Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional, reconoce avances tras las recientes excarcelaciones, pero advierte que las estructuras que sostienen la represión permanecen.
Hay visitas que llegan acompañadas de una advertencia. Este lunes, Bogotá recibió a una de las voces más escuchadas del activismo mundial por los derechos humanos, una mujer que trajo una lectura incómoda sobre lo que ocurre al otro lado de la frontera y que la resumió con una imagen helada: la de una montaña de hielo de la que solo se ve una pequeña parte.
Se trata de Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional (AI), quien participó en un acto en la capital colombiana y habló de lo sucedido en Venezuela desde el 3 de enero, cuando una intervención de Estados Unidos terminó con la captura de Nicolás Maduro en Caracas. Además: ONU alerta que aparato represivo de Venezuela sigue intacto pese a excarcelaciones
Una represión que cambió de cara, pero no de raíz
Para Callamard, aquella operación no desmontó las estructuras que sostenían el control sobre los ciudadanos. Según explicó, en los últimos meses sí se han visto avances en materia de derechos humanos, pero existe el riesgo de que sean apenas superficiales.
“Nuestro análisis es que ha habido algunos avances, han liberado a algunas personas que estaban detenidas. Pero nuestra principal preocupación es que los mecanismos de represión no han cambiado, son las mismas personas, las mismas leyes, las mismas instituciones, la misma policía, nada ha cambiado”, denunció.
La dirigente insistió en que todo lo que hacía sistemática la represión sigue en pie. Añadió que su organización no percibe que el Gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, esté dando pasos suficientes para atacar unos mecanismos que calificó de profundamente arraigados.
Eso no significa que AI ignore lo positivo. Callamard celebró que la gente haya sido liberada y lo describió como un cambio formidable, sobre todo para los presos y sus familias. También valoró que algunas personas estén regresando a Venezuela, aunque teme que todo sea algo muy superficial, capaz de revertirse con rapidez. Siga informado: Venezuela negocia petróleo con EE. UU. mientras avanza el diálogo político
Excarcelaciones que alivian, pero no convencen
Tras la captura de Maduro, el Gobierno de Rodríguez anunció un proceso de excarcelaciones que se ha extendido durante todo el año y promovió una ley de amnistía que benefició a más de 8.000 personas. La mayoría de ellas, sin embargo, ya gozaba de libertad restringida, lo que matiza el alcance real de la medida.
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Callamard lo explicó con su metáfora. Las pocas medidas adoptadas desde la detención de Maduro merecen aplauso, pero hoy la punta del iceberg se ve un poco mejor, mientras que debajo permanece un iceberg de represión muy profundo que no está cambiando.
El goteo de liberaciones continúa. La ONG Foro Penal, líder en la defensa legal de los presos políticos, confirmó que 20 detenidos han sido excarcelados desde el viernes, cuando terminó la segunda ronda de diálogo entre el chavismo y la oposición impulsada por Estados Unidos.
Entre los liberados hay al menos seis vinculados a un fallido ataque marítimo contra el Gobierno en 2020 indicó la ONG Foro Penal. Le puede interesar: Venezuela desbloquea medios digitales tras años de restricciones y censura en internet
Los números no coinciden entre las organizaciones. La ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) habló de 39 excarcelaciones, de las cuales 17 no figuraban en sus registros de presos políticos.
Por su parte, Surgentes reportó ocho liberaciones de mujeres vinculadas a los llamados “tancol”, un acrónimo creado por las autoridades locales para referirse a “terroristas armados narcotraficantes colombianos”.
A su vez, la mayor coalición opositora, la Plataforma de la Unidad Democrática (PUD), registró 33 excarcelaciones de presos políticos desde el 21 de agosto. Según Foro Penal, antes de esta oleada había 344 presos políticos en el país. Le puede interesar: Trump pide elecciones en Venezuela mientras Delcy Rodríguez evita fijar una fecha
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Los presos de la ‘operación Gedeón’
Según el listado que Foro Penal publicó este domingo en su página web, los seis excarcelados relacionados con aquel ataque son Leonardo Chirinos Parra, Justo Pastor Daza, Alejandro Torres Rodríguez, Juan Fredd Acosta, Cosme Alcalá y Juan Torres.
