miércoles 29 de noviembre de 2023 - 5:16 PM

Condenan de 4 a 5 años a agentes en Argentina por la muerte del joven Rafael Nahuel

El cabo primero Sergio Guillermo Cavia fue condenado a 5 años de prisión como autor del delito de "homicidio en exceso de legítima defensa", con una inhabilitación como funcionario público por ocho años.
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El miércoles, el Tribunal Oral Federal de General Roca emitió sentencias contra cinco agentes de la Prefectura Naval Argentina por la muerte de Rafael Nahuel, un joven mapuche de 22 años, durante un operativo de desalojo en 2017 en Villa Mascardi, al sur de Argentina.

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Los jueces Alejandro Silva, Simón Bracco y Pablo Díaz Lacava también condenaron a los efectivos Francisco Javier Pintos, Juan Ramón Obregón, Carlos Valentín Sosa y Sergio García a 4 años y 6 meses de cárcel por el mismo crimen, en calidad de "partícipes necesarios". Además, se les prohibió ejercer deberes de función pública durante siete años. La sentencia siguió la solicitud de la fiscalía, que abogaba por condenas por "homicidio agravado cometido en exceso de legítima defensa" en lugar de la cadena perpetua solicitada por la querella.

Por ahora, los agentes no serán detenidos hasta que la sentencia sea firme, pero se impusieron restricciones, como la prohibición de abandonar el país y la obligación de informar su paradero mensualmente. Este caso ha generado tensiones en Argentina debido a la relación del Gobierno anterior de Mauricio Macri con el operativo, que fue respaldado por la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

El hecho ocurrió durante un operativo de desalojo de una finca ocupada por la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu en noviembre de 2017. El joven Nahuel recibió un disparo en medio de un enfrentamiento entre los agentes de la Prefectura Naval y encapuchados armados. Las circunstancias exactas del incidente han sido objeto de controversia, y la sentencia del tribunal aborda las acciones de los agentes en medio de la tensión entre la legalidad del operativo y las acusaciones de uso excesivo de la fuerza.

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La sentencia marca un hito en el proceso judicial vinculado a este caso, que ha sido seguido de cerca en Argentina y ha generado debates sobre la relación del Estado con las comunidades indígenas y el uso de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad.

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