Los nueve países que comparten la selva del Amazonas, en deuda ambiental.
Los devastadores incendios forestales que consumen el Amazonas desde hace 20 días y que ‘ahogan’ al pulmón del planeta, sitúan en el centro del debate si los países que comparten este territorio hacen los suficientes esfuerzos para cuidar la selva tropical más grande del mundo.
Además de Brasil, foco de la crisis por las llamas, Perú, Bolivia, Colombia, Venezuela, Ecuador, Guyana, Guayana Francesa y Surinam se reparten los 6.7 millones de kilómetros cuadrados (dos veces el tamaño de India) de la selva amazónica. Pero las políticas ambientales de muchos de estos países, se quedan en el papel.
Al margen de la crisis de los incendios que han ‘encendido’ la alarma mundial, el problema de fondo es que la mayor reserva de biodiversidad del mundo ha perdido en los últimos 50 años el 20% de su territorio por acción del hombre. Y cada vez está más cerca de un punto de no retorno.
Cada uno de estos países suma deforestación, aunque con problemáticas particulares, y en muchos casos bajo la anuencia o indiferencia de los mismos gobiernos.
Solo Brasil, que alberga el 60% del bosque del Amazonas, en 2018 perdió 1,3 millones de hectáreas, la mayor deforestación del mundo, según reveló un informe de Global Forest Watch.
Colombia es un caso preocupante. Ocupa el cuarto lugar a nivel mundial, solo superada por Brasil, la República del Congo e Indonesia. El país perdió 138.176 hectáreas en la Amazonía en 2018.
Con su llegada al poder en enero pasado, Jair Bolsonaro se mostró abiertamente favorable a la expansión comercial en la selva amazónica brasileña, sin detenerse a pensar en sus consecuencias.
Es más, un informe del Instituto del Hombre y el Medio Ambiente de la Amazonía, señala que la tasa de deforestación en la selva brasileña creció un 66% en julio pasado en comparación con el mismo mes de 2018.
En ese contexto, Juan Pablo Ruiz, economista ambiental y profesor de la Universidad Externado de Colombia y la Universidad del Rosario, recuerda que Bolsonaro desde la campaña presidencial dijo que la legislación ambiental generaba obstáculos para el desarrollo y, a partir de esa perspectiva, siempre se propuso una revisión de dicha legislación.
Eso “incluía una revisión de la normatividad que esta generando la política de protección de la Amazonía, que había sido impulsada en los gobiernos anteriores y había generado un cambio significativo en la tendencia deforestadora del Brasil”, explica.
Sin embargo, agrega que Bolsonaro, dentro de su propuesta de beneficiar a las grandes empresas y propietarios de tierras, incluyó el desmonte de la legislación, cosa que está en proceso, “y que de alguna manera ese visto bueno a la deforestación viene a incentivar las quemas en la Amazonía”.
Para Juan Carlos Quintero, directivo e investigador de la Universidad Piloto de Colombia, las políticas de desarrollo de Brasil, a pesar de tener una normativa ambiental para proteger la selva, no se han aplicado con la severidad y firmeza que se debería.
El problema, según él, no es exclusivo de Brasil, pues considera que tiene mucho que ver con la implementación de las políticas ambientales de los países amazónicos y con alternativas económicas, y procesos productivos y de desarrollo para mejorar la calidad de vida de la sociedad, entre ellos indígenas y colonos.
“En el papel se han quedado las políticas y las leyes para evitar la deforestación, que ha aumentado año a año y en Brasil es peor, porque los campesinos, ganaderos y agricultores están apoyando a Bolsonaro” y él, a su vez, tiene que compensar esto, describe el biólogo de la Universidad Javeriana con Magíster en Gestión Ambiental.
Ruiz apunta que la reacción de los países para proteger la selva amazónica es tardía en el sentido de que ya se ha perdido entre el 20% y 25% de la misma.
Es decir, “la respuesta ha sido tardía para ciertas zonas, donde la pérdida del bosque ha significado un cambio en el ciclo del agua y empieza a afectar, por ejemplo, el abastecimiento de agua para la ciudad brasileña de Sao Paulo”, comenta el experto ambiental.
Entonces, es fundamental, a su juicio, tener una clara posición de que en las zonas en las cuales ocurren incendios forestales, no se va a permitir en el futuro la transformación en áreas de cultivo o de ganadería.
De hecho, Bolsonaro ha insistido en que hay una “guerra de desinformación” en torno a los incendios y ha retirado el financiamiento a las ONG, mientras ambientalistas señalan que hay muchos intereses en la región detrás de los incendios.
Por su parte, el biólogo Quintero asegura que el problema ambiental del Amazonas es muy viejo porque tiene unas implicaciones sociales y económicas de una vasta región donde habitan cerca de 32 millones de personas.
Igualmente subraya que, si bien el ultraconservador presidente brasileño ha sido blanco de críticas por su postura frente al tema del Amazonas, también advierte que la situación se ha politizado con las ONG, a tal punto que estima que la crisis de los incendios ha sido utilizada como argumento político de ambas partes.