La llamada ‘operación Gedeón’ se llevó a cabo el 3 de mayo de 2020. Un grupo de exmilitares venezolanos que habían desertado de las Fuerzas Armadas, junto con tres integrantes de un equipo privado de seguridad de Estados Unidos, intentó entrar a Venezuela por las costas de La Guaira y Aragua, donde fueron detenidos. Washington se desmarcó entonces del ataque, igual que el exdiputado opositor Juan Guaidó, quien lo tachó de “montaje”.
Todos los liberados desde el viernes son venezolanos y la mayoría salió de centros de reclusión del estado Miranda, en el norte del país, como El Rodeo, Yare y Ramo Verde. El sábado, Gonzalo Himiob, director vicepresidente de Foro Penal, había indicado que tenían información sobre unas 20 excarcelaciones y que verificaban cada caso. Además: Venezuela convierte los escombros del terremoto en material para reconstruir el país
Detenciones que se repiten pese al diálogo
Mientras unas puertas se abren, otras se cierran. El partido Vente Venezuela, de la líder opositora María Corina Machado, denunció este domingo la detención arbitraria de Fernando Torrealba, miembro de Vente Zulia, en el noroeste del país.
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Según el Comité de Derechos Humanos del partido, funcionarios de la Guardia Nacional lo apresaron en la mañana, cuando participaba pacíficamente en una caravana convocada en varios estados para exigir que se permita el regreso de María Corina Machado. Aseguran que desde entonces se desconoce su paradero y exigen su libertad inmediata y el cese de la represión. Siga informado: Doral, el “pueblo fantasma” de Florida que se siente traicionado tras las redadas migratorias
— Vente Venezuela (@VenteVenezuela) September 27, 2026
No es un caso aislado. El 17 de septiembre, las autoridades detuvieron al exalcalde Javier Oropeza, quien había regresado esa semana tras dos años de exilio en España y después de recibir un sobreseimiento de una causa en su contra.
Horas después fue liberado, en medio de denuncias de varios sectores opositores y del reclamo de Dinorah Figuera, jefa de la delegación opositora en el diálogo con el chavismo.
Un día antes, la Misión Internacional Independiente de la ONU para Venezuela había advertido en un nuevo informe sobre 2026 que, pese a mejoras limitadas, el aparato represivo del Estado sigue intacto. Los expertos observan ciertos avances, pero sin reformas institucionales que garanticen su continuidad.
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En mayo ya había ocurrido algo similar con Yoel Sucre, activista del partido de Machado, detenido y liberado tres días después con la obligación de presentarse cada 30 días, según la Fundación de Derechos Humanos Los Llanos (Fundehullan). Su partido denunció que buscaban imputarlo por terrorismo en una causa que, según señaló, está cerrada.
Maduro y la justicia que Venezuela espera
El otro gran asunto que abordó Callamard es el futuro judicial del mandatario capturado. En Estados Unidos, Maduro enfrenta cargos que incluyen conspiración para la importación de cocaína y posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, dentro de una trama de narcoterrorismo y corrupción que, según la acusación, abarca más de dos décadas.
La líder de AI cuestionó el modo en que llegó ante los tribunales estadounidenses. “En este momento, Maduro se enfrenta a jueces en Estados Unidos en condiciones que equivalen a un secuestro. Eso no es justicia para el pueblo de Venezuela”, apuntó.
Su postura va más allá de las circunstancias de la captura. Para Callamard, Maduro debe rendir cuentas en Venezuela por los presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos contra la población, algo que considera difícil que ocurra en Estados Unidos.
“La justicia para el pueblo consiste en que él rinda cuentas por los crímenes que cometió contra el pueblo de Venezuela. Tampoco hay indicios de que eso vaya a suceder”, añadió.
Así, entre liberaciones celebradas con cautela, nuevas detenciones y un proceso judicial que se desarrolla lejos de las víctimas, el balance deja una pregunta abierta sobre si Venezuela vive un verdadero cambio o apenas un maquillaje.
