Uno de cada diez colombiano no tiene trabajo. Seis de cada diez vive en la informalidad. En empresas de hasta nueve empleados está el 95% del empleo. 97% tiene máximo tres empleados. 81% de las empresas del país son informales. El 92% no hace aportes a seguridad social.
Con estas cifras la Misión de Empleo entregó la semana pasada las recomendaciones, tras un análisis detallado del mercado laboral de Colombia.
Esto podría convertirse en una hoja de ruta para mejorar las condiciones del empleo para lo que queda de este Gobierno y para el próximo, que se inicia el 7 de agosto, o más bien un diagnóstico más que se va a los anaqueles para la incapacidad institucional de ponerlo en práctica.
La secretaría técnica estuvo a cargo del DNP y el Ministerio del Trabajo, los jefes de la Misión fueron Santiago Levy y Darío Maldonado.
El estudio estuvo apoyado por expertos, el Banco Mundial, el Banco Centroamericano de Integración Económica, el PNUD, la Organización Internacional del Trabajo y el Banco Interamericano de Desarrollo.
El diagnóstico de la precariedad del mercado laboral colombiano no es nuevo, al igual que las recomendaciones del informe, incluso algunas han sido analizadas en debates en la última década, como el sistema de seguridad social.
Sin embargo, llega en un momento coyuntural para poner sobre la mesa una eventual reforma laboral, que iría de la mano de tributaria y pensional.
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Los dos ejes de análisis
Germán Machado, docente de Economía, considera que el informe de la Misión de Empleo debe ser un eje central del debate político para los próximos meses y para guiar las prioridades del próximo Gobierno.
“Un primer eje urgente es facilitar la formalización de las microempresas que hoy son informales, que bordea el 90% de las empresas del país y que se han quedado por fuera de los programas de apoyo creados hasta el momento, como el PAEF. Un segundo eje es permitir el acceso de los trabajadores informales a las coberturas del sistema de seguridad social”, asegura el economista.
Los problemas del mercado laboral
Por su parte, la economista Angélica Benavides, de @EconomiaPipol, menciona que los problemas principales del sistema laboral son la alta informalidad, la brecha de género, las dificultades de los jóvenes para entrar al mercado y las fallas en el sistema de cotizaciones a la seguridad social.
“Las recomendaciones de esa comisión son cambios que nos tomarían varios años para implementar y dependemos también de qué tanto de las propuestas acogen los políticos y el próximo Gobierno. Es importante que el actual, pese a que está a unos meses de finalizar, empiece a socializar los resultados de la Misión para que vaya abonando el terreno sobre los cambios que se necesitan hacer”, indica Benavides.
Por ejemplo, mientras que la Misión recomendó que el salario mínimo es una barrera muy alta para entrar a la formalidad y pidió bajar ese umbral, el Ministro de Trabajo respondió que eso no es posible políticamente.
Que se discutan los problemas
El analista económico Mateo Rivera agrega que lo relevante de este informe es que se discuta, más aún cuando se está en vísperas de elecciones presidenciales y legislativas.
“Sería lamentable, como ha pasado con otras misiones, que las recomendaciones queden relegadas a los anaqueles de los recuerdos”. Reiteró que el gran problema laboral del país es la informalidad, tanto en empleo como a nivel empresarial.
Es fundamental comenzar a discutir sobre la necesidad de una flexibilización del mercado laboral para incrementar la productividad laboral. La legislación actual crea barreras a la formalidad.
Mateo Rivera, magíster en Economía y analista económico.
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Funciona mal
En su newsletter, el economista Martín Jaramillo plantea que el informe de la Misión es un insumo para tener un mercado laboral más libre, más dinámico, más enfocado a la productividad, al crecimiento y a la prosperidad, especialmente la de los más pobres.
“Sin embargo, hay vaguedad en algunos de sus recomendaciones sobre cuál debe ser la tasa de cotización, cómo debe quedar el salario mínimo y a qué arreglo institucional debemos llegar con las cajas. La realidad es que esas discusiones, si bien deben ser guiadas con estimaciones rigurosas y premisas bien definidas, son discusiones políticas con implicaciones morales profundas”, advierte Jaramillo.
