El debate electoral brasileño llega a su recta final atravesado por investigaciones, cuestionamientos sobre la honestidad y una eventual segunda vuelta.
Hay elecciones que se deciden por propuestas y otras que terminan convertidas en un examen sobre quién arrastra menos manchas en su historial.
Ese es el escenario que enfrenta Brasil este domingo 4 de octubre, cuando millones de electores decidan el rumbo de la economía más grande de América Latina en medio de un ambiente político dominado, más que por la salud, la educación o la seguridad, por una sucesión interminable de escándalos.
El primer turno está programado para el 4 de octubre y una eventual segunda vuelta para el 25 de octubre, según el calendario oficial del Tribunal Superior Electoral de Brasil.
En el centro de la contienda están el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que a sus 80 años busca un cuarto mandato, y el senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro.
Ambos aparecen muy próximos en las encuestas, pero comparten algo más que las cifras: una imagen pública golpeada por cuestionamientos sobre su honestidad que, según una encuesta de Quaest divulgada el 16 de septiembre, alcanzan al 49 por ciento de los consultados en el caso de Lula y al 42 por ciento en el de su rival. Además: Flávio Bolsonaro lleva a la Justicia el discurso de Lula en la ONU
El escándalo del banco que sacudió la campaña electoral
El nombre que ha terminado por dominar el debate electoral es el de Daniel Vorcaro, exdueño del Banco Master y actualmente en prisión preventiva, señalado en investigaciones por presuntas irregularidades financieras.
La Operación Compliance Zero, conducida por la Policía Federal bajo supervisión del Supremo Tribunal Federal, investiga un supuesto esquema de fraudes relacionado con el banco, así como posibles delitos financieros, lavado de dinero y corrupción.
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Flávio Bolsonaro aparece como uno de los nombres más expuestos en este caso. El senador está bajo investigación del Supremo Tribunal Federal por presunta corrupción y lavado de dinero en relación con operaciones vinculadas al Banco Master.
La investigación también aborda recursos destinados a la película sobre la vida de su padre. Bolsonaro ha afirmado que Vorcaro invirtió alrededor de 12 millones de dólares en el proyecto y ha defendido que se trató de una operación privada y legal.
Lula, por su parte, ha buscado capitalizar políticamente el caso de Vorcaro, aunque las investigaciones son conducidas de manera autónoma por la Policía Federal bajo supervisión del Supremo Tribunal Federal.
En sus mítines repite que aquel ciudadano que se convirtió en banquero durante el Gobierno de Bolsonaro terminó convertido en prisionero durante el suyo, una frase que busca marcar distancia frente al escándalo. Lea también: Lula y Flávio Bolsonaro llegan empatados técnicamente a dos semanas de las elecciones
Las denuncias que también golpean al oficialismo
Sin embargo, el mandatario progresista está lejos de salir ileso de esta historia. Lula ha reconocido haberse reunido con Vorcaro en el palacio presidencial, aunque asegura que el encuentro se limitó a defender la actuación del Banco Central frente a los reclamos del banquero.
Lo que más ha desgastado al presidente es la cercanía que revelan los mensajes entre Vorcaro y el magistrado Alexandre de Moraes, uno de los principales protagonistas del Supremo Tribunal Federal en las investigaciones contra Jair Bolsonaro.
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El Supremo confirmó que un informe de la Policía Federal elaborado a partir de información extraída del teléfono de Vorcaro señala supuestos diálogos relacionados con Moraes, aunque el tribunal aún no ha examinado el fondo de esa petición.
A ese frente se suma otro que preocupa aún más al entorno presidencial, la investigación abierta contra Fábio Luis da Silva, hijo de Lula, por presunto tráfico de influencias derivado de sus vínculos con cabilderos cercanos al Gobierno. Siga informado: Flávio Bolsonaro supera a Lula por primera vez en una encuesta para segunda vuelta
El propio mandatario ha dicho públicamente que su hijo deberá pagar si se comprueba alguna irregularidad, pero el caso amenaza con reavivar la desconfianza que un sector de la población arrastra desde hace años hacia su figura.
Esa desconfianza tiene raíces profundas. Lula carga con el recuerdo de una condena por corrupción que lo llevó a pasar 580 días en la cárcel durante sus primeros mandatos. Aunque la sentencia fue anulada en 2021 por fallas en el proceso judicial, la derecha brasileña sigue utilizando esa etapa en sus actos de campaña, donde las críticas contra el mandatario forman parte habitual de la disputa política.
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El resultado es una contienda que muchos analistas describen como una disputa de rechazos cruzados, en la que el voto en contra de un candidato pesa tanto como la simpatía hacia el otro. Además: Lula enfrenta una doble crisis diplomática con EE. UU. y Argentina antes de las elecciones
Brasil, que obtuvo una puntuación de 35 sobre 100 y ocupó el puesto 107 entre 182 países en el Índice de Percepción de la Corrupción de 2025 elaborado por Transparencia Internacional, llega así a unas elecciones en las que el debate sobre la honestidad de sus dirigentes ha terminado por eclipsar casi cualquier otro tema.
Con la posibilidad de que ninguno de los dos candidatos supere el 50 por ciento de los votos válidos este domingo, todo apunta a que la definición se trasladará a una segunda vuelta, donde el peso de estos escándalos, más que las propuestas de gobierno, podría inclinar la balanza en los estados clave de São Paulo, Minas Gerais y Río de Janeiro.
