguido las negociaciones de cerca, es que ambos actores deben ceder.
“Conociendo el conflicto, considero que ambos deben ceder. Si siguen negociando por posturas, será imposible un acuerdo rápido”, dijo Palma.
Cabe recordar que uno de los puntos más álgidos de la discusión es el ajuste salarial.
Como ha señalado Vanguardia, mientras la empresa planteaba incrementos entre el 8 % y 9 %, el sindicato buscaba aumentos, al menos, del 23 %, el mismo incremento del mínimo, aunque los salarios de esta organización sindical se encuentran por encima del mínimo.
Asimismo, el jefe de esa cartera indicó que los trabajadores deben garantizar el servicio de energía a los ciudadanos. De hecho, ese es uno de los aspectos que más preocupación ha generado en el sector productivo de Santander.
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“Los trabajadores deben garantizar la prestación del servicio de energía eléctrica a la ciudadanía. Es algo intocable”, dijo el ministro Palma
En su llamado, el jefe de esa cartera indicó que “la empresa debe garantizar el derecho de huelga conforme a la revisión que de los servicios mínimos haga el Ministerio de Trabajo”.
La empresa debe garantizar el derecho de huelga conforme a la revisión que de los servicios mínimos haga el @MintrabajoCol.
— Edwin Palma Egea (@PalmaEdwin) February 21, 2026
Los trabajadores deben garantizar la prestación del servicio de energía eléctrica a la ciudadanía. Es algo intocable.
Es realmente un experimento social… https://t.co/5yLq0F30Km pic.twitter.com/x4oARHhPWC
“Con ambos mantenemos el equilibrio entre el derecho de huelga y los derechos de la ciudadanía. He conversado siempre con ambas partes para construir puentes que permitan un acuerdo rápido”, agregó el ministro de Minas y Energía.
Mintrabajo selló oficinas
Como parte de la huelga que adelanta el sindicato Sintraelecol, el Ministerio de Trabajo realizó el sellamiento de varias oficinas que, a juicio de esa cartera no son esenciales.
En su cuenta de X, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, advirtió que esa cartera “acompañó el sellamiento de áreas no esenciales de la Empresa de Energía de Santander (ESSA), en el marco de la huelga de Sintraelecol. Se protege el derecho constitucional a la huelga, garantizando al mismo tiempo la continuidad del servicio esencial de energía”, dijo Sanguino en sus redes sociales.
El Ministerio de las y los Trabajadores acompañó el sellamiento de áreas no esenciales de la Empresa de Energía de Santander (ESSA), en el marco de la huelga de Sintraelecol.
— Antonio Sanguino (@AntonioSanguino) February 21, 2026
Se protege el derecho constitucional a la huelga, garantizando al mismo tiempo la continuidad del… pic.twitter.com/rIkMZ10NLR
Alza de salarios, la mayor diferencia
El impacto más grande en las peticiones del sindicato es la carga salarial. Por ejemplo, un empleado de grado técnico (ocupado por tecnólogo) percibe como sueldo básico mensual de $4.523.000, aproximadamente.
No obstante, el ingreso promedio de un empleado de este tipo asciende a los $9.857.303, por cuenta de las prestaciones extralegales, bonificaciones y beneficios como servicios de odontología, energía, becas, alimentación, casino, entre otros. Estos valores los reciben en la actualidad.
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A ese monto, se pretende que se le haga un incremento de 23 %, tal y como ocurrió con el salario mínimo. Es decir, el sueldo básico de un cargo técnico de ESSA quedaría en $5.594.951. Bajo el supuesto de un incremento similar en los otros aspectos ese ingreso quedaría en un total de $12.193.483.
Esa carga salarial se multiplicaría por 442 personas que tienen ese cargo técnico en la compañía.
¿Riesgo de apagón?
El riesgo para los usuarios y las advertencias de diferentes gremios nacionales es que ante una eventual emergencia con la que no se cuenta con todo el personal de servicio, por lo que cualquier intervención podría tomar más tiempo.
Actualmente, la ESSA cuenta con 958.344 clientes, entre ellos, más de 243.000 pertenecen a zonas rurales, 64.833 clientes tienen servicio de energía prepago.
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Dentro de esos usuarios hay al menos 71 con condiciones especiales de salud electrodependientes, insulinodependientes, personas con oxígeno, diálisis y medicamentos refrigerados, entre otros.
Esa muestra, que solo tiene en cuenta los reportes voluntarios, representa a las personas que dependen clínicamente del suministro continuo de energía eléctrica en Santander.
Esa compañía suministra energía al menos a 517 establecimientos de salud como almacenes de vacunas, centros de rehabilitación, fundaciones, puestos de salud, entre otros.
El costo de una nueva convención colectiva
El valor de la convención colectiva que tenían Sintraelecol y la compañía asciende a los $98.563 millones. Este costo implica salarios, beneficios y ayudas sindicales. Sin embargo, las peticiones actuales del sindicato duplican esos alcances.
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Vanguardia conoció las pretensiones de Sintraelecol ascienden a los $243.601 millones. Tan solo para dimensionar, esta cifra implica casi el mismo tamaño de las ganancias que tuvo la ESSA en 2024 ($252.159 millones), según el balance de la Superintendencia de Sociedades.
El factor más importante tiene que ver con los salarios que pasarían a representar $132.395 millones.
El segundo rubro que más impacto tendría es el de nuevos artículos que costaría $98.607 millones al año. Entre estos se cuentan beneficios como disponibilidad de turno, bonificación extraordinaria por suscribir la nueva convención colectiva, reconocimiento por antigüedad, teletrabajo, formalización laboral de contratistas, entre otros.
Cumplir las peticiones del sindicato implica una diferencia de $145.038 millones.














