La Confederación Nacional de Municipios estima que reducir la semana laboral de 44 a 40 horas, sin rebajar los salarios, supondría un gasto anual de 6.600 millones de reales para las arcas públicas.
Durante décadas, millones de trabajadores brasileños han organizado su vida alrededor de un calendario que dejaba muy poco espacio para el descanso. Quien limpia las calles, cuida los edificios públicos, vigila las entradas o mantiene los sistemas informáticos de una alcaldía sabe bien lo que significa que el fin de semana llegue siempre a medias.
Esa rutina acaba de recibir un golpe definitivo en el Congreso, y las consecuencias ya empiezan a medirse en reales, en votos y en puestos de trabajo.
En la noche del miércoles, el Senado completó la tramitación de una enmienda constitucional que pone fin a la llamada jornada “6 por 1”. La norma establece cinco días de trabajo y dos de descanso a la semana, con un límite de 40 horas, frente a las 44 actuales, y sin ninguna reducción salarial.
La votación terminó con una mayoría aplastante, a la que se sumó incluso la oposición liderada por el candidato presidencial Flávio Bolsonaro. Además: Flávio Bolsonaro toma ventaja sobre Lula y Brasil se prepara para la segunda vuelta
Una cuenta que los alcaldes no saben cómo pagar
Un día después de la aprobación, la Confederación Nacional de Municipios de Brasil presentó su propio cálculo. Según la entidad, pasar de 44 a 40 horas semanales con el mismo sueldo representará un gasto anual de 6.600 millones de reales (unos 1.300 millones de dólares o 1.170 millones de euros) para las arcas públicas, solo por el personal de empresas subcontratadas.
El desglose surge de una encuesta entre gestores locales. De esa suma, unos 5.140 millones de reales al año (cerca de 1.000 millones de dólares) corresponderían a contratos con empresas proveedoras de personal.
A ellos habría que añadir unos 1.490 millones de reales (295 millones de dólares) por contrataciones directas. Lea también: Brasil vota entre Lula y Flávio Bolsonaro en unas elecciones marcadas por la tensión
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La razón es sencilla. La enmienda obliga a modificar, en un plazo de un año desde su publicación, los contratos entre esas empresas y la Administración. “Para mantener el mismo nivel de prestación de servicios públicos, las empresas subcontratadas tendrán que ampliar sus plantillas y repercutirán estos costes”, sostuvo el presidente de la Confederación, Paulo Ziulkoski.
Ziulkoski conoce el problema desde dentro, pues también es alcalde de Mariana Pimentel, un municipio de menos de 4.000 habitantes situado a 93 kilómetros de Porto Alegre. Alertó de que los ayuntamientos “ya tienen unos presupuestos al límite y no disponen de recursos para financiar esta medida”.
Por eso, la Confederación reclama al Gobierno “una dotación presupuestaria adecuada”, de modo que los servicios públicos no se reduzcan “en perjuicio de la población”.
El sondeo se hizo en 2.146 municipios, el 38,6 % del total, y el 75 % de los consultados dijo contratar servicios externos. Según el estudio, los trabajadores subcontratados por los ayuntamientos superan el millón en todo el país, y hasta un 21 % de las administraciones locales emplea de esa forma a más de 100 personas.
Los servicios más habituales son la conservación, la limpieza urbana y la gestión de residuos sólidos, el mantenimiento de edificios y equipos, los servicios informáticos y los de seguridad y vigilancia. Le puede interesar: Petro desde México se mete en las elecciones brasileñas y llama a combatir los bots en la recta final
Lula celebra y Bolsonaro cambia de postura
Mientras los alcaldes calculan, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva celebra. Este viernes calificó la medida de “conquista histórica” y afirmó, en plena campaña por su reelección, que “Brasil está listo para más”.
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En sus redes sociales escribió que se trata de una conquista para millones de trabajadores y trabajadoras, que ahora tendrán más tiempo para descansar, estar con la familia, cuidar de sí mismos y vivir.
El candidato del Partido de los Trabajadores (PT), que a sus 80 años busca un cuarto mandato no consecutivo, agregó que “quien construye Brasil todos los días también merece tiempo para vivir”.
La iniciativa fue una de las principales banderas de su gestión, y su aprobación llega en vísperas de la segunda vuelta del 25 de octubre. Allí se medirá con el senador opositor Flávio Bolsonaro, quien ganó la primera ronda con un 47 % de los votos, dos puntos más que su adversario. Además: Brasil va a las urnas con Lula y Flávio Bolsonaro bajo la lupa por casos judiciales
El caso de Bolsonaro, hijo primogénito del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro, es particular. En un primer momento se mostró contrario a la medida, pero terminó votando a favor de manera telemática mientras hacía campaña en Porto Alegre. Según dijo a la prensa, cambió de postura para aceptar la voluntad popular.
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Aun así, la prensa brasileña informa de que el aspirante del Partido Liberal (PL) ha transmitido a los empresarios, contrarios a la reducción, que revisará el texto si gana en las urnas la próxima semana.
El senador defiende flexibilizar el mercado laboral y que los empleados negocien con sus patrones las horas trabajadas. Además: Flávio Bolsonaro lleva a la Justicia el discurso de Lula en la ONU
Sindicatos y empresarios, con cifras opuestas
El debate también tiene números enfrentados. Los sindicatos calculan que alrededor de 22 millones de trabajadores verán reducida su jornada.
Las empresas, en cambio, prevén un aumento del 22 % en el costo por hora trabajada y advierten de la posible destrucción de hasta 1,2 millones de puestos de trabajo.
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El telón de fondo es la mayor economía de América Latina, que registra una tasa de desempleo en mínimos históricos, cercana al 5 %. Sin embargo, la informalidad llega al 37 %, un dato que alimenta las dudas sobre cuántos trabajadores recibirán de manera efectiva los beneficios de la nueva jornada.
A pocos días de la segunda vuelta, Brasil decide al mismo tiempo cuánto cuesta el descanso y quién estará al frente del país para administrarlo.
