El pasado 26 de agosto, Petro y Cepeda presentaron a algunos exministros y exdirectores de entidades nacionales del gobierno anterior como su “Gabinete por la Vida”. Su propósito es fiscalizar las políticas implementadas por Abelardo de la Espriella y proponer alternativas, al estilo del “Shadow Cabinet” o Gabinete en la Sombra, cuyo modelo es el Reino Unido.
La temática constará de dos documentos: el primero detallará su funcionamiento y el segundo evaluará su aplicación en Colombia.
El gabinete en la sombra es una institución inherente a los regímenes parlamentarios, en donde el parlamento ejerce la supremacía, posición totalmente diferente al régimen presidencialista que prevalece en Colombia. En ese contexto, la autoridad ejecutiva es ejercida por el primer ministro, quien es seleccionado por el parlamento, que a menudo es el líder del partido mayoritario, o quien logra formar una coalición mayoritaria. Por consiguiente, el primer ministro y su gabinete responden ante él por todas las políticas y decisiones que adopte.
El gabinete lo compone un grupo de parlamentarios del principal partido opositor, constituyéndose como gabinete alternativo al gobierno en ejercicio. Cada ministro en la sombra desempeña la misma labor del ministro en funciones y actúa como vocero del partido y contraparte directa en los debates parlamentarios y en los turnos de preguntas. Para que el ministro en la sombra reemplace al titular, es necesario que haya una sustitución del gobierno actual debido a la pérdida de confianza del parlamento, cuando sus políticas son rechazadas. Ese es el resultado lógico de la competencia electoral, que en dicho sistema es indispensable para presentarse ante el electorado como alternativa de gobierno.
Este modelo es implementado en Australia, Canadá, Nueva Zelanda y Sudáfrica. Aunque se ha procurado en España, no ha obtenido una acogida adecuada. En Chile, el gobierno de Gabriel Boric intentó adoptarlo, pero acabó siendo comparado burlonamente con el de Juan Guaidó en Venezuela, ya que, en ese país, al igual que en Colombia, predomina un régimen presidencialista.
El “Gabinete en la Sombra” promueve la excelencia técnica del debate; dirige y disciplina a la oposición; disminuye la incertidumbre entre el electorado y los mercados; facilita la transición gubernamental y robustece el pluralismo democrático. Pero representa un riesgo por la presencia de un gobierno paralelo que aspira a una doble legitimidad; por la ambigüedad en su financiación, la transparencia y el previsible conflicto de interés que puede presentar; el peligro por el personalismo que ejerce el líder del partido opositor al actuar como primer ministro en la sombra.
Por consiguiente, pregunto: ¿Es factible tanto jurídica como funcionalmente trasplantar una institución nacida bajo la lógica de los regímenes parlamentarios a un régimen presidencial como el colombiano? Respuesta en la siguiente columna.
