Una exestudiante denunció que fue agredida sexualmente por siete hombres en una fraternidad en 2024. Tras permanecer dos años sin cargos penales, la fiscalía de Nueva York retomó el caso.

Publicado por: Redacción Mundo
La Universidad de Cornell, una de las instituciones de educación superior más reconocidas de Estados Unidos, vuelve a estar en el centro de la polémicas tras una investigación por una denuncia de violencia sexual que se remonta a octubre de 2024.
Una exestudiante, identificada como Jane Doe en una demanda civil, asegura que fue drogada y agredida sexualmente por varios integrantes de la fraternidad Chi Phi durante una noche en la ciudad de Ithaca, Nueva York.
La mujer presentó una demanda de 101 páginas el pasado 14 de septiembre contra la prestigiosa universidad, siete estudiantes señalados y otros involucrados. El documento hizo que la Fiscalía del condado de Tompkins reabriera la investigación penal y contemplara llevar el caso ante un gran jurado.
La noche que terminó en una denuncia por abuso sexual grupal a estudiante
Según la demanda, los hechos ocurrieron el 19 de octubre de 2024, cuando la entonces estudiante, de 20 años, acudió a la casa de Chi Phi después de participar en actividades con integrantes de su hermandad.

La mujer sostiene que allí fue presionada para consumir ketamina, una sustancia que asegura no haber probado anteriormente, además de alcohol y otras drogas. Posteriormente, según su relato, varios hombres la agredieron sexualmente durante varias horas.
Uno de los elementos que tomó relevancia en el caso es un chat grupal de Snapchat utilizado por integrantes de la fraternidad. De acuerdo con la demanda, alrededor de la 1:42 de la madrugada uno de los hombres habría enviado un mensaje invitando a otros miembros a acudir al lugar.

Los siete hombres señalados son Matthew Ingalls, Johnathan Newell, Winston Lee, Gillio Lopes, Diego Sarabia, Scott Norris y Scott Kretzschmar. Las acusaciones contra ellos no han sido probadas en un tribunal. Dos de los señalados han negado las acusaciones, mientras que uno reconoció haber enviado un mensaje incluido en la demanda, pero negó haber participado en una agresión sexual.
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¿Por qué se reabrió la investigación de abuso en Universidad de Cornell?
Jane Doe acudió a la Policía de Cornell el 8 de noviembre de 2024, casi tres semanas después de los hechos que denunció. La investigación penal no derivó entonces en cargos contra los señalados.
El fiscal del condado de Tompkins, Matthew Van Houten, explicó que su oficina se había basado en la investigación adelantada por la Policía de Cornell y que la declaración inicial de la mujer no señalaba que hubiera sido drogada contra su voluntad ni que hubiera sido obligada a realizar algún acto.

Ahora, tras la demanda civil, el funcionario decidió revisar nuevamente el expediente: “Queremos reexaminar si existe prueba que no conocíamos en noviembre de 2024 y que podría cambiar nuestra valoración del caso”, afirmó Van Houten, según declaraciones recogidas por medios estadounidenses.
El abogado de la denunciante, Thomas Giuffra, cuestionó el manejo inicial de la investigación y aseguró que el chat de Snapchat fue entregado a las autoridades en 2024. La fiscalía, por su parte, sostiene que ese material no llegó a su oficina.
Cornell y la gobernadora de Nueva York reaccionan
Cornell aseguró que adelantó una investigación independiente bajo el Título IX, el mecanismo federal que regula la respuesta de las instituciones educativas ante casos de discriminación y violencia sexual.
La universidad privada, de las prestigiosas Ivy League de EE.UU., sostiene que un panel revisó las pruebas y que dos de los estudiantes fueron expulsados, mientras otros recibieron suspensiones y diferentes sanciones. También aseguró que el capítulo de Chi Phi fue cerrado y permanece excluido del campus.
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La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, pidió una revisión externa sobre la manera en que Cornell respondió a la denuncia.
“Ningún estudiante debería tener que preguntarse si las instituciones que deben protegerlo lo escucharán y actuarán”, afirmó Hochul, quien respaldó la reapertura de la investigación penal.
Mientras el caso vuelve a manos de los investigadores, la Fiscalía deberá determinar si existen nuevos elementos suficientes para avanzar hacia un proceso penal.















