La norma que entra en vigor este viernes amplía los elementos que los funcionarios migratorios podrán revisar al estudiar determinadas solicitudes de residencia y visas.
Publicado por: Redacción Vanguardia
Desde este viernes 18 de septiembre, los funcionarios migratorios de Estados Unidos cuentan con un margen más amplio para analizar la situación económica y el posible uso de ayudas públicas de algunas personas que solicitan una visa de inmigrante o buscan convertirse en residentes permanentes.
El cambio llega con la entrada en vigor de una nueva regulación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que deja sin efecto las reglas establecidas en 2022 durante la administración de Joe Biden. La modificación devuelve a los funcionarios mayor libertad para revisar las circunstancias de cada solicitante bajo el criterio conocido como “carga pública”.
La norma no significa que cualquier inmigrante que haya recibido una ayuda del Gobierno vaya a perder la posibilidad de obtener una ‘green card’. El análisis deberá hacerse de manera individual y teniendo en cuenta diferentes aspectos de la vida del solicitante.
Estos beneficios pueden entrar en la revisión
Uno de los cambios que más atención ha generado está relacionado con el tipo de ayudas que pueden ser tenidas en cuenta durante el proceso.La nueva regulación permite valorar una gama más amplia de beneficios sujetos a comprobación de recursos. Entre ellos aparecen programas como Medicaid, SNAP y CHIP, además de determinadas ayudas para vivienda y otros programas de asistencia.
El uso de alguno de estos beneficios, por sí solo, no determina el resultado de una solicitud. Los funcionarios pueden revisar factores como la edad, la situación familiar, los recursos económicos, la educación, las habilidades y las condiciones de salud de la persona.
Por eso, dos solicitantes que hayan recibido una misma ayuda pública no necesariamente tendrán la misma evaluación migratoria. La decisión depende del conjunto de circunstancias que presente cada caso.
¿A quiénes alcanza la modificación?
El cambio puede afectar a personas que solicitan la residencia permanente mediante diferentes procesos migratorios, incluidos determinados trámites de reunificación familiar y algunas solicitudes relacionadas con empleo.
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También existen categorías migratorias que cuentan con excepciones frente al criterio de carga pública, por lo que la nueva regulación no aplica de la misma manera a todos los extranjeros que realizan trámites ante las autoridades estadounidenses.
Otro aspecto relevante es la fecha. La regla se aplica a las solicitudes de admisión presentadas desde el 18 de septiembre y a determinadas solicitudes de ajuste de estatus enviadas o presentadas desde ese día. Los beneficios recibidos antes de la entrada en vigor tienen un tratamiento distinto bajo las disposiciones anteriores.
La medida llega mientras enfrenta demandas
La nueva política comenzó a regir mientras varias autoridades estatales y locales mantienen demandas contra el Gobierno federal para intentar frenarla. Los demandantes han advertido que la ampliación del criterio podría hacer que algunas familias eviten solicitar ayudas a las que tienen derecho por temor a que su uso termine siendo considerado en futuros procesos migratorios.
El Gobierno de Trump, por su parte, sostiene que la modificación busca recuperar un análisis más amplio de la capacidad de los solicitantes para mantenerse por sus propios medios.
Por ahora, la nueva regulación ya está vigente y los casos que entren dentro de su alcance serán evaluados bajo este marco, mientras continúan las disputas judiciales sobre su aplicación.
