Colombia y Venezuela firmaron un memorando para crear una zona binacional de paz, unión y desarrollo en la frontera. Este acuerdo involucra a los departamentos de Norte de Santander, Cesar y La Guajira, así como a los estados venezolanos de Táchira y Zulia. Le explicamos qué es esta zona, qué busca y por qué ha generado controversia.
Publicado por: Redacción Internacional
La firma del memorando de entendimiento entre Colombia y Venezuela para crear una zona binacional de paz, unión y desarrollo ha sido presentada por ambos gobiernos como un avance histórico en las relaciones bilaterales. Sin embargo, detrás de los discursos diplomáticos y las declaraciones de buena voluntad, se abren múltiples interrogantes sobre el verdadero alcance de esta iniciativa.
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¿Qué es la zona binacional?
La llamada “zona binacional” es una figura inédita en la región que busca articular esfuerzos de ambos países en materia de comercio, seguridad, infraestructura y desarrollo social a lo largo de una franja fronteriza históricamente marcada por el abandono estatal, el contrabando, el narcotráfico y la violencia de actores armados.
Según el presidente Nicolás Maduro, esta franja estaría conformada por los departamentos colombianos de Norte de Santander, La Guajira y Cesar, y los estados venezolanos de Táchira y Zulia. Es decir, algunos de los puntos más calientes del mapa geopolítico del norte suramericano.
La iniciativa fue firmada el 17 de julio de 2025 y, aunque ha sido presentada como un acuerdo bilateral para fortalecer la integración regional, aún no se conocen públicamente los detalles del documento que sustenta este compromiso. Esa opacidad, en medio de una frontera tan frágil, despierta inquietud.
¿Qué se propone la zona binacional entre Colombia y Venezuela?
La zona binacional promete ser una plataforma de cooperación para el desarrollo, con proyectos de infraestructura compartida, integración energética, comercio legal, salud transfronteriza, educación y cultura. Además, se ha planteado como un espacio para la sustitución de cultivos ilícitos y el combate coordinado contra los grupos ilegales.
En teoría, la propuesta suena razonable. La frontera colombo-venezolana, de más de 2.200 kilómetros, ha sido por décadas un territorio disputado por guerrillas, paramilitares, bandas de narcotráfico y contrabandistas. A ello se suma el drama humanitario de la migración venezolana, la crisis institucional de Caracas y las asimetrías económicas entre ambos países.
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Un enfoque conjunto podría aliviar tensiones y dinamizar la economía local. Pero en la práctica, la confianza entre Bogotá y Caracas sigue siendo endeble, y la presencia de actores armados complica cualquier intento de planificación de largo aliento.
¿Qué departamentos y estados están involucrados?
La zona anunciada incluye cinco jurisdicciones:
- Colombia:
- Norte de Santander (punto de entrada principal de migración y epicentro del conflicto armado en el Catatumbo)
- Cesar (con nexos históricos de intercambio binacional)
- La Guajira (territorio clave en rutas de contrabando y tráfico de personas)
- Venezuela:
- Táchira (históricamente el punto de paso más activo y caótico de la frontera)
- Zulia (estado petrolero con frontera marítima y terrestre con La Guajira)
Maduro ha sugerido que esta es apenas la primera de varias zonas binacionales. En sus declaraciones más recientes, mencionó otras posibles franjas conjuntas en Apure–Arauca y la Amazonía compartida, lo que ampliaría el alcance geopolítico del proyecto.
El gobierno colombiano ha aclarado que no habrá presencia de fuerzas armadas venezolanas en suelo colombiano, algo que preocupaba a sectores políticos y expertos en seguridad. Sin embargo, la falta de transparencia sobre los mecanismos de implementación, los recursos involucrados y las autoridades competentes, genera sospechas legítimas.
A esto se suma el hecho de que la zona piloto comenzaría únicamente en Norte de Santander, mientras que la participación de Cesar y La Guajira dependerá de futuras fases. La estrategia parece ser implementar por partes, quizá para evaluar la viabilidad real en terreno.
Además, voces críticas advierten sobre el riesgo de que esta zona sea capturada por intereses ilegales o utilizada con fines políticos. La frontera ha sido históricamente un territorio sin ley, donde muchas decisiones no pasan por los gobiernos sino por los fusiles.
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La pregunta de fondo es si esta zona binacional representa un paso hacia una verdadera integración regional, en la que ambos Estados asuman responsabilidades compartidas sobre una frontera viva y compleja; o si es, por el contrario, un ensayo de convivencia forzada, condicionado por realidades geopolíticas, presiones internacionales y una necesidad mutua de “buena vecindad” más formal que sustantiva.
Colombia necesita estabilidad en su frontera y canales legales de intercambio. Venezuela busca legitimidad y oxígeno económico. Pero para que esta alianza funcione, se requiere mucho más que un papel firmado: se necesita transparencia, garantías de soberanía, presencia institucional y, sobre todo, voluntad política real para hacer del desarrollo transfronterizo algo más que una promesa.
