Varias ONG han denunciado condiciones de hacinamiento, fallas en el servicio de agua potable y electricidad en los centros penitenciarios del país, lo que ha motivado a los reclusos a hacer huelgas de hambre como forma de protesta.
Publicado por: NELLY VECINO PICO AGENCIA EFE
Venezuela registró 249 protestas en noviembre, entre las cuales 72 fueron para pedir el derecho a la justicia, principalmente para quienes consideran víctimas de “detenciones arbitrarias”, trabajadores, políticos y defensores de derechos humanos, según lo difunde este jueves un informe de la ONG Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS).
Entre las modalidades más frecuentes de manifestaciones en noviembre, la ONG informó de las vigilias llevadas a cabo por madres, esposas e hijas de presos, para pedir justicia y libertad para sus familiares detenidos tras las presidenciales del 28 de julio, cuando se desataron protestas contra el resultado oficial que dio la reelección a Nicolás Maduro.
Asimismo, el OVCS detalló que, de las 249 protestas, 151 fueron por derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, mientras que las 98 restantes fueron por derechos civiles y políticos, entre las que figuran las 72 manifestaciones por la justicia.
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Varias ONG han denunciado condiciones de hacinamiento, fallas en el servicio de agua potable y electricidad en los centros penitenciarios del país, lo que ha motivado a los reclusos a hacer huelgas de hambre como forma de protesta.
Petición a la iglesia
Familiares de “presos políticos” pidieron este miércoles a la Iglesia católica, mediante una carta entregada a la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV), que intervenga para que liberen a sus allegados, tanto en el contexto electoral como anteriormente.
El escrito, leído ante periodistas, expresa que la situación de los “presos políticos” ha generado “una profunda preocupación” a nivel internacional y nacional, ya que enfrentan “condiciones inhumanas” y un “encarcelamiento injusto que contraviene los principios básicos de dignidad y justicia”, por lo que se solicita la intervención de la Iglesia.
Además, en la misiva se reproducen las peticiones que han llevado familiares ante las autoridades, como que se permitan visitas en los penales “sin restricciones arbitrarias”, así como el acceso a servicios médicos “adecuados”, especialmente para aquellos con enfermedades crónicas, mujeres embarazadas y adolescentes.
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Asimismo, piden que en las cárceles se garantice la provisión de productos de higiene femenina y el acceso a tratamientos médicos especializados, además de permitir que los familiares ingresen medicinas y alimentos para sus allegados.
También solicitan acabar con las “condiciones de hacinamiento y tratos crueles y degradantes en los centros de reclusión”, así como que “cesen los traslados arbitrarios” sin informar a familiares.
“Solicitamos que se publique en la página web del Ministerio Público (Fiscalía) el listado de las personas trasladadas y así evitar los inconvenientes generados a los familiares”, reza el escrito.
Monseñor Rafael Bitter, subsecretario de la CEV, afirmó que las peticiones de la carta “son válidas” y “muy humanas”, al tiempo que indicó que enviará la misiva a la Presidencia de la Conferencia. Le puede interesar: Tragedia en Fresno: Una mujer muere accidentalmente por un disparo de su hijo de dos años
Por su parte, Mildred Martínez, esposa del preso Gilber Varillas -acusado de participar en una operación para presuntamente derrocar a Nicolás Maduro-, manifestó que “está delgado” y enfrenta problemas de suministro de agua en el penal donde se encuentra, el Rodeo I, en el estado Miranda.
Este miércoles, una docena de “presos políticos poselectorales”, entre ellos ocho menores de edad, fueron excarcelados en tres regiones del país, informaron familiares de los liberados a la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos.
De momento, la Fiscalía -que en noviembre solicitó a tribunales la revisión de casos de detenidos tras las elecciones- no ha informado sobre estas nuevas excarcelaciones.
Hasta este martes, la ONG Foro Penal, que lidera la defensa de estas personas, computaba un total de 1.913 “presos políticos”, la gran mayoría detenidos tras las presidenciales, así como 165 excarcelaciones, según dijo hoy a EFE el abogado Gonzalo Himiob, vicepresidente de esta organización.
