La medida busca cubrir la nómina pública con recursos de las AFP en solo 30 días. Analistas prevén riesgos legales y caída en los intereses ganados.
Publicado por: Redacción Vanguardia
El tablero pensional en Colombia acaba de sufrir un sacudón que pocos esperaban con tanta celeridad. Mientras las altas cortes definen el futuro de la reforma, el Gobierno Nacional decidió pasar a la acción mediante un decreto que ordena el traslado de $25 billones desde los fondos privados (AFP) hacia Colpensiones. La noticia, que cayó como un “balde de agua fría” en el reciente Congreso de Asofondos en Cartagena, no es solo un movimiento contable; es una decisión que pone sobre la mesa una preocupación inminente: la rentabilidad del ahorro de los colombianos.
La orden del Ministerio de Trabajo es tajante y los plazos, asfixiantes. En apenas un mes, la totalidad de estos recursos deberá cambiar de manos, una maniobra que, según los gremios, podría marchitar los rendimientos que durante los últimos 15 años han promediado un robusto 8,5% real anual.
El traslado de $25 billones a Colpensiones ya es un hecho… pero la gran pregunta es: ¿qué pasará con su ahorro pensional?
— Portafolio (@Portafolioco) April 23, 2026
El presidente de Asofondos (@fondosdepension), Andrés Velasco, explica el impacto real de este decreto del Gobierno Petro y lo que viene para millones de… pic.twitter.com/3PsZ4zF1rR
La incertidumbre sobre quién y cómo manejará su dinero
El nudo del problema no es solo el traslado, sino el destino y la gestión de esos recursos. Andrés Velasco, presidente de Asofondos, advierte que este movimiento generará un deterioro en la rentabilidad, una especie de “devaluación” del ahorro pensional. La razón es simple: las AFP funcionan como inversionistas de largo plazo, mientras que el rol de Colpensiones es distinto. Según Velasco, existe una profunda incertidumbre legal sobre los esquemas fiduciarios que recibirán el dinero, pues no hay claridad sobre su alcance ni sobre si los contratos actuales permiten gestionar semejante volumen de capital.
Desde la otra orilla, Jaime Dussán, presidente de Colpensiones, defiende la medida asegurando que los recursos estarán bajo la fiduciaria de la Previsora Nacional, cumpliendo con las normas vigentes. Sin embargo, para Daniel Wills, vicepresidente técnico de Asofondos, el riesgo es operativo. Si el traslado se hace mediante títulos, Colpensiones se verá obligado a liquidarlos para cumplir con su función principal: pagar mesadas, perdiendo la potencia de la inversión a largo plazo que hoy beneficia a los cotizantes.
Un decreto bajo la lupa y plazos que corren
El Gobierno justifica esta decisión bajo la premisa de corregir lo que denomina una “desnaturalización de la lógica solidaria”. Con una nómina pensional que en 2024 alcanzó los $55,5 billones, el Ejecutivo argumenta que ya hay más de 22.000 nuevos pensionados que migraron del régimen privado a Colpensiones, pero cuyos ahorros seguían en las AFP. Para el Ministerio, es necesario unificar esas cuentas para cubrir el hueco fiscal.
No obstante, el camino legal de este Decreto 0415 de 2026 parece que será accidentado. Expertos como Camilo Cuervo, de Holland & Knight, señalan que la norma podría ser ilegal al intentar reglamentar disposiciones que aún no están plenamente vigentes. Mientras los abogados preparan las acciones legales, el cronograma sigue en marcha: el primer 50% de los recursos debe moverse en 20 días y el resto en los 10 días siguientes. El reloj corre y el bolsillo de los ahorradores está en el centro de la disputa.
