Mientras continúan las labores de rescate y aumenta el número de víctimas, la emergencia obligó a suspender las prioridades políticas y dejó en suspenso decisiones clave sobre el futuro institucional del país.
Venezuela enfrenta hoy una doble crisis que pone a prueba su frágil estabilidad. Por un lado, el país intenta recuperarse de los devastadores terremotos del 24 de junio, que han dejado al menos 2.595 muertos, 12.400 heridos y más de 12.800 personas sin vivienda.
Por el otro, un proceso de transición institucional que ya lucía incierto antes de los sismos enfrenta ahora un nuevo obstáculo de proporciones históricas.
La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ofreció una rueda de prensa al cumplirse ocho días del doble sismo de magnitud 7,2 y 7,5, en la que defendió la respuesta de su gobierno y aseguró que el Estado se activó de manera inmediata desde las primeras horas de la tragedia. Además: Venezuela busca sobrevivientes entre el silencio y los escombros tras el devastador terremoto
Acompañada por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, y el ministro del Interior, Diosdado Cabello, la mandataria destacó la presencia de rescatistas de 33 países y confirmó que 6.462 personas han sido rescatadas desde el inicio de las operaciones.
También reveló que, durante las primeras horas de la emergencia, recibió llamadas de 72 jefes de Estado y de Gobierno, a quienes aseguró que la prioridad era salvar vidas, sin objeciones ni miramientos políticos.
El último rescatado fue Hernán Gil, un venezolano de 43 años que permaneció ocho días bajo los escombros de un edificio en Playa del Mar y fue extraído con vida después de un operativo de más de 72 horas, con la participación de más de 100 especialistas internacionales, convirtiéndose en el decimotercer sobreviviente localizado por los equipos foráneos desde su llegada al país. Lea también: Milagro en Venezuela: rescatan con vida a Hernán Gil después de ocho días atrapado
La transición institucional queda en suspenso
Los terremotos llegaron en un momento de alta sensibilidad política para Venezuela. Apenas seis meses han transcurrido desde la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, durante un ataque militar de Estados Unidos el pasado 3 de enero, evento que abrió una etapa de reformas bajo la conducción de Rodríguez, quien asumió la presidencia encargada en circunstancias que el Tribunal Supremo de Justicia calificó como excepcionales y no previstas expresamente en la Constitución. Le puede interesar: Venezuela completa seis días de rescate con 12 sobrevivientes, miles de rescatistas y una misión contrarreloj
En ese período, Rodríguez impulsó la apertura de sectores clave a la inversión privada, renovó el alto mando militar, promovió amnistías y excarcelaciones de presos políticos y anunció reformas al sistema de justicia.
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La semana anterior a los sismos, la administración Trump había dado un paso hacia la tercera fase de su plan para Venezuela al enviar a Caracas a la opositora Dinorah Figuera para iniciar conversaciones con el chavismo sobre la conformación de un nuevo Consejo Nacional Electoral, creíble y transparente, con miras a unas elecciones futuras.
Ese proceso quedó desplazado por la emergencia. Figuera había adelantado que el objetivo era entregar resultados en diciembre de 2026, una perspectiva que hoy luce borrosa. Además: Familias buscan a deportados de EE. UU. desaparecidos tras terremoto en Venezuela
Además, este 4 de julio se cumplen los 180 días del interinato constitucional, plazo máximo establecido en la Constitución para la ausencia temporal del presidente, lo que obliga al Parlamento, controlado por el chavismo, a determinar si la falta de Maduro debe declararse temporal o absoluta. De optarse por esta última, la Constitución ordena convocar elecciones en un plazo de 30 días. Además: ONU alerta por grave deterioro humanitario en Venezuela tras los terremotos
Una apertura acelerada por la tragedia
Pese a la parálisis institucional, los terremotos produjeron un efecto inesperado en la política exterior venezolana.
La emergencia aceleró un proceso de acercamiento a países que hasta hace poco mantenían distancia del gobierno chavista, entre ellos El Salvador, Ecuador, Chile, Panamá, Argentina, Guyana e Israel, todos los cuales respondieron con ayuda humanitaria y equipos de rescate. Además: Lucas Gámez, la historia del niño desaparecido que mantiene en oración a Venezuela
La administración Trump reafirmó su compromiso con la respuesta humanitaria y aseguró que su plan para Venezuela permanece intacto, con cientos de personas, asistencia especializada y recursos sobre el terreno.
La emergencia también facilitó el ingreso de una mayor cantidad de medios extranjeros, a los que anteriormente se les dificultaba la entrada debido a los trámites de visa. Le puede interesar: El terremoto dejó al descubierto la crisis estructural que arrastra Venezuela
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El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo estimó los daños físicos del desastre en 6.700 millones de dólares, equivalentes a cerca del seis por ciento del producto interno bruto venezolano.
Con esa magnitud de pérdidas, acumuladas sobre una infraestructura ya deteriorada por años de corrupción y falta de mantenimiento, el camino hacia la reconstrucción promete ser tan complejo como el incierto horizonte político que el país enfrenta en los próximos meses.
