Los delincuentes participaron en múltiples hechos delictivos en medio del conflicto armado. Los investigadores detallan los hechos.
Publicado por: Redaccción Judicial
La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá condenó a 25 exintegrantes del extinto Bloque Tolima de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) por su participación en 105 hechos delictivos cometidos en el marco del conflicto armado. La decisión fue tomada con base en las pruebas y argumentos presentados por un fiscal de la Dirección de Justicia Transicional de la Fiscalía General de la Nación. Lea aquí: Menor muere por bala perdida mientras jugaba fútbol en Santander
Entre los sentenciados se encuentran Atanael Matajudíos Buitrago, alias “Juancho”, segundo cabecilla de la estructura paramilitar y jefe del Frente Norte; Diego Hernán Vera Roldán, alias “Águila”, jefe armado; Ricaurte Soria Ortiz, alias “Jetechupo” u “Orlando Carlos”, jefe financiero de la zona sur; José Albert Rivera Vera, alias “Diecinueve”, y otros integrantes con funciones en contraguerrilla, escuadras, patrullas y operaciones urbanas.
Las investigaciones establecieron que el Bloque Tolima participó en homicidios múltiples, desapariciones forzadas, desplazamientos forzados, destrucción y apropiación de bienes protegidos, así como delitos contra comunidades étnicas. Entre los crímenes que motivaron la condena se encuentran las masacres de Montefrío, donde fueron asesinadas 10 personas; la de Montoso, en la que perdió la vida Humberto Millán Millán, presidente de la Junta de Acción Comunal del municipio; la del Neme, en la que cuatro pobladores fueron torturados y asesinados; y la de Santiago Pérez, donde tres habitantes fueron ultimados tras ser señalados erróneamente como colaboradores de grupos guerrilleros. Lea aquí: Hallan cadáveres de madre y su hija con heridas de arma de fuego
En la sentencia, el tribunal ordenó la extinción de dominio sobre tres bienes entregados y denunciados por Ricaurte Soria Ortiz, los cuales fueron destinados a la reparación de las víctimas. En total, la decisión busca resarcir los daños y perjuicios ocasionados a 69 víctimas directas y 74 indirectas, así como a otras 33 víctimas directas y 45 indirectas reconocidas en fallos previos contra el mismo grupo paramilitar.
Los condenados deberán cumplir penas de entre 240 y 480 meses de prisión, además de multas que oscilan entre 9.000 y 58.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Asimismo, quedaron inhabilitados para ejercer cargos públicos. No obstante, en aplicación de la Ley de Justicia y Paz, podrán acceder a la pena alternativa de ocho años de prisión, de acuerdo con los parámetros establecidos en la normatividad vigente.