Asevera que la Misión acierta al recordar que el mercado laboral colombiano funciona muy mal, “que eso que llamamos “protección social” en Colombia ni protege, ni es social, y que las leyes que tenemos actualmente dificultan la creación de buenos empleos”.
Las dos opciones del DNP
Alejandra Botero Barco, directora del DNP, aclara que para enfrentar los retos del mercado laboral no se resuelven con una sola reforma.
“Debe pensarse en un proceso de reformas, cuya velocidad y secuencia depende de consensos políticos, consideraciones fiscales y otros factores. El punto de partida para mejorar el status quo debe ser la elaboración de una visión integral de las principales políticas, que logre compatibilizar dos objetivos complementarios: extender y mejorar la protección social para los trabajadores y crear mejores condiciones para que las empresas generen empleos más productivos y mejor remunerados”, explica Botero.
Recomendaciones
El documento ejecutivo de 39 páginas que puede consultar en misionempleo.gov.co presenta cinco recomendaciones principales: salario mínimo más bajo, urge una reforma pensional, más mujeres en el tejido empresarial, fortalecer el sistema judicial laboral y reorganizar la salud.
1. Salario mínimo más bajo
La principal conclusión de la Misión es que el salario mínimo en Colombia es muy alto. Los expertos precisaron que esto no se refiere a los ingresos que requiere una familia para obtener la canasta básica, sino a la media que registran los empleados del país, porque el mínimo se considera como la puerta de entrada a la formalidad. La Misión sugiera levantar ese piso como umbral y establecer uno más bajo, con el fin de fomentar la formalidad. Esta recomendación se entiende porque el 50% de los trabajadores en las grandes ciudades no alcanza a ganar un salario mínimo al mes, mientras que en las zonas rurales es del 70%.
2. Urge una reforma pensional
Los expertos diagnosticaron que los malestares en pensión parten de que hay dos regímenes: el Régimen de Prima Media y el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad. El problema radica en que la competencia de los dos no es provechosa para quienes planean jubilarse. Otro problema son los subsidios, que en el fondo privado son los mismos ahorradores quienes financian a aquellos que no logran completar el monto estipulado, y que hay un gasto innecesario del subsidio gubernamental para el fondo público. La Misión sugiere que las condiciones de los trabajadores para pensionarse se revisen, debido a que las actuales son difíciles de alcanzar y obstaculiza la formalidad, por ejemplo, solo un empleado de cada tres cotizantes logra pensionarse.
3. Más mujeres en el tejido empresarial
La Misión reveló que el nivel de escolaridad de las mujeres en edad de trabajar es superior al de los hombres, pero esa ventaja no se ve reflejada en el mercado laboral, ya que las cifras demuestran que el desempleo es mayor en las mujeres. Además, sus ingresos salariales son inferiores al de los hombres. Los expertos recomiendan más políticas y herramientas que permitan a las mujeres seguir trabajando durante el tiempo después del parto, como mayor inversión pública y privada en los sistemas de cuidado. Si se avanza en este ámbito, se aprovecharán esas destrezas y capacidades que las mujeres poseen para aportarle al tejido empresarial.
4. Fortalecer el sistema judicial laboral
Los jefes de la Misión evidenciaron que el sistema judicial es otro componente que obstruye el camino hacia la formalización, hallaron que en temas labores es débil. Esto ha generado que las empresas, en especial las mipyme en algunos casos evadan las normas, pues saben que son pocas las probabilidades que las sancionen. Por ejemplo, contrataciones por debajo del mínimo, el no pago de parafiscales, despidos injustificados, entre otros. La Misión hace un llamado a fortalecer el sistema judicial en el ámbito laboral de forma progresiva para encontrar soluciones.
