En medio de una profunda crisis institucional, el gobierno interino venezolano decretó el cierre de siete organismos clave del aparato chavista.
La mandataria encargada firmó el Decreto N.º 5.248, que ordena el cierre de instituciones creadas por Chávez y Maduro, incluido el organismo de inteligencia más cuestionado del país. La oposición exige transparencia y los analistas advierten que los cambios son “irreversibles”.
Venezuela vive una transformación institucional sin precedentes. En un movimiento que pocos habrían anticipado hace apenas meses, la mandataria encargada Delcy Rodríguez firmó el Decreto N.º 5.248, publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria N.º 6.985, mediante el cual ordena la supresión y liquidación de siete organismos públicos adscritos al Ministerio del Despacho de la Presidencia.
🇻🇪 ÚLTIMA HORA: Se reporta que han retirado todos los cuadros de Hugo Chávez y Nicolás Maduro de los salones principales en Miraflores, ministerios y sedes diplomáticas como parte de un proceso de remoción de símbolos en espacios oficiales. pic.twitter.com/WIDMzZ34XC
— Noticias En Breve (@NotiEnBreve) February 17, 2026
La medida, que entró en vigor de manera inmediata, clausura instituciones que fueron pilares del proyecto político chavista durante más de dos décadas y que, en su conjunto, canalizaron recursos, programas sociales y mecanismos de control bajo las presidencias de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Además: Marco Rubio dice que Venezuela “está mucho mejor” sin Nicolás Maduro: “Hay oportunidad”
El decreto llega en un momento de profunda convulsión política. Maduro permanece detenido en Estados Unidos tras su captura el pasado mes, y es Rodríguez quien conduce los destinos del gobierno venezolano desde entonces. En ese contexto, el cierre de estos organismos no es un simple ajuste administrativo: es una señal de que la arquitectura institucional del chavismo está siendo desmantelada desde adentro.
El cierre más simbólico: el fin del CESPPA
Entre los siete organismos liquidados, el que concentra mayor atención política y jurídica es el Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria (CESPPA).
Creado por Maduro en 2013, este organismo fue diseñado para centralizar información en materia de seguridad, defensa, inteligencia y orden interno.
Su mandato incluía solicitar, organizar y evaluar datos sobre lo que el propio régimen denominaba “la actividad enemiga interna y externa”, una definición lo suficientemente amplia como para abarcar a periodistas, opositores, activistas y organizaciones de la sociedad civil. Además: Plan detrás de caída de Maduro: Delcy Rodríguez y sus negociaciones con EE.UU., según The Guardian
Desde su fundación, diversas organizaciones no gubernamentales denunciaron sistemáticamente que el CESPPA operaba como un instrumento de restricción al acceso a la información pública y como herramienta de vigilancia política.
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Su cierre, por tanto, tiene un peso que va más allá de lo burocrático: representa la eliminación formal de uno de los mecanismos de control más cuestionados del aparato estatal venezolano.
Las misiones sociales, también en el desmonte
El decreto de Rodríguez también impacta de lleno en las llamadas “misiones”, el sistema de subsidios y programas sociales que fue, durante años, la cara más visible y políticamente rentable del chavismo. Lea también: “Por tu culpa perdí 10 años de mi papá”: las cartas que llegan a la celda de Maduro
Estas iniciativas, presentadas por Chávez como una respuesta directa a las necesidades de los sectores más vulnerables, abarcaban vivienda, educación, salud y alimentación, y se convirtieron en el principal instrumento de adhesión popular del proyecto bolivariano.
Entre las fundaciones liquidadas figuran la Misión Jóvenes de la Patria “Robert Serra”, creada en 2016 en homenaje al diputado chavista asesinado dos años antes, y la Fundación Misión Socialista Nueva Frontera de Paz, cuyo objetivo declarado era proteger a las comunidades fronterizas frente al paramilitarismo, el narcotráfico y el contrabando.
Esta última no desaparece del todo: el decreto ordena trasladar sus competencias al Ministerio de Relaciones Exteriores.
También se suprime la Fundación Movimiento Bolivariano Revolucionario de la Reserva Activa, una organización que agrupaba a militares retirados o en reserva identificados con el proyecto bolivariano y que los sectores críticos señalaban como un ejemplo de la difusa frontera entre la Fuerza Armada y la militancia partidista. Le puede interesar: Desde celda en EE.UU., Maduro pide acogerse a Ley de Amnistía: ¿estrategia o desesperación?
