La comisión reiteró su llamamiento a que las partes aún en conflicto en el país protejan a los civiles y “traten a los que han depuesto sus armas con humanidad”.
Publicado por: EFE
La Comisión Internacional de Investigación para Siria, creada por la ONU en 2011, pidió este lunes que los juicios que eventualmente se celebren por los crímenes del depuesto régimen de Bachar al Asad en Siria sean “públicos, transparentes y con completo respeto al derecho a un juicio justo”.
En un comunicado donde reiteraron la necesidad de salvaguardar las evidencias de posibles crímenes de guerra y contra la humanidad, solicitaron al Gobierno de transición que “los archivos con información de los prisioneros sean protegidos y conservados en los lugares donde fueron encontrados, de manera que se garantice su valor probatorio”.
La comisión recordó que los informes que ha elaborado en los últimos años ya mostraron evidencias de presuntos crímenes atroces de las antiguas autoridades, entre ellos exterminio, asesinato, violencia sexual, tortura, detención arbitraria o desaparición forzada.
“Los sirios merecen justicia después de 14 años de guerra brutal, en la que prácticamente cada uno de los crímenes mencionados en el Estatuto de Roma fue cometido”, indicó uno de los miembros de la comisión, Hanny Megally, aludiendo al documento fundacional de la Corte Penal Internacional. Le puede interesar: El ministro israelí de Defensa dice que el acuerdo con Hamás está “más cerca que nunca”
La comisión reiteró su llamamiento a que las partes aún en conflicto en el país protejan a los civiles y “traten a los que han depuesto sus armas con humanidad”.
También pidieron a la comunidad internacional que garanticen la llegada de ayuda humanitaria a un país donde todavía 17 millones de personas requieren ese tipo de asistencia.
Observatorio sirio de Derechos Humanos
El Observatorio Sirio de Derechos Humanos pidió este lunes a las nuevas autoridades de Damasco que desvelen el destino de “miles” de militares del Ejército del depuesto presidente Bachar al Asad, los cuales están desaparecidos tras la caída del régimen hace una semana.
La ONG, cuya sede se encuentra en el Reino Unido pero que cuenta con una amplia red de colaboradores en el terreno, destacó en un comunicado que recibe “numerosas llamadas y mensajes de familias de exmiembros del Ejército del exrégimen”.
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“Piden desvelar el paradero de sus hijos, desconocido desde la caída el régimen el 8 de diciembre, y la huida de Bachar al Asad a Rusia”, dice la nota, y asevera que “los datos indican que miles de miembros del exrégimen abandonaron sus posiciones militares tras el colapso del régimen y no se desconoce su destino”.
“Las familias sufren un estado de extrema ansiedad debido a la falta de información sobre el destino de sus hijos, especialmente después de que las fuerzas del Mando de Operaciones Militares tomaran el control de Damasco y las provincias sirias y asumieron el poder”, se apunta en la nota.
El Observatorio subrayó que. para las familias, “esos exmilitares o fueron detenidos por el Mando de Operaciones Militares o cayeron en emboscadas de la organización (terrorista) Estado Islámico (EI) en zonas desérticas de Siria (...), lo que hace que hasta el momento se desconozca su destino”. Le puede interesar: El Senado filipino aprueba un tratado con Japón para desplegar tropas en sus territorios
El Mando de Operaciones militares es el organismo que dirige la coalición de facciones insurgentes, liderada por el islamista Organismo de Liberación del Levante (HTS, en árabe), que derrocó a Al Asad.
Ese organismo, que ha nombrado a un gobierno interino de tres meses, ha prometido indultar a aquellos exmiembros del depuesto régimen “cuyas manos no están manchadas de sangre de los sirios”, y han abierto “centros de reconciliación” para regularizar su situación.
“El Observatorio pide al Mando de Operaciones Militares que abra una línea directa con las familias (...) con el fin de aclarar su suerte y confirmar si están detenidos por las fuerzas o si han sido asesinados o desaparecidos en otras circunstancias”, añade.
Destaca que “esta medida es una necesidad humanitaria y moral para aliviar el sufrimiento de las familias que viven en estado de temor por sus hijos, ante esta etapa crítica que vive el país”.
