El Gobierno argentino modificó la normativa migratoria mediante un decreto que contempla nuevas causales para negar el ingreso o cancelar la residencia de ciudadanos extranjeros.
Publicado por: Redacción Vanguardia
El gobierno del presidente Javier Milei puso en marcha una reforma a la Ley de Migraciones mediante un decreto que introduce nuevas causales para negar el ingreso al país o cancelar la residencia de ciudadanos extranjeros.
Entre las medidas contempladas figura la posibilidad de sancionar a quienes difundan mensajes de odio o promuevan actos de violencia contra Argentina o su población. Más noticias: Javier Milei confirma que viajará a Colombia para la posesión de Abelardo de la Espriella
La disposición fue publicada en el Boletín Oficial y, según el Ejecutivo, busca fortalecer las herramientas del Estado para actuar frente a conductas que considere una amenaza para la convivencia y la seguridad nacional.
¿Qué cambia con el nuevo decreto?
Con la modificación de la norma, las autoridades migratorias podrán impedir el ingreso o revocar la residencia de extranjeros que, de acuerdo con el decreto, hayan promovido discursos de odio, incitado a la violencia por motivos de nacionalidad o realizado actos considerados como ultraje a los símbolos patrios.
En caso de cancelarse la residencia, la persona deberá abandonar el país dentro del plazo fijado por las autoridades o podrá ser expulsada, dependiendo de cada situación. Entre otras: Justicia brasilera impidió encuentro entre Milei y Bolsonaro
El Gobierno aclaró que las nuevas disposiciones no buscan limitar la libertad de expresión y precisó que las críticas políticas, el debate público, las opiniones académicas y las manifestaciones de desacuerdo seguirán protegidas por la Constitución argentina.
La medida llega en medio de tensiones políticas
El decreto se conoce en un contexto marcado por fuertes debates políticos y diplomáticos protagonizados por el presidente Milei durante los últimos meses.
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Desde la Casa Rosada se ha insistido en que la decisión responde a la necesidad de proteger la soberanía nacional frente a conductas que el Ejecutivo considera incompatibles con la convivencia democrática.
Aunque la norma ya entró en vigencia, su alcance y aplicación podrían seguir siendo objeto de discusión en los escenarios políticos y judiciales de Argentina.
