La propuesta de hacer de Barranquilla una capital alterna ha reavivado un debate histórico sobre el centralismo que ha marcado el modelo de Estado desde la Independencia. Más que discutir las ciudades propuestas o las oficinas que se trasladarían, la pregunta de fondo gira en torno a la descentralización y a la concentración del poder en Bogotá.
La elección de la capital de Colombia responde a una herencia colonial sustentada en razones políticas y militares del Reino de la Nueva Granada. Su ubicación en el altiplano andino constituía una ventaja que facilitaba el control territorial y protegía a la administración de los constantes ataques que sufrían las ciudades costeras por parte de los enemigos de la Corona española, circunstancias que, si bien justificaron esa decisión hace más de tres siglos, no explican la actual organización territorial.
Tras la Independencia, el debate entre centralismo y federalismo definió buena parte del siglo XIX. La discusión sobre si el poder debía concentrarse en un solo gobierno central o dividirse entre las provincias tuvo momentos álgidos, como la denominada “Patria Boba”, las guerras civiles y la promulgación de la Constitución de 1863, que otorgó amplias competencias a los Estados Soberanos y permitió que regiones como Santander consolidaran importantes niveles de autonomía política, fiscal y administrativa, favoreciendo el desarrollo económico y la modernización institucional.
Dicho modelo terminó con la llegada de los “regeneradores”, quienes, bajo el mando de Rafael Núñez, transformaron los Estados Soberanos en departamentos, otorgaron amplios poderes al Presidente de la República, crearon una moneda única y unificaron los códigos civiles y penales para todo el país. Fue un duro golpe para los territorios, que perdieron autonomía fiscal debido al despojo de rentas estratégicas, la creación del situado fiscal y la creciente dependencia del Gobierno nacional para el desarrollo de infraestructura local.
La Constitución de 1991 representó un avance al fortalecer la autonomía fiscal y territorial, la descentralización administrativa y la elección popular de alcaldes y gobernadores. No obstante, tres décadas después, las regiones continúan dependiendo de las decisiones políticas y fiscales del nivel central. La distribución de los recursos públicos, la ejecución de proyectos de infraestructura y la toma de decisiones estratégicas siguen evidenciando una marcada concentración del poder.
Después de más de dos siglos de vida republicana, el centralismo sigue en el ojo del huracán, sosteniendo un modelo de organización que, pese a las reformas institucionales, aún no ha logrado un equilibrio real entre la Nación y sus territorios. La descentralización va más allá de escoger una ciudad, exige una discusión sustentada en criterios históricos, técnicos, jurídicos y políticos, que permita fortalecer las capacidades de decisión, financiación y planificación de las regiones como condición indispensable para el desarrollo del país.
