La Cámara Colombiana de la Infraestructura advirtió que, de no hacerse el ajuste del 9,28 %, se abrirá un boquete fiscal de $10,8 billones -entre 2024 y 2040-, como resultado de no subir por segunda vez los precios de los peajes.
Publicado por: Miguel Orlando Alguero
El pasado 16 de enero, bajo el mandato del Decreto 2287 de 2023, entró en vigor la indexación en las tarifas de los peajes del país, tomando como referencia el 13,12 %, correspondiente al Índice de Precios al Consumidor (IPC) del 2022.
Este decreto fue el primer paso para normalizar el alza de las tarifas de peajes en Colombia, de manera progresiva, que estaban congelados desde enero del 2024 por el Decreto 050, que tuvo efectos durante todo lo corrido del año pasado.
Es decir, en menos de seis meses, los peajes subirán 22 %, que corresponde al tiempo en que no se ajustaron por decisión del Gobierno Petro.
No ajustar tarifas de peajes con IPC del 2023, abriría un boquete fiscal de $10,8 billones.
— Juan Martin Caicedo (@JMCaicedoFerrer) February 2, 2024
El Estado se vería obligado a sacrificar inversiones en sectores sensibles como salud, educación, vivienda o justicia.
El pasado 16 de enero, bajo el mandato del decreto 2287 de 2023,...
Ante esta situación, la Cámara Colombiana de la Infraestructura hizo un llamado a la estabilización de las mencionadas tarifas para que sea definitiva, ya que aún queda pendiente que el Gobierno haga un nuevo ajuste en el cobro de los peajes sobre el IPC del 2023, correspondiente a 9,28 %.
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Por eso, el gremio de la infraestructura colombiana advirtió que, de no hacerlo, se abrirá un boquete fiscal de $10,8 billones -entre 2024 y 2040-, como resultado de no ajustar por segunda vez los precios.
Según Juan Martín Caicedo Ferrer, presidente Ejecutivo de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, resulta inaplazable hacer el ajuste del 9,28 % para garantizar la buena construcción, operación y mantenimiento de las carreteras concesionadas del país, las cuales han contribuido de manera exponencial a superar un rezago histórico en materia de infraestructura vial.
“Sobre los hombros del Estado -sobre las finanzas públicas- caería el peso de compensar este hueco fiscal de casi $11 billones. De esta manera, el propio Estado se vería en la penosa e innecesaria obligación -en aras de equilibrar la balanza- de recortar inversiones en sectores neurálgicos como los de la salud, la educación, la vivienda o la justicia”, sentenció Caicedo.
Sobre el congelamiento de peajes, luego levantar la medida y después reversarla, la Cámara Colombiana de la Infraestructura advirtió que este hecho equivale a una señal contradictoria, “justo en el momento en que el decaimiento de la economía reclama señales positivas al mercado, y la aceleración de las obras de infraestructura”.
El gremio reiteró que la ausencia de seguridad jurídica menoscaba la confianza de inversionistas y financiadores en proyectos de envergadura y de largo plazo.
Otros actores del sector, como los gremios de transportadores, han alertado un fuerte incremento de costos operativos por el aumento de los peajes y el salario mínimo para 2024, por lo cual, han reiterado al Gobierno no elevar los precios del Acpm.
El próximo 7 de febrero se hará la reunión para definir el alza del combustible.
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