5. Reorganizar la salud
La Misión destacó que el acceso a la salud sea un derecho y aún más un requisito para los trabajadores tanto formales como informales, pero este tema se ha convertido en otro obstáculo para la formalización del mercado laboral. Los expertos calculan que para los trabajadores por cuenta propia con ingresos superiores al mínimo, las cotizaciones a la salud representan el 12,5% de su salario, más el 16% para pensión. Piden revisar el umbral del salario mínimo para la salud ya que los empleados con ingresos inferiores al mínimo tendrían aportes a salud por encima de sus ingresos.
SOLUCIONES
Javier Orlando Acevedo, analista y director de la UIS Barrancabermeja, presenta nueve soluciones:
1. Hacer un cambio estructural en políticas sobre creación de empleo, salarios, seguridad social, protección laboral, riesgos y auxilios para empresarios, para promover empleo.
2. Hacer una estrategia fiscal para que se cumpla la transformación en las políticas de empleo.
3. Volver más competitivas las empresas para crecer con mayor capacitación e innovación.
4. Ampliar la protección social a todos los trabajadores.
5. Reducir el indicador de empresas informales.
6. Los programas de protección laboral deben ser independientes del nivel de ingreso.
7. Evaluar las condiciones para ser pensionados.
8. Fortalecer el sistema pensional e inyectarle más recursos con una reforma legislativa.
9. Se debe ser más prudente con el salario mínimo.
Legislación laboral
El 12 de enero se socializaron los resultados de la Misión de Empleo, a cargo del DNP y Mintrabajo. Ante esto, Carlos Camargo, especialista en Derecho Laboral y Relaciones Empresariales, recuerda una de las frases iniciales de la directora del DNP: “Un mercado laboral que funcione adecuadamente es fundamental para el desarrollo económico y social de un país”.
Sin embargo, quedó evidenciado en el Informe que, aunque en principio debió ser tripartito, con intervención de trabajadores, empleadores y organizaciones sindicales, realmente fue liderado por funcionarios del Gobierno nacional.
“Llamó la atención el relativo a la legislación laboral y de seguridad social, no solo porque reitera la necesidad de un nuevo estatuto del trabajo que considere las nuevas realidades sociales y empresariales, sino también porque omitió referirse a las deficiencias de la normatividad laboral que precisamente afectan a los empresarios más pequeños”, explica el abogado.
Estas condiciones, según Camargo, hace que muchas empresas se abstengan de dar un paso hacía la formalidad en la contratación de sus trabajadores.
“Se necesitan reglas distintas o especiales para garantizar los derechos de los trabajadores de las pequeñas empresas. El informe de la Misión deja en evidencia que en Colombia no puede haber una normatividad unánime, puesto que la división entre grandes, medianas, pequeñas y microempresas es evidente”.
Otro de los temas más relevantes que trató la Misión fueron los componentes de la Protección Social.
“En Colombia, el derecho a la seguridad social, a pesar de ser de rango fundamental, deja descubierto a gran parte de la población, aun cuando desarrollan actividades laborales. Así pues, la protección social es un tema transcendental para la formalización del empleo, especialmente el independiente”.
Para Camargo, el informe resalta dos grandes errores del sistema. El primero es el caso de los trabajadores independientes a quienes se les impone el costo total de los aportes a seguridad social con un Ingreso Base de Cotización (IBC) del salario mínimo.
“Esto, además de problemático, conlleva a este tipo de trabajadores a la informalidad agravando una problemática social inminente”.
El segundo aspecto, aún más difícil, es el escenario de las personas que devengan un salario inferior al mínimo.
“Este trabajo en jornadas parciales también contribuye a la economía nacional, pero tienen, como se observa, una gran desprotección en materia de seguridad social”.
Frente a estas dos problemáticas, dice el especialista laboralista, el informe, de manera tímida y poco clara, propone que los casos de las personas “abandonadas” por las normas vigentes surjan de impuesto que induzcan a la verdadera universalidad de la protección social.
Las recomendaciones y análisis de la Misión de Empleo, advierte Camargo, únicamente serán viables en la medida en que exista también una iniciativa legislativa seria que regule situaciones reales y concretas del país. De lo contrario, las problemáticas estructurales seguirán afectando el mercado laboral y los derechos de trabajadores y empleadores.