Según Human Rights Watch, los grupos armados que operan en el departamento de Arauca y en Apure “utilizan la violencia para controlar la vida cotidiana de las personas”.
Publicado por: Agencia Efe
Los grupos armados ilegales que están enfrentados en el departamento colombiano de Arauca y en el vecino estado venezolano de Apure han cometido “múltiples abusos” contra los pobladores de la zona, incluso con la complicidad de militares venezolanos, reveló un informe publicado ayer por Human Rights Watch (HRW).
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Los enfrentamientos por el control territorial entre la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (Eln) y el Comando Conjunto de Oriente, una coalición de grupos disidentes de las antiguas Farc, comenzaron el pasado 1 de enero y han dejado decenas de muertos, al menos 3.860 desplazados internos en Arauca y más de 3.300 personas han huido de Venezuela a Colombia, señala el informe.
Para esta investigación, Human Rights Watch visitó en febrero pasado los departamentos colombianos de Arauca y Vichada y entrevistó a más de 100 personas entre líderes comunitarios e indígenas, funcionarios judiciales, autoridades locales y representantes de organizaciones humanitarias y de derechos humanos, así personas del común, 43 de las cuales dijeron haber huido de Apure por la violencia del Eln y las disidencias de las Farc.
Aplican sus propias reglas y sanciones
Dichos grupos “utilizan la violencia para controlar la vida cotidiana de las personas. Imponen sus propias reglas, incluyendo toques de queda, la regulación de la pesca, el pago de deudas y el horario de cierre de los bares, y establecen sus propias sanciones para casos de violaciones, robos y asesinatos”, según HRW.
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“Ambos grupos armados han matado a decenas de personas. Muchos entrevistados dijeron que miembros del Eln buscaron a personas a las que acusaban de colaborar con grupos disidentes de las Farc” y, según testigos, asesinaron a unos y se llevaron a otros, señala el documento.
Según la Policía colombiana, entre enero y febrero pasados hubo 103 homicidios en Arauca, de lejos la cifra más alta para un primer bimestre del año al menos desde el 2010, indica HRW.
La investigación recoge numerosos testimonios, como el de Santiago Urrutia (seudónimo), quien dijo que el 1 de enero pasado miembros del Eln se llevaron, atado de manos, a su hermano Javier (seudónimo), de 26 años, de su casa en una zona rural de Tame (Arauca), acusándolo de “colaborar con el Comando Conjunto de Oriente”.
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El organismo señala que las autoridades colombianas han intentado disminuir el poder de los grupos armados en Arauca con el envío de refuerzos militares pero dichas operaciones “no han protegido suficientemente a la población”.
“Las autoridades colombianas deben redoblar urgentemente sus esfuerzos para proteger a la población y asistir a las personas desplazadas, y la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU debe investigar la responsabilidad de las fuerzas de seguridad venezolanas en los abusos de las guerrillas”, agregó la ONG.
