La cárcel que se ha convertido en el emblema del régimen de excepción impulsado por Bukele.
En el corazón de una zona rural, a 74 kilómetros al sureste de San Salvador, rodeada de plantaciones de maíz y frijol, se levanta una construcción que el presidente Nayib Bukele presentó al mundo como la cárcel más grande de América.
El Centro de Confinamiento del Terrorismo, conocido como Cecot, ocupa 116 hectáreas, tiene capacidad para 40.000 reclusos y se ha convertido en el símbolo más poderoso y más polémico de la política de seguridad del mandatario salvadoreño. Su existencia divide opiniones dentro y fuera del continente, y su sombra se extiende ahora más allá de las fronteras de El Salvador. Además: Bukele defiende su megacárcel y desafía a Petro por comentarios sobre “campos de concentración”
El origen de esta infraestructura carcelaria se remonta al 27 de marzo de 2022, cuando el Gobierno de Bukele declaró un régimen de excepción para combatir a las pandillas, tras una escalada de violencia que se cobró la vida de más de 80 personas en un solo fin de semana.
Desde entonces, la Asamblea Legislativa, dominada por el partido gobernante Nuevas Ideas, ha prorrogado la medida en 46 ocasiones. A la fecha, más de 90.844 personas han sido detenidas bajo este esquema.
El propio Bukele ha reconocido que al menos 8.000 de ellas podrían ser inocentes, aunque desde la sociedad civil las estimaciones apuntan a cifras mucho más altas. Siga informado: Petro crítica el modelo de seguridad de Nayib Bukele: “Es un crimen contra la humanidad”
En un evento denominado Desayuno Nacional de Oración, celebrado en el Palacio Nacional de San Salvador, con la presencia de autoridades de los tres poderes del Estado y representantes diplomáticos y religiosos, Bukele defendió una vez más su estrategia.
Afirmó que en la denominada guerra contra las pandillas “no murió ningún civil” y aseguró que fue “la mano de Dios” quien guio el plan. También reiteró que El Salvador es hoy “el país más seguro del hemisferio occidental”, un argumento que respalda en la reducción histórica de la tasa de homicidios registrada durante su Gobierno. Le puede interesar: Bukele comparte fotos del antes y después en El Salvador: el impacto de su plan de seguridad
Una prisión sin ventanas, sin visitas y sin garantías
El Cecot fue inaugurado el 31 de enero de 2023. La estructura cuenta con ocho módulos, 256 celdas, un cerco eléctrico de 2,1 kilómetros, 19 torres de vigilancia, escáneres corporales y sistemas de videovigilancia. Dentro de sus instalaciones no hay ventanas, ventiladores ni extractores.
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Los reclusos duermen en literas de cuatro niveles sin colchón ni sábana, comen con las manos y solo abandonan sus celdas 30 minutos al día para hacer ejercicio. No se permiten visitas familiares ni íntimas. Un calabozo de castigo cuenta únicamente con una plancha de cemento, una pila de agua y un retrete. Lea también: Kim-Madurin y Kim-Petrin: así se burló Bukele de Petro y Maduro con inteligencia artificial
El exmiembro del Subcomité de la ONU para la Prevención de la Tortura, Miguel Sarre, calificó al Cecot como “un moridero de concreto y de acero donde hay un cálculo perverso para eliminar a las personas sin aplicar formalmente la pena de muerte”.
Por su parte, Abraham Ábrego, director de litigio de Cristosal, la principal organización de derechos humanos de la sociedad civil salvadoreña, señaló que la cárcel carece de cualquier mecanismo de reinserción o rehabilitación y que responde a “una lógica medieval, no un ejercicio moderno”.
Desde distintas organizaciones civiles y académicas advierten que, si bien la estrategia ha dado resultados en el corto plazo, su sostenibilidad a largo plazo genera serias dudas y que los desafíos relacionados con la justicia y los derechos humanos son evidentes, según explican estas organizaciones.
Las cifras documentadas por organizaciones humanitarias alimentan estas críticas. Según el Socorro Jurídico Humanitario, al menos 512 personas han muerto en custodia estatal desde que comenzó el régimen de excepción.
El 94 por ciento de las víctimas no tenía perfil de pandillero, y la organización advierte que la cifra real de fallecidos podría superar los 2.000. Las causas principales de muerte son la violencia física, con cerca del 32 por ciento de los casos, y la falta de atención médica, con un 31,6 por ciento.
A marzo de este año, las organizaciones humanitarias contabilizan al menos 6.889 denuncias de violaciones a derechos humanos, el 98 por ciento por detención arbitraria y el 75 por ciento con responsabilidad de agentes de la Policía. Además: Bukele celebra 900 días sin homicidios en El Salvador bajo su Gobierno
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El acuerdo con Trump y la internacionalización del modelo
La polémica en torno al Cecot adquirió una nueva dimensión a partir de marzo de 2025, cuando el Gobierno de Donald Trump comenzó a deportar migrantes salvadoreños y venezolanos directamente a esa prisión, en el marco de un acuerdo suscrito con Bukele, por el cual Washington paga seis millones de dólares al año para que El Salvador albergue a unos 300 migrantes.
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, calificó el pacto como “el más extraordinario del mundo”. Sin embargo, expertos jurídicos de ambos países lo han calificado de ilegal y sin precedentes.
Irene Cuéllar, investigadora de Amnistía Internacional, advierte que el acuerdo abre la puerta a la normalización de la violencia institucional como herramienta de gestión migratoria y control social transnacional, y que atenta contra la presunción de inocencia y el debido proceso.
Roberto López Salazar, del Observatorio Universitario de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, alerta sobre el riesgo de que los deportados queden en un limbo jurídico y el caso termine en impunidad si no hay presión internacional sostenida.
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El caso más emblemático es el del salvadoreño Kilmar Ábrego García, deportado por un error administrativo reconocido, cuya devolución a Estados Unidos sigue siendo ignorada por ambos gobiernos, a pesar de una orden de la Corte Suprema estadounidense.
Un panel de abogados internacionales presentó recientemente un informe ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ante la ONU en el que se afirma que en El Salvador podrían estarse cometiendo crímenes de lesa humanidad. Además: Bukele y la educación militarizada: cortes de cabello y uniformes impecables en escuelas de El Salvador
Mientras tanto, Bukele continúa defendiendo su modelo con cifras de seguridad y con el respaldo de nueve de cada diez salvadoreños, según las encuestas. La pregunta que formulan académicos, juristas y organizaciones humanitarias sigue sin respuesta clara, y no es una menor: ¿a qué precio se compra la paz?