Herencias de Chávez y Lusinchi, también afectadas
No todos los organismos cerrados son creación de Maduro. El decreto también alcanza a instituciones con décadas de historia. La Fundación Propatria 2000 y la Fundación Oficina Presidencial de Planes y Proyectos Especiales (OPPPE), ambas surgidas durante la presidencia de Hugo Chávez, quedan igualmente suprimidas.
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Y más atrás aún en el tiempo, la Fundación José Félix Ribas (Fundaribas), creada en 1986 bajo el gobierno de Jaime Lusinchi para atender la prevención y el tratamiento del consumo de drogas entre jóvenes, también entra en liquidación. Sus competencias serán absorbidas por la Fundación Misión Negra Hipólita. Se recomienda: Trump ‘saca pecho’ con “precisa” operación de EE.UU. que capturó a Maduro en Venezuela
Esta amplitud temporal del decreto subraya que no se trata únicamente de borrar el rastro de Maduro, sino de una reorganización más profunda del Estado venezolano que toca incluso estructuras anteriores al propio chavismo.
El mecanismo de transición en Venezuela
Para gestionar el proceso, el decreto establece que cada institución clausurada pasará por un período de liquidación de noventa días, durante el cual una junta liquidadora será la responsable de realizar el inventario de bienes, revisar los activos institucionales y garantizar la transferencia ordenada de competencias hacia otros ministerios.
La normativa subraya que el objetivo es adaptar la estructura del Ejecutivo “a las nuevas directrices y políticas de orden social” y procurar “la satisfacción de los intereses colectivos”, según su texto oficial.
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El politólogo Daniel Arias fue directo en su lectura del momento: “Comienza la eliminación progresiva de las misiones como herramientas político-administrativas de trabajo.
Son cambios irreversibles en marcha”. Su análisis apunta a algo que la escueta redacción del decreto no dice explícitamente: que Venezuela está en un proceso de transición cuya profundidad aún es difícil de medir.
Oposición venezolana pide transparencia en proceso de “liquidación” chavista
La reacción opositora no tardó en llegar. El partido Primero Justicia (PJ) reconoció el alcance de la medida, pero advirtió sobre sus límites. En un comunicado, la agrupación describió lo que ocurre como el “desmantelamiento del chavismo en manos del chavismo”, una paradoja que resume la ambigüedad del momento político venezolano. Tenga en cuenta: Delcy Rodríguez cumple una semana como presidenta encargada bajo presión de EE.UU.
Para PJ, los cambios no pueden quedarse en el papel: exigieron que “se dé a conocer cada paso del proceso de liquidación” y advirtieron que las reformas no pueden servir únicamente como una señal de cooperación y reconciliación sin contenido real.
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La demanda de transparencia adquiere especial relevancia dado que, como señalan varios analistas, se desconoce el presupuesto que manejaron estos organismos, la forma en que ejecutaron sus proyectos y quiénes fueron, en definitiva, sus principales beneficiarios.
Un contexto de transformaciones en cadena tras captura de Maduro
El decreto de liquidación no es un hecho aislado. Desde que asumió la presidencia encargada, Rodríguez ha impulsado una agenda de cambios que incluye nombramientos en altos cargos —entre ellos, el del capitán Juan Escalona, exmiembro del equipo de seguridad de Maduro, como nuevo titular del Ministerio del Despacho de la Presidencia—, modificaciones en los nombres de instituciones estatales y una reforma a la legislación petrolera.
Para esta semana, además, se espera la aprobación de una ley de amnistía histórica.
En el plano internacional, el giro es igualmente notable. La relación entre Venezuela y Estados Unidos, fracturada desde 2019, experimenta un cambio de tono en medio de esta etapa.
El presidente Donald Trump, quien ha afirmado mantener comunicación con la mandataria interina, expresó públicamente su respaldo a las medidas adoptadas por el gobierno de Rodríguez, una señal diplomática que habría sido impensable hace apenas un año.
Lo que está ocurriendo en Venezuela es, en cualquier caso, un proceso cuya velocidad supera la capacidad de análisis inmediato. En pocas semanas, el andamiaje institucional que el chavismo construyó durante más de veinte años ha comenzado a ser desarmado por sus propios herederos. Si ese desmonte conduce a una verdadera apertura o simplemente reordena los mecanismos de poder bajo nuevas siglas es una pregunta que Venezuela —y el mundo— todavía no puede responder.
