Esta semana estuve siguiendo el caso de Juliana Guerrero con mucho interés, no tanto por ella, sino por la reacción que generó la condena. Lo que vi en redes sociales, en los medios y en los comentarios de la gente fue una indignación que, siendo comprensible desde lo emocional, revela un problema serio: en Colombia poca gente entiende cómo funciona realmente el sistema penal.
Repasemos los hechos. Juliana Guerrero presentó títulos falsos para aspirar al cargo de viceministra de las Juventudes en el gobierno Petro. Lo dijo ella a viva voz en la audiencia. La Fiscalía la investigó, llegaron a un preacuerdo, ella aceptó su responsabilidad por el delito de fraude procesal y un juzgado la condenó a tres años de prisión con suspensión condicional de la ejecución de la pena. Además, le impusieron una multa cercana a los 175 millones de pesos y la inhabilitaron para ejercer cargos públicos durante dos años y medio. Sin un día de cárcel.
Y ahí fue que se armó el escándalo. Que la justicia es para los de ruana, que Petro intervino, que hay impunidad y otro poco de barbaridades. Pero resulta que no; el sistema funcionó exactamente como debe funcionar.
La justicia premial existe en Colombia y tiene una razón de ser muy clara. Cuando un procesado acepta su responsabilidad, colabora con la justicia y llega a un preacuerdo con la Fiscalía, el Estado le reconoce esa colaboración con una reducción de pena o con beneficios como la suspensión condicional. No es un favor ni un privilegio, sino un mecanismo que la ley contempla expresamente y que tiene dos grandes ventajas: el Estado se ahorra un juicio largo, costoso y de resultado incierto, y el procesado evita una condena mayor si lo vencen en juicio oral. Los dos ganan algo.
Ahora bien, que el mecanismo sea válido no significa que el hecho sea menos grave. El juez fue clarísimo en eso durante la audiencia y no le ahorró palabras a Guerrero. Le dijo que no fue un simple error, que la gravedad de lo que hizo era innegable y que la condena quedaba vigente con todas sus condiciones. Ella sale en libertad, pero cargando una condena, una multa de 175 millones y una inhabilidad que le cierra las puertas del sector público por años.
Colombia necesita entender que la justicia no siempre se mide en años de cárcel, en castigo con sangre, por decirlo de alguna forma. A veces se mide en la capacidad del sistema de resolver casos con eficiencia y con resultados concretos. Eso fue lo que pasó esta semana, aunque resulte indignante para algunas personas.